Jumilla tras el veto a las fiestas musulmanas: el Gobierno vigilará posibles “delitos de odio”
La reciente decisión del Ayuntamiento de Jumilla, en la Región de Murcia, de modificar el reglamento municipal para impedir la celebración de festividades musulmanas en instalaciones deportivas ha abierto una nueva grieta en el debate sobre convivencia, libertad religiosa y gestión municipal en España. Lo que empezó como una moción impulsada por Vox para “defender las costumbres españolas” frente a “prácticas culturales foráneas” como la Fiesta del Cordero, terminó convirtiéndose en una enmienda aprobada con el voto del Partido Popular, en minoría, que ha suscitado una respuesta de vigilancia por parte del Gobierno central.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), ha anunciado que seguirá “muy de cerca” las consecuencias sociales y jurídicas de esta medida. Desde el Ejecutivo se recalca que “la libertad religiosa y de culto está protegida por la Constitución” y que vigilará “los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas que atentan contra la libertad y dignidad de las personas”.
Aunque la enmienda del PP elimina referencias explícitas a la comunidad musulmana, el contexto no deja margen a la ambigüedad. La modificación del reglamento fue elaborada de forma reactiva a la propuesta original de Vox, justo en el momento en que se negociaban los presupuestos municipales. Además, el texto aprobado insta al fomento de actividades culturales que refuercen las “tradiciones religiosas nacionales”.
El argumento oficial del PP local, en voz de su portavoz Mari Carmen Cruz, sostiene que la norma no prohíbe nada, sino que regula que los espacios deportivos sean usados exclusivamente para fines deportivos. “¿Dónde aparece la palabra musulmanes? ¿Dónde aparece la palabra comunidad islámica? ¿Dónde aparece la palabra prohibición? En ningún sitio”, dijo la popular.
La izquierda carga contra el PP
Sin embargo, estas instalaciones fueron utilizadas sin conflictos denunciados para acoger oraciones multitudinarias durante el final del Ramadán o la Fiesta del Sacrificio, dado que las mezquitas locales no tienen capacidad suficiente. El cambio normativo, en los hechos, supone el fin de esa posibilidad.
En un municipio como Jumilla, con cerca de 1.500 vecinos de confesión musulmana —en su mayoría de origen marroquí—, medidas como esta no solo tienen un efecto práctico, sino también simbólico. Desde la dirección nacional del PP, el secretario general Miguel Tellado ha mostrado “máximo respeto a todas las creencias” y ha evitado pronunciarse en detalle, remitiéndose a la explicación del grupo local. Sin embargo, el silencio de Génova ante una decisión con tanta carga política y social contribuye a dejar en el aire la postura real del partido ante la colaboración con Vox y el equilibrio entre gobernabilidad y respeto a la diversidad.
Por su parte, partidos como Podemos ya han anunciado que llevarán el caso a la Fiscalía, alegando una posible vulneración de derechos fundamentales. El PSOE, tanto a nivel autonómico como nacioanl, ha acusado al PP de “alimentar el odio” y “poner en riesgo la convivencia”, evocando los recientes disturbios racistas en Torre Pacheco como precedente del clima de tensión que puede derivarse de este tipo de decisiones. @mundiario
