Batet autoriza la incautación de documentos en el despacho de Fuentes en el Congreso

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha autorizado la petición de la jueza que instruye la causa del ‘caso Mediador’, para que los funcionarios del Parlamento registren la oficina del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, detenido e investigado bajo el alias de ‘Tito Berni’ por su presunta vinculación con la trama de corrupción.

Batet ha comunicado a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife su autorización para poner a disposición de la justicia los efectos personales en el interior de la oficina de Fuentes Curbelo. La presidenta de la Cámara Baja ha remitido a oficio a la Comisaría del Congreso y a la Secretaría General de la Cámara para que se dé cumplimiento a la petición de la magistrada, que había solicitado que la Policía pudiera hacerse con los elementos que aún estén dentro del despacho del exdiputado, a quien la jueza se refiere como “líder de la trama política de la organización criminal”.

La jueza ha pedido a Batet que autorice la entrega de cualquier ordenador, teléfono, tableta, dispositivos informáticos de memoria y prácticamente todo tipo de papel que pudiera tener relación con los hechos investigados. La magistrada ha pedido, en el auto que ha llegado a las paredes del Congreso este lunes, que las autoridades parlamentarias colaboraran para que el Grupo de Delitos Tecnológicos e la Policía se ocupe de “abrir, analizar y estudiar” el contenido de los dispositivos informáticos y de almacenamiento que estén dentro de la oficina de Fuentes Curbelo.

En el auto enviado al Congreso, la jueza coincide con las objeciones de la Fiscalía en que no está dentro de sus competencias ordenar el registro de la oficina de Fuentes Curbelo por parte de la Policía, pero reconoce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sí le permite solicitar permiso a la presidenta de la Cámara para hacerlo, y que el exdiputado perdió su condición de aforado el mismo día que dejó el acta de legislador.

La jueza detalla en el auto que “los indicios delictivos superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas y entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción, tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo (Fuentes Curbelo) en el seno de una organización criminal”.

Petición al Congreso para el registro

La magistrada espera que la Policía tenga acceso a cualquier documento físico o virtual, así como cualquier dispositivo de almacenamiento que pueda ayudar a avanzar en la investigación. En el escrito de la jueza queda constancia de que existe una relación entre los delitos investigados “y los ordenadores que obran en la presente causa”, así como “una conversación de WhatsApp” bajo sospecha cuyo terminal de origen aún no se ha determinado.

De hecho, la magistrada ha sido muy clara al indicar que el análisis de estos efectos personales incluso podría derivarse en “la existencia de nuevos investigados” en la trama, que ya contabiliza unos 12 imputados entre funcionarios, exempleados públicos y empresarios. “Por todo ello, se estima necesaria y proporcional la medida de intervención de los terminales solicitada en relación con los tres terminales entregados, a fin de poder esclarecer los graves delitos que son objeto de investigación en este procedimiento”, reza el auto.

De esta manera, la magistrada responde tanto a la solicitud de la Policía como a las objeciones de la Fiscalía. Mientras los agentes pedían realizar el registro “sin restricciones”, Anticorrupción apoyaba el análisis exhaustivo de los efectos personales en el despacho, pero sugirió primero pedir permiso a las autoridades parlamentarias, pues las Cortes Generales son inviolables. @mundiario