El Boletín Oficial del Estado como arma partidista

El Boletín Oficial del Estado es una agencia estatal. / BOE
El Boletín Oficial del Estado es una agencia estatal. / BOE
La utilización del preámbulo de una ley a modo de proclama política contra el Gobierno anterior supone un paso más en el deterioro institucional español y sienta un precedente poco tranquilizador.
El Boletín Oficial del Estado como arma partidista

Muchos consideramos que los párrafos utilizados en el preámbulo de la Ley 5/21, que elimina el artículo 315.3 del Código Penal penalizando la violencia de los piquetes de huelga, para hacer una proclama política es un tema muy serio, que afecta al prestigio de una institución tan seria como el Boletín Oficial del Estado.

Esto dice el BOE en los párrafos consecutivos:

“Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno.”

“La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno.”

“Así, se ha aplicado la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan. Con esta aplicación de la ley se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical.”

Como se puede apreciar, contiene valoraciones y descalificaciones de la acción del Gobierno y de los Tribunales de Justicia, muy aceptables en el Parlamento, en los festivales políticos o en los anuncios electorales, pero no en la publicación oficial de las normas del Estado, tal como ha venido respetándose hasta ahora. Además, se da a entender que la crisis económica ha sido una disculpa, cuando la realidad era que la crisis suponía un serio peligro para el mantenimiento de la economía y de las instituciones del país, que ya había provocado casi seis millones de parados. Por lo tanto, la crisis no era algo que pasaba por allí, era un auténtico drama social y económico que necesitaba resolverse de forma urgente.

Por otra parte, no existe ningún problema con la acción sindical si sus actividades no son violentas contra trabajadores y empresas. Los jueces no les van a atribuir delitos que no han cometido, sospecha que también parece dar a entender la redacción de estos párrafos extemporáneos. Además, la coacción sigue estando penada en el artículo 172 de Código Penal:

“1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.”

Y no creo que la pena por acción violenta contemplada aquí tenga atenuación si es ejercida por sindicalistas o piquetes informativos.

La redacción del preámbulo que nos ocupa sienta un precedente peligroso, porque a partir de este momento, cada vez que un partido en el Gobierno renueve, cambie, derogue o modifique un texto legal puede introducir descalificaciones políticas, ciertas o no, del Gobierno anterior. Claro que también se puede entrar en la dinámica de que cada nuevo Gobierno comience su mandato derogando todos esos párrafos del anterior. Así convertimos al BOE en una nueva publicación rosa. Y para esto ya están los Boletines Oficiales de las Cortes, que pueden con todo.

La vicepresidenta Carmen Calvo deberían tomar cartas en el asunto y resolver las frases extemporáneas del texto. Y no vale decir que ha sido propuesta por partidos políticos no por el Gobierno, porque eso suena a argucia retórica ya que la Ley Orgánica está firmada por el presidente del Gobierno, así como la rúbrica obligada del Rey.

Carmen Calvo es la responsable del BOE y hace poco celebraba la renovación de la página web del Boletín, afirmando que era “la mejor del mundo”, en una de las muchas hipérboles ministeriales socialistas.

Los párrafos del citado preámbulo no parecen estar de acuerdo con el concepto que entonces manifestaba la vicepresidenta: "El Estado de Derecho es cada vez más complejo y por eso resulta tan determinante para nuestras vidas tener un instrumento como la nueva web del BOE", para añadir que hoy el Boletín Oficial se ha convertido "en el mejor del mundo" y en un "ejemplo" para otros países.”

Vicepresidente haga que sea el mejor BOE del mundo y no lo deje en manos de parlamentarios o gobernantes inexpertos. Nos lo merecemos. @mundiario

El Boletín Oficial del Estado como arma partidista
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