El Gobierno descarga en Vox la violencia de Torre Pacheco y sitúa al PP ante el dilema migratorio

La violencia racista desatada en Torre Pacheco ha encendido todas las alarmas en el Ejecutivo, que ha reaccionado con dureza este martes al señalar directamente a Vox como instigador del discurso de odio contra los inmigrantes, y al PP por su supuesta ambigüedad en esta cuestión. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha advertido del peligro de que los disturbios registrados en la localidad murciana ―que ya se han saldado con 13 detenidos incluido al presunto perpetrador de la agresión original al jubilado Domingo― se propaguen a otros puntos del país si no se actúa con firmeza frente a la intolerancia.

Alegría no solo ha condenado los incidentes violentos, sino que ha elevado el foco del debate: ha responsabilizado a Vox de “chapotear diariamente” en el odio al inmigrante y ha acusado al Partido Popular de mantener un “silencio cómplice”. Este mensaje no es nuevo, pero cobra especial relevancia ahora que grupos de la extrema derecha han dado un paso más al alentar “cacerías” contra inmigrantes a través de redes sociales, en especial en Telegram, como se ha visto en Torre Pacheco. Para el Gobierno, la línea que separa el populismo xenófobo de la incitación directa a la violencia ya ha sido cruzada.

En este contexto, el Ejecutivo busca aislar políticamente a Vox y retratar al PP como un partido atrapado entre dos estrategias inconciliables: por un lado, su deber institucional de condenar la violencia y los delitos de odio; por otro, su aspiración a no perder terreno electoral en la derecha, donde Vox sigue capitalizando el discurso antimigratorio.

La portavoz Alegría ha subrayado esta contradicción al recordar que la vinculación entre inmigración y criminalidad no se sustenta en datos objetivos: en 2023, el 73 % de los delitos en España fueron cometidos por ciudadanos españoles, mientras que los extranjeros aportan el 10 % de los ingresos a la Seguridad Social y apenas representan el 1 % del gasto. La también ministra de Educación, además, recordó que el crecimiento del 25 % del PIB per cápita se debe, precisamente, a los trabajadores nacidos en otros países.

El campo de batalla ideológico de la inmigración

Más allá de lo sucedido en Torre Pacheco, el Consejo de Ministros ha servido al Gobierno para redoblar su narrativa de confrontación ideológica con la derecha, defendiendo el papel del Estado social y la cohesión territorial. El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, por ejemplo, ha respondido directamente a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al Gobierno de “usar la inmigración para reventar el país”. López ha replicado que “quien revienta la convivencia y la institucionalidad normal que tiene que haber en política es la señora Ayuso”.

En la misma línea, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha advertido contra la tentación de culpar a los más vulnerables. “En este tiempo oscuro desde Washington a Torre Pacheco, aquí trabajamos para asentar las bases del siglo XXI con un Estado social que nos proteja a todos. Aquí estamos en defender lo público y defender un modelo de sociedad que lejos de cargar contra los que están en posición más vulnerable busca redistribuir la riqueza”, ha sentenciado.

En este contexto, la gestión del fenómeno migratorio se ha convertido en un campo de batalla ideológico. El Ejecutivo busca reforzar su imagen de firmeza democrática frente al odio, mientras denuncia que la ultraderecha ha traspasado los límites del discurso político legítimo. El PP, por su parte, sigue navegando en aguas movedizas: su intento de mantener una posición crítica con el Gobierno sin alinearse plenamente con Vox lo deja vulnerable ante acusaciones de ambigüedad o connivencia.

La evolución de los acontecimientos en Torre Pacheco y su eco nacional servirán como prueba de fuego para medir el grado de responsabilidad política en el tratamiento de un fenómeno tan sensible como la inmigración. Pero también pondrán a prueba la capacidad del PP para ejercer una oposición coherente, sin renunciar a los principios democráticos ni ser arrastrado por el discurso extremo que otros, sin complejos, ya han hecho suyo.

Alegría defiende la financiación singular y la ley de amnistía

El Gobierno no ha querido desaprovechar el momento para señalar las incoherencias internas del PP en otro frente clave: la financiación autonómica. Tras el acuerdo con ERC para avanzar en el modelo catalán, la portavoz Alegría ha defendido que los principios acordados ―suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad fiscal― son extrapolables a todas las comunidades autónomas.

Y ha exigido al PP que defina claramente su modelo, criticando que ni Feijóo ni Ayuso ofrecen una propuesta coherente más allá de la oposición frontal. “Ha llegado la hora de que planteen un modelo y una propuesta seria que vaya más allá de los lugares comunes”, ha remarcado Alegría, insistiendo en que el actual Gobierno ha incrementado en un 47 % la financiación autonómica respecto a la etapa de Mariano Rajoy.

Otro de los puntos de fricción con el PP, la ley de amnistía, también ha sido abordado, aunque con menos énfasis. Alegría ha defendido su constitucionalidad y ha respondido a la reciente crítica de la Comisión Europea, asegurando que la norma que la ley “afecte a los intereses financieros de la UE” y ha defendido que “no contraviene” tampoco la directiva contra el terrorismo. @mundiario