¿Irrazonable?: los fundamentos del apoyo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a Puigdemont
El periplo del Gobierno de Sánchez para ejecutar la Ley de Amnistía ha entrado en una nueva fase de tensión tras la postura de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a favor de aplicar esta norma al expresidente catalán Carles Puigdemont. Ambas instituciones han cuestionado abiertamente la decisión del Tribunal Supremo de excluir el delito de malversación del alcance de la medida de gracia y han calificado su interpretación como “irrazonable” en los escritos enviados al Tribunal Constitucional.
Este enfrentamiento institucional no solo reabre el debate jurídico sobre los límites de la norma, sino que también introduce un nuevo capítulo en el prolongado conflicto político derivado del ‘procés’.
El origen del choque se sitúa en la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, respaldado por la Sala Penal, de negar la amnistía a Puigdemont y a otros dirigentes independentistas procesados por el referéndum del 1 de octubre de 2017. El alto tribunal argumentó que el delito de malversación queda fuera de la ley al considerar que existió un beneficio patrimonial al emplear fondos públicos para financiar el proceso independentista.
Asimismo, sostuvo que la eventual secesión de Cataluña habría afectado a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que también justificaría la exclusión.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado alegaciones ante el Constitucional solicitando la anulación de la decisión del Supremo. En sus argumentos sostienen que la interpretación del alto tribunal vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al no ofrecer, a su juicio, una resolución suficientemente motivada ni coherente “con el objetivo de la ley”. Según estas instituciones, la norma fue diseñada precisamente para amnistiar conductas vinculadas al proceso independentista, incluida la malversación cuando no exista un enriquecimiento personal directo.
La Abogacía del Estado insiste en que considerar como beneficio patrimonial el uso de recursos públicos para financiar actividades políticas constituye una interpretación excesiva que desvirtúa el propósito de la norma. Para respaldar esta postura, recurre al voto particular de la magistrada progresista Ana Ferrer, quien defendió que la Ley de Amnistía debía aplicarse también al delito de malversación en el contexto del ‘procés’.
Además, subraya que ni en la sentencia original del caso se acreditó la existencia de enriquecimiento personal por parte de los dirigentes independentistas.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que la interpretación del Supremo se aparta del contexto político y jurídico en el que se aprobó la ley, señalando que el tribunal habría incurrido en “contradicciones” argumentales. El Ministerio Público considera que la negativa a aplicar la amnistía podría afectar derechos fundamentales como la participación política, la libertad personal y la seguridad jurídica. En consecuencia, solicita que el Constitucional ordene retrotraer las actuaciones para que se dicte una nueva resolución acorde con estos principios.
El conflicto también refleja un debate más amplio sobre el alcance del poder interpretativo del Tribunal Supremo frente al legislador. La Abogacía del Estado sostiene que una interpretación judicial que limite la aplicación de una norma puede equivaler, en la práctica, a vaciarla de contenido. Desde esta perspectiva, el enfrentamiento plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la independencia judicial y la voluntad legislativa, un aspecto clave en el funcionamiento del sistema constitucional español.
En el trasfondo del caso se encuentra además el impacto político de la Ley de Amnistía. La norma pretende cerrar judicialmente las consecuencias del ‘procés’ y facilitar la normalización institucional en Cataluña. Sin embargo, la divergencia de criterios entre el Supremo y otros órganos del Estado evidencia la complejidad jurídica de su aplicación y anticipa un recorrido que probablemente terminará siendo resuelto por el Tribunal Constitucional e incluso podría tener repercusiones en el ámbito europeo.
El posicionamiento de la Fiscalía y la Abogacía del Estado refuerza la estrategia jurídica de Puigdemont y de otros líderes independentistas que buscan la plena aplicación de la amnistía. Al mismo tiempo, la decisión final del Constitucional será determinante para establecer los límites interpretativos de la ley y su impacto en futuras decisiones judiciales relacionadas con el proceso independentista catalán. @mundiario
