España acelera su inversión en defensa: el camino al 2% del PIB entre presiones y desafíos
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una transformación histórica del modelo de inversión en defensa. España anticipará a 2025 —cuatro años antes de lo previsto— su compromiso de dedicar el 2 % del Producto Interior Bruto al gasto militar, en cumplimiento de los acuerdos de la OTAN. Lo hará a través de un ambicioso Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que movilizará 10.471 millones de euros adicionales, elevando el presupuesto global a 33.123 millones.
Pero más allá de la cifra, el debate gira en torno a cómo se distribuirán estos fondos, qué objetivos se priorizan y hasta qué punto este giro responde más a presiones internacionales que a una estrategia nacional consolidada.
El nuevo plan de Pedro Sánchez no oculta su ambición: modernizar las capacidades militares españolas, potenciar la industria nacional de defensa y responder a compromisos internacionales sin recortar gasto social ni aumentar el déficit. Sin embargo, solo el 18,73 % de la inversión anunciada —unos 1.962 millones de euros— se dedicará de forma directa a la adquisición de armamento y capacidades de disuasión.
La mayor parte se canalizará hacia el desarrollo tecnológico, la industria auxiliar, la modernización logística y la mejora de condiciones laborales de las tropas.
Este enfoque plantea preguntas legítimas: ¿es suficiente esta asignación para reforzar verdaderamente la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en un contexto de creciente inestabilidad global? ¿O se está optando por una estrategia de rearme pausado, más simbólica que efectiva a corto plazo?
El Ejército de Tierra, protagonista de la modernización
Con 687 millones de euros asignados, el Ejército de Tierra será el principal beneficiado del plan. Proyectos como el nuevo vehículo de cadenas que sustituirá al Transporte Oruga Acorazado (200 millones), la renovación de 119 blindados Pizarro (60 millones), y la adquisición de un nuevo sistema de obús autopropulsado sobre ruedas (300 millones), representan un impulso relevante a la movilidad, protección y capacidad de fuego de las unidades desplegadas.
Además, el Ejército iniciará el desarrollo del sistema de combate terrestre superior —que apunta a reemplazar a los Leopard y Leclerc hacia 2040—, con una inversión inicial de cinco millones. También se destinarán 72 millones para reforzar la capacidad de reconocimiento y vigilancia en Ceuta y Melilla, en un contexto geopolítico cada vez más tenso en el norte de África.
Una Armada reforzada, pero con desafíos pendientes
La modernización de la Armada absorberá 495 millones. La actualización de las fragatas F-100 (225 millones) y el desarrollo de un nuevo buque logístico que releve al BAC Patiño marcan la pauta en un entorno marítimo cada vez más competitivo. A esto se suma la mejora de los buques de asalto anfibio LPD (100 millones), el diseño de un nuevo vehículo anfibio (50 millones) y la incorporación de sistemas embarcados de defensa antimisil (70 millones).
Sin embargo, la capacidad naval española sigue enfrentando el desafío de operar en múltiples teatros con recursos limitados, por lo que esta inyección, aunque importante, debe complementarse con una visión a largo plazo de sostenibilidad y proyección marítima.
El aire del futuro: cazas de sexta generación y drones en red
El Ejército del Aire y del Espacio recibirá 216 millones para continuar con el desarrollo del NGWS (Next Generation Weapon System), eje del programa FCAS junto a Alemania y Francia. Este sistema de combate de sexta generación se presenta como el futuro de la superioridad aérea europea, integrando cazas tripulados y drones en un ecosistema conectado. Se trata, sin duda, de una apuesta estratégica clave, pero que tardará años en materializarse plenamente.
Según el Ejecutivo, la inversión se financiará sin elevar impuestos ni aumentar el déficit. El grueso del presupuesto procederá del Fondo de Liquidez Autonómica (2.819 millones), de partidas ya previstas en los presupuestos prorrogados de 2023 (1.744 millones), de una reorientación de fondos europeos (1.357 millones), y de nuevos préstamos del Ministerio de Industria (1.680 millones), entre otras fuentes.
Este redireccionamiento de recursos —especialmente del Plan de Recuperación y Resiliencia— ha sido objeto de críticas, al considerar algunos sectores progresistas, incluyendo los propios socios del Ejecutivo y partidos integrados en el Consejo de Ministros como Izquierda Unida (IU) que puede desviar fondos de prioridades sociales o medioambientales. El Gobierno, por su parte, insiste en que se trata de una apuesta por la autonomía estratégica y la soberanía industrial.
OTAN, Rutte y la presión aliada
No se puede ignorar el papel clave que han jugado los aliados en este giro, cuando el Ejecutivo ha sido muy reticente a aumentar el gasto en defensa para este año, como vienen exigiendo desde Bruselas. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, celebró públicamente el anuncio español y recalcó la necesidad de “construir una Alianza más fuerte, más justa y más letal” en medio de la guerra en Ucrania, la amenaza de Rusia y el desprendimiento de EE UU bajo la visión aislacionista de Donald Trump.
Las palabras no son casuales: hasta hace pocos meses, España quedaba rezagada frente a Italia y Bélgica en el cumplimiento del compromiso adquirido en la cumbre de Gales de 2014. Con una nueva cumbre prevista en junio en La Haya y el regreso de Trump a la Casa Blanca, el aumento del gasto militar —incluso por encima del 3 %— parece inevitable.
El Gobierno insiste en que “España no va a sumarse a ninguna escalada armamentística”, a pesar del aumento sustancial del gasto. El plan se presenta como una modernización responsable, centrada en mejorar las capacidades sin entrar en una carrera armamentística. Sin embargo, esta narrativa choca con los hechos: 31 nuevos programas, muchos de ellos plurianuales, requerirán un esfuerzo presupuestario continuado, sin respaldo parlamentario tampoco. Y la previsión de que el presupuesto militar se mantenga elevado en los próximos años sugiere que el rearme no será pasajero.
España ha dado un paso firme hacia el fortalecimiento de su defensa, presionada por el contexto internacional, la OTAN y una percepción creciente de vulnerabilidad estratégica. Sin embargo, el verdadero reto no está solo en alcanzar el 2% del PIB, sino en cómo se ejecuta ese gasto, qué capacidades se priorizan y si el país está preparado para asumir su nueva posición en el tablero geopolítico. El rearme está en marcha, pero la estrategia —y la transparencia— con la que se implemente será lo que marque la diferencia entre una modernización efectiva o una oportunidad desaprovechada. @mundiario