Caso Hásel: ¿qué sigue en el proceso de cambios al Código Penal español?

El poeta-rapero Pablo Hásel durante sus últimas horas en libertad. / RR SS
El poeta-rapero Pablo Hásel durante sus últimas horas en libertad. / RR SS
Esta es la mayor movilización social-cultural que se desprende en la historia reciente de España por un caso de presunta persecución del Gobierno. El caso Hásel pica y se extiende.
Caso Hásel: ¿qué sigue en el proceso de cambios al Código Penal español?

La libertad de expresión está en tela de juicio. El Ejecutivo español, haciendo uso de su facultad de acción directa sobre la proposición de modificaciones en las leyes nacionales, ha tomado la iniciativa de inducir cambios al Código Penal con el objetivo de rebajar la tensión social que por estos días se ha generado en torno al caso del conocido rapero Pablo Hásel. La idea es evitar que la libertad de expresión sea asociada con un abuso del libre albedrío de los ciudadanos y eso ocasione una interpretación en la población de que el Estado suprime ese derecho. Claramente, es una estrategia política de fondo que Pedro Sánchez baraja entre sus opciones. 

Y es que el Gobierno ha anunciado que prepara una modificación del Código Penal para que “delitos relacionados con la libertad de expresión, como el del rapero Pablo Hasél, no impliquen una pena de prisión”. Consiste en un proyecto de reforma que será remitido al Congreso para su debate y posterior votación, que luego deberá ser ratificada por el Ejecutivo si este decide no vetarlo. La Administración de Pedro Sánchez  ha comunicado su decisión la noche de este lunes, después de una intensa movilización en las redes a favor del músico, que está a punto de entrar en prisión tras haber denunciado presuntas actos de opresión del Gobierno en su contra por sus posiciones políticas expresadas en las letras de sus canciones, y pocas horas después de que se publicara un manifiesto de más de 200 artistas que defendían al músico.

Esta es la mayor movilización social-cultural que se desprende en la historia reciente de España por un caso de presunta persecución del Gobierno a un músico que, al mismo tiempo, funge directa o indirectamente como un activista portavoz del descontento popular a través de la música. El problema radica en que el contexto de percepción pública de un sesgo autoritario desde el poder podría jugar en contra de los intereses políticos y de la agenda gubernamental de Sánchez.

El pulso entre Podemos y el Congreso por el caso Hásel

A finales de enero la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión de Pablo Hasél, nombre artístico de Pablo Rivadulla Duro, para cumplir la pena de nueve meses y un día de prisión que le impuso en Tribunal Supremo en mayo de 2020 por los delitos de “enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado”. Precisamente, este lunes, Unidas Podemos presentó una moción en el Congreso para someter a discusión la reforma del Código Penal bajo los argumentos de derogación de los delitos previamente mencionados. Sin embargo, todavía falta por determinarse en tribunales la culpabilidad confirmada del acusado en esas declaraciones de infamia contra la institucionalidad española, que supuestamente Hásel habría propagado a través de su música.


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El proceso para reformar el Código Penal

El Gobierno asegura en una nota de prensa que “el Ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que solo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad”. 

Por lo tanto, hasta que no se produzca el análisis jurídico de la propuesta de derogación del Gobierno, no existirá soporte legal para que el Congreso someta a discusión la reforma y esta no entrará en vigencia en caso de llegar a ser aprobada. Si el Ministerio de Justicia o, en su defecto, el Tribunal Constitucional, deciden que es jurídicamente válido reformar el Código Penal bajo esa propuesta de suavizar o eliminar las sanciones penales a los delitos ligados al abuso de la libertad de expresión, entonces el poder legislativo y el poder ejecutivo tendrán luz verde para negociar esa modificación en el pleno del Congreso. 

El texto no hace ninguna referencia expresa a Hasél y otros raperos o músicos condenados, pero la relación es evidente, pues los beneficios procesales de una eventual derogación de los delitos que se le imputan podrían abarcar no solo a Hásel, sino a otros colegas suyos enjuiciados por las mismas causas. “El ministerio, en su propuesta, considerará que aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, debieran permanecer al margen del castigo penal”, indicó el Gobierno en su comunicado. El uso del lenguaje con connotación política será ahora objeto de debate en el importante punto de inflexión que habrá si el Código Penal llega a ofrecer mayor flexibilidad al derecho a la libertad de expresión en España. @mundiario

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