El Gobierno planta cara al veto religioso de Jumilla
Lo ocurrido en Jumilla, un municipio murciano de poco más de 27.000 habitantes, podría parecer, a simple vista, un episodio más de las tensiones políticas locales. Sin embargo, la medida adoptada el pasado 28 de julio por el pleno municipal —propuesta por Vox y matizada en una enmienda del PP— trasciende el ámbito local y se adentra en un terreno especialmente sensible: la libertad religiosa, consagrada como derecho fundamental en la Constitución española.
El acuerdo aprobado veta, en la práctica, las dos principales celebraciones de la comunidad musulmana de la localidad —el Aid el-Fitr, que marca el final del Ramadán, y la Fiesta del Cordero— que durante los últimos cuatro años se habían desarrollado en el polideportivo municipal. La argumentación oficial se ampara en la defensa de “manifestaciones religiosas tradicionales en España” y en la idea de preservar las instalaciones para actividades deportivas o eventos organizados directamente por el consistorio. Pero, en el trasfondo, se percibe un mensaje más profundo: una exclusión selectiva que apunta a una minoría concreta.
El Gobierno central ha actuado con rapidez, enviando un requerimiento al Ayuntamiento para que anule la medida. En su escrito, el Ejecutivo subraya que la normativa municipal ya permite el uso de las instalaciones para actividades socioculturales y que los argumentos esgrimidos no se sostienen jurídicamente. Más aún, denuncia que las declaraciones de portavoces municipales de Vox dejan clara la intención de prohibir las festividades musulmanas como una cuestión de identidad, no de gestión de espacios.
No es un caso aislado. El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha situado este episodio en una línea de tendencia preocupante, donde gobiernos locales y autonómicos de PP y Vox aprueban medidas que restringen derechos fundamentales, ya sea en el ámbito de la libertad religiosa, la salud reproductiva o la libertad de expresión. El Ejecutivo ha dejado claro que combatirá “política y jurídicamente” cualquier intento de introducir a España en una “dinámica autoritaria” inspirada en modelos de otros países donde la ultraderecha ha ganado poder.
La controversia de Jumilla plantea preguntas incómodas sobre el rumbo político y social que pueden tomar ciertas administraciones locales: ¿puede un consistorio reinterpretar el uso de espacios públicos para excluir a una confesión concreta? ¿Es aceptable justificar restricciones en nombre de una supuesta defensa de las tradiciones? En una democracia plural, el principio de igualdad no se negocia: todas las confesiones, mayoritarias o minoritarias, tienen derecho a celebrar sus ritos y a hacerlo en condiciones de dignidad.
Si la política municipal se convierte en un campo de ensayo para medidas que erosionan derechos fundamentales, el riesgo no es solo para las comunidades afectadas, sino para el conjunto del sistema democrático. El caso de Jumilla es, en definitiva, un recordatorio de que la libertad religiosa no es un privilegio concedido por mayorías circunstanciales, sino un pilar innegociable del Estado de derecho.
Parece que en este conflicto se libra algo más que una batalla sobre el uso de un polideportivo: está en juego el modelo de convivencia que España quiere defender. La respuesta del Gobierno no es solo una reacción jurídica; es también una declaración política sobre qué valores no están dispuestos a dejar en manos de la política de bloques ni del cálculo electoral. @mundiario
