Universidades privadas: una batalla por el modelo educativo en Galicia
La controversia en torno al proyecto de universidad privada Emilia Pardo Bazán ha vuelto a poner sobre la mesa un debate incómodo, pero necesario: ¿qué modelo de educación superior quiere Galicia? ¿Uno que refuerce lo público y garantice la calidad y la equidad, o uno que abra las puertas a intereses empresariales bajo la etiqueta de la libre competencia? De entrada, el rector de la UDC, Ricardo Cao, ve imprescindible que se exijan "garantías de calidad" y "ejemplaridad".
La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia ha solicitado explicaciones al Ministerio de Educación tras el respaldo público de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, del PSOE, a una propuesta de universidad privada, a pesar de que –según el conselleiro Román Rodríguez– no existe informe gubernamental alguno que avale el proyecto. El conselleiro apunta incluso a una “contradicción” entre la posición del Ejecutivo central, encabezado por los socialistas, y la de la alcaldesa, miembro del PSOE, al tiempo que reclama explicaciones al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro.
La polémica no es solo política, sino profundamente estructural. La proliferación de universidades privadas en España durante los últimos años se ha producido en muchos casos con informes técnicos en contra por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, informes elaborados con criterios objetivos sobre calidad docente, solvencia económica o capacidad investigadora. Pero como ese dictamen no es vinculante, los gobiernos autonómicos han podido sortear la recomendación y aprobar los proyectos por su cuenta. Esto es lo que ha ocurrido con iniciativas en Canarias, Madrid o Andalucía. Galicia, sin embargo, parece haber tomado otro rumbo: tras un informe negativo sobre el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), la Xunta habría paralizado discretamente su proceso de conversión en universidad, según avanzó el diario El País.
El caso de Cesuga es contradictorio. Aunque desde el propio centro se insiste en que hay un proceso en marcha para convertirse en universidad gallega independiente, la Xunta lo niega, al menos oficialmente. No hay anteproyecto de ley, ni trámite parlamentario, ni voluntad explícita por parte del Ejecutivo autonómico. El informe de la Conferencia General de Política Universitaria fue demoledor: falta de espacios para investigación, ausencia de proyectos científicos definidos, e incertidumbre sobre la financiación para las infraestructuras necesarias. Sin embargo, el Gobierno de Aragón autorizó en abril la desadscripción de Cesuga de la Universidad San Jorge, la privada a la que el centro Cesuga está adscrito desde 2015. Una desconexión administrativa que parece más simbólica que real, pues en su propia web, Cesuga sigue presentándose como parte de esa universidad zaragozana.
El rector de A Coruña pide "ejemplaridad"
La prudencia mostrada ahora por la Xunta, en especial por el conselleiro Román Rodríguez, contrasta con episodios pasados de sintonía con Cesuga. Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo visitaron el centro en 2021, cuando el entonces líder del PP buscaba visibilizar un modelo universitario más abierto a la iniciativa privada.
Un caso aparte es la Universidad Intercontinental de la Empresa, impulsada por Abanca y adscrita a Afundación, estrenada en 2021, que ya ha conseguido atraer estudiantes de grado y de máster. No es tarea fácil, ya que la demanda, en una comunidad con tres universidades públicas consolidadas y un número decreciente de alumnos, no facilita la multiplicación de centros privados. El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, ha sido claro: es imprescindible que se exijan "garantías de calidad" y "ejemplaridad" a quienes promuevan nuevas universidades privadas. Y es que en este asunto está en juego mucho más que la oferta educativa. Está en juego la credibilidad del sistema universitario, la igualdad de oportunidades, y el papel que el conocimiento debe tener en una sociedad democrática.
La promesa de pluralidad o modernización que muchas veces se asocia a las universidades privadas no puede servir de coartada para eludir los controles ni para diluir el compromiso con el bien común. Por eso, el anuncio reciente del presidente Pedro Sánchez de que se exigirá un informe vinculante elaborado por la Aneca (o sus homólogas autonómicas) es un paso en la buena dirección. Que las decisiones políticas se tomen sobre bases técnicas no debería ser una rareza, sino la norma.
Galicia haría bien en mantenerse firme en esta cuestión. La educación superior no puede reducirse a un mercado más. Y si se abren nuevas universidades, que sea para mejorar el sistema, no para debilitarlo. ¿Quiere Galicia universidades al servicio del país o al servicio del negocio? La respuesta, más allá de la coyuntura, podría definir el futuro de toda una generación. @mundiario
