La tributación por el salario mínimo en España, entre las más bajas de la UE
El primer gran cara a cara del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo llegó en un momento de alta tensión política y económica. El punto de conflicto que centra el debate es la reciente decisión del Ministerio de Hacienda de hacer tributar por primera vez a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que ha generado una fractura dentro del propio Gobierno de coalición y que amenaza con sumar a toda la oposición, incluyendo al Partido Popular y a los partidos de izquierda, en contra del PSOE.
La decisión de Hacienda ha evidenciado la profunda brecha entre las dos fuerzas que conforman el Ejecutivo: el PSOE y Sumar. Mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende la inclusión del SMI dentro del sistema tributario en aras de la equidad fiscal, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido plantar batalla contra la medida, argumentando que penaliza a los trabajadores con menores ingresos. La izquierda ajena a la coalición, con Podemos a la cabeza, también ha rechazado la medida, presentando una proposición de ley para revertirla.
Desde el punto de vista técnico, la tributación del salario mínimo en España sigue siendo de las más bajas de la Unión Europea. Hasta ahora, el Ejecutivo había optado por elevar el mínimo exento del IRPF con cada incremento del SMI para evitar que los trabajadores con sueldos bajos tuvieran que contribuir al impuesto sobre la renta. Sin embargo, en esta ocasión se ha decidido no modificar dicho umbral, lo que supone que un porcentaje reducido de perceptores del SMI, en su mayoría solteros sin hijos, empiecen a tributar.
Más allá del debate técnico, lo cierto es que esta decisión ha puesto en jaque la unidad del Gobierno y ha generado una situación política compleja. La imagen de dos ministras del mismo Ejecutivo defendiendo posturas opuestas en una cuestión tan relevante para la ciudadanía transmite una sensación de descoordinación y falta de cohesión. La gestión de las diferencias internas dentro del Consejo de Ministros debería evitarse en la esfera pública, pues el ruido y la confrontación no solo debilitan la posición del Gobierno, sino que también confunden a la opinión pública.
Un contexto de presión fiscal por debajo de la media
Por otro lado, la decisión de no ajustar el mínimo exento para el SMI llega en un contexto de presión fiscal por debajo de la media europea y con un sistema impositivo que se ha mostrado poco redistributivo. A pesar de que el Gobierno ha impulsado un incremento sostenido del SMI desde 2018, lo que ha beneficiado a millones de trabajadores, también es cierto que ha sido incapaz de acometer una reforma fiscal integral que garantice una distribución más equitativa de la carga tributaria. En este sentido, mientras el 1% más rico tributa proporcionalmente por debajo de las rentas medias y bajas, el debate sobre la fiscalidad del salario mínimo parece más una disputa política que un análisis sereno de la justicia fiscal.
El Congreso podría convertirse en el escenario donde se revierta esta medida, sumando los votos de la izquierda y el PP para forzar al Ejecutivo a rectificar. De ser así, el PSOE quedaría en una posición de debilidad política, aislado y sin capacidad de defender su postura. Sin embargo, tan preocupante como la posible derrota parlamentaria del Gobierno es la incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para ofrecer un mensaje claro y cohesionado sobre su estrategia económica y fiscal.
En medio de esta turbulencia, el decreto que incluye la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte sigue adelante, medidas que son incuestionablemente positivas para la ciudadanía y que deberían centrar el debate público en lugar de quedar opacadas por la confrontación política. Sin embargo, el conflicto en torno al SMI amenaza con eclipsar cualquier otro logro del Gobierno y convertirse en un arma arrojadiza en el debate político.
El primer cara a cara del año entre Sánchez y Feijóo, por tanto, no es solo un intercambio de argumentos sobre esta medida concreta, sino un reflejo de la fragilidad del Gobierno de coalición y de la estrategia del PP para desgastar al Ejecutivo. La tributación del salario mínimo es solo un síntoma de un problema más profundo: la ausencia de un consenso sólido sobre la política fiscal y social del país. Y en este escenario, la responsabilidad de ofrecer soluciones y no solo críticas recae en todos los actores políticos, no solo en el Gobierno. @mundiario
