El caso Salazar enreda al Gobierno de coalición: crisis interna en el PSOE y Sumar de bajo perfil
El escándalo que rodea a Paco Salazar, ex alto cargo en La Moncloa y exdirigente socialista, ha terminado por convertirse una dura tormenta interna en PSOE. Su impacto se extiende al conjunto del Gobierno de coalición y reabre un debate incómodo sobre la coherencia entre el discurso feminista que el Ejecutivo ha defendido durante años y la respuesta ante las denuncias graves que afectan al corazón del poder.
La reacción del PSOE, con la apertura de un expediente interno y el reconocimiento público de que no se actuó con la rapidez necesaria, ha buscado transmitir un mensaje de corrección y aprendizaje. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en la “diligencia de las últimas 24 horas” al cesar a su colaborador en Presidencia, Antonio Hernández y en el compromiso de acompañar a las víctimas “hasta el final”. Sin embargo, ese esfuerzo discursivo convive con una sensación persistente de improvisación y de daño reputacional que no se disipa con facilidad, especialmente en un partido que ha situado el feminismo como uno de sus ejes identitarios.
La dificultad del PSOE no reside solo en el caso concreto, sino en lo que revela sobre su funcionamiento interno. El reconocimiento explícito de que el protocolo no avanzó con la celeridad adecuada (cinco meses de demora y su posterior borrado del canal interno para denuncias) ha abierto una grieta en el relato de ejemplaridad. A ello se suma la incomodidad de algunas figuras históricas y territoriales que ven en la gestión del caso Salazar un síntoma de problemas más profundos: silencios prolongados, equilibrios de poder y resistencias a asumir responsabilidades políticas más allá de las estrictamente administrativas.
En paralelo, Sumar ha optado por una estrategia claramente distinta. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su entorno, han evitado situar el caso Salazar en el centro de su discurso, limitándose a declaraciones genéricas sobre que “el machismo es machismo, venga de donde venga” y en favor de la “contundencia”, sin personalizar ni señalar directamente al socio mayoritario del Ejecutivo. Este bajo perfil contrasta con la firmeza que el espacio a la izquierda del PSOE exhibe en otros ámbitos, como la vivienda o la política fiscal, y deja entrever un cálculo político: no alimentar una crisis que pueda debilitar aún más al Gobierno en un momento electoral delicado.
El caso Salazar interpela al Gobierno de coalición
Esa prudencia, sin embargo, tiene costes. La incomodidad de Sumar ante el escándalo es perceptible, y alimenta las críticas de otros aliados parlamentarios, especialmente Podemos, que acusa al PSOE de minimizar las denuncias y de utilizar el feminismo como un recurso retórico más que como un principio rector. La disputa por la credibilidad feminista vuelve así a emerger con fuerza en el espacio progresista, fragmentando un terreno que durante años funcionó como elemento de cohesión.
El caso Salazar también ha tenido un efecto centrífugo dentro del propio PSOE. Voces críticas reclaman mayor claridad, transparencia y una respuesta política que vaya más allá del ámbito orgánico. La indignación de sectores internos, como la federación de Asturias que lidera Adriana Lastra. apunta a que la gestión del escándalo podría tener consecuencias en los equilibrios de poder del partido, reavivando viejos conflictos y debates sobre liderazgo, cultura interna y tolerancia cero frente a comportamientos machistas.
Desde una perspectiva institucional, el episodio evidencia hasta qué punto los escándalos de este tipo erosionan la acción de gobierno. Mientras Sumar intenta marcar perfil propio con sus exigencias presupuestarias y sociales, el PSOE se ve obligado a dedicar energía política a apagar un incendio interno que debilita su autoridad moral. El resultado es un Ejecutivo que avanza con dificultad, atrapado entre la necesidad de cohesión y la presión de una opinión pública cada vez más exigente.
En último término, el caso Salazar no solo interpela a un partido concreto, sino al conjunto del Gobierno de coalición. La forma en que se gestione marcará un precedente sobre cómo se afrontan las denuncias de acoso en las más altas esferas del poder y hasta qué punto el discurso feminista se traduce en prácticas políticas consistentes. En un contexto de desgaste acumulado y horizonte electoral próximo, la respuesta —o la falta de ella— puede convertirse en uno de los factores que definan el tramo final de la legislatura. @mundiario
