Ayuso suaviza su ley universitaria pero la financiación sigue siendo el gran problema
La última versión de la futura ley universitaria madrileña ha llegado tras meses de fricción entre estudiantes, rectores y la propia Comunidad. El Gobierno regional ha relajado algunas de las disposiciones más polémicas, consciente de que el malestar crecía como una grieta en un muro que, por mucho que se parche, sigue soportando un peso excesivo. Entre los cambios destaca que las universidades ya no deberán obtener por sí mismas el 30% de su financiación, una exigencia que de entrada parecía más un castigo encubierto que una política realista, dado que Madrid destina hoy 310 millones menos que en 2009 —y aquello ya era un presupuesto ajustado—.
También desaparecen las sanciones a los estudiantes por “decoro institucional” o por interrumpir a los medios. Era difícil defender que conductas tan abiertas a interpretación pudieran conllevar multas elevadísimas, como si el debate universitario fuese una amenaza y no una parte esencial de la vida académica. Sin embargo, se mantiene la sanción de hasta 300.000 euros por “atentado contra la libertad de expresión”, un concepto que, sin una definición precisa, corre el riesgo de convertirse en arma arrojadiza. Y el debate sobre cómo se interpreta ese atentado no está siquiera despejado.
Lo relevante aquí es entender por qué estas medidas generaron tanta tensión: porque implicaban una universidad vigilada, donde la protesta podía leerse como desobediencia peligrosa. Y, si algo ha demostrado la experiencia, es que las instituciones académicas se fortalecen cuando se fomenta el pensamiento crítico, no cuando se lo sospecha.
La financiación desigual y el tablero político
Uno de los puntos que más irritación ha causado entre los rectores es la distribución del aumento presupuestario para 2026. Madrid anunció 75 millones adicionales, pero su reparto recuerda a un terreno irregular donde unas universidades suben una loma suave y otras se encuentran un muro vertical. Mientras la Politécnica recibirá menos del 3% adicional, la Carlos III supera el 15%. La Complutense, la mayor y más compleja institución de la región, apenas roza el 4%.
Este reparto no es solo un asunto contable. Marca prioridades, establece jerarquías y condiciona el margen de maniobra de cada universidad. Es como regar un jardín dejando que unas plantas crezcan vigorosas mientras otras reciben apenas un goteo: el resultado puede ser un ecosistema descompensado donde competir en igualdad es casi imposible.
La tensión interna del propio Gobierno autonómico tampoco ayuda. La pérdida de peso del consejero Viciana y la intervención creciente del entorno político de la presidenta muestran un proceso más improvisado que estratégico. Cuando las normas que deben fijar el futuro educativo de una región nacen en medio de pugnas internas, es lógico que los actores universitarios teman que la brújula esté girando sin rumbo fijo.
Un modelo que necesita claridad y menos ideología
El borrador mantiene puntos conflictivos: el Consejo de Enseñanzas Superiores mezcla instituciones con naturalezas y misiones muy distintas; el reconocimiento automático de créditos de FP y enseñanzas artísticas favorece sobre todo a las universidades privadas con estos programas asociados; y la inspiración excesiva de esta ley en criterios ideológicos deja al sistema público atrapado entre la desconfianza y la falta de recursos.
No es casual que gran parte del malestar se origine en la opacidad: ¿quién ha redactado exactamente la norma?, ¿sobre qué diagnóstico?, ¿qué modelo de universidad se persigue? Cuando una ley que debería modernizar las aulas se construye sin diálogo profundo y con un guion que parece más personal que técnico, es lógico que surjan recelos.
Un sistema universitario fuerte no se crea con sanciones ambiguas ni con estructuras duplicadas. Se construye con financiación estable, con autonomía real y con confianza en la comunidad académica. La universidad es una institución que piensa a largo plazo; exigirle que avance en un terreno lleno de improvisaciones es como pedirle a un faro que guíe barcos en una noche de niebla con la luz apagada. Madrid necesita claridad, recursos y estabilidad, no parches coyunturales.
El Gobierno regional ha dado pasos para desactivar la crisis, sí, pero el debate de fondo —el modelo de universidad que quiere Madrid— sigue completamente abierto. Y la ciudadanía merece una respuesta clara, porque el futuro del conocimiento nunca debería depender del vaivén de una coyuntura política. @mundiario
