Ignacio González saldrá de prisión si paga una fianza de 400.000 euros

El Juzgado Central de Instrucción 6 ha informado al expresidente de la Comunida de Madrid, Ignacio González, que podrá salir de su celda en la prisión de Soto del Real siempre y cuando pague una fianza de 400.000 euros. Así ha respondido el juez Manuel García Castellón a la solicitud de excarcelación hecha por el propio González, aunque como medidas cautelares ha ordenado que le sea decomisado su pasaporte, la prohibición de abandonar el país y comparecencias semanales en el juzgado más cercano a su domicilio. El veredicto tiene la bendición de la Fiscalía Anticorrupción.

El auto del togado llega como respuesta al tercer escrito que González emitía a fin de ser liberado tras haber sido encarcelado el 21 de abril de este año por ser el cabecilla de una red de corrupción conocida popularmente como la Operación Lezo. El exintegrante del PP alegó en su momento que no había en la causa "prueba alguna que haya materializado los indicios y sospechas iniciales que motivaron la decisión de acordar la prisión cautelar". Su argumento, no obstante, fue rechazado por completo tanto por García Castellón como por la misma fiscalía, puesto que ambas consideran que la investigación ha terminado de empaparle.

Pero García Castellón considera que el progreso de la instrucción judicial ha ayudado a disminuir "considerablemente" el riesgo de que González salga huyendo del país. De igual forma estima que las posibilidades de que el expresidente madrileño siga cometiendo delitos con el beneplácito de las autoridades de Panamá y Colombia, en donde la red que se le acusa de encabeza destinó parte de sus fondos, son cada vez menores. El magistrado y el fiscal encargado de esta causa estuvieron en Colombia la semana pasada para recoger declaraciones judiciales, las cuales les han ayudado a esclarecer los hechos, según el auto.

García Castellón se extiende en los detalles de las tres operaciones supuestamente fraudulentas en las que resalta el nombre de González. La primera de ellas trata de irregularidades en la adquisición de la empresa colombiana Inassa de parte del Canal de Isabel II, la cual se cerró en 2011, año en el que González ya formaba parte del gobierno capitalino, pero de las que sí que estaba enterado mas nunca denunció. Así, el togado explica que utilizó dinero público de forma irregular para pagar a un refutado despacho de abogados un estudio respecto a aquella compra en la que se desnudó el fraude, aunque igual no lo denunció a fin de quedarse con una "mayor protección e impunidad de los máximos responsables" de la compra en cuestión.

De igual forma resalta el grado de involucramiento del político y Edmundo Rodríguez Sobrino, su mano derecha y ahora un colaborador eficaz de los investigadores, en la compra de la firma brasileña Emissao de parte del Canal de Isabel II. Gracias a esta compra, ambos personajes obtuvieron jugosos beneficios del patrimonio público. El juez explica que las actuaciones de la trama superaron barreras y fronteras y se reportaron hechos semejantes en Panamá y hasta en la República Dominicana. De paso, insiste en que la trama corrupta tejió una estructura societaria gracias al uso de testaferros en Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Reino Unido a fin de usar "dinero público desviado" que luego regresaba a España en concepto de "préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal".

Por último, García Castellón, explica El País, explica que el supuesto pelotazo en la obra de los campos de Golf del Canal, una carga que González quiso poner sobre los hombros de Esperanza Aguirre, expresidenta de Madrid y una de sus principales valedoras y soportes en su vida política. El magistrado detalla cada fecha y cada paso dado por el exdirigente del PP a fin de adjudicar de forma irregular tanto la construcción como la explotación de dicho campo con una estructura societaria en la que incluyó a su hermano Pablo, un cuñado y otro amplio séquito.

Según el texto escrito por el instructor, González y su banda de socios se hicieron con comisiones ilícitas que llegaron hasta los 1,2 millones de euros. Los personajes hicieron efectivo este dinero gracias a cheques cobrados en ventanilla, los cuales luego introdujeron nuevamente en el circuito monetario legal por medio de empresas instrumentales, una de las cuales pertenecía a los hermanos González. @mundiario