El PSOE tropieza, de nuevo, en la piedra de la corrupción

En los últimos días coincidieron dos acontecimientos muy relevantes: la dimisión del secretario de organización del PSOE a consecuencia del conocimiento de un informe de la UCO sobre presuntas actividades delictivas de Santos Cerdán (en colaboración con J.L. Abalos y Koldo García) y la renuncia del conselleiro de Pesca de la Xunta gallega –Alfonso Villares– a causa de la apertura de diligencias judiciales para investigar una denuncia de agresión sexual.

En ambos casos concurre una circunstancia ciertamente grave: la existencia de indicios sobre un hipotético comportamiento delictivo en dos ámbitos –la gestión honesta de los recursos públicos y el respeto debido a los derechos de las mujeres– que deben configurar la ejemplaridad básica exigida a cualquier cargo o representante político.

Lo sucedido con Abalos y Cerdán revela un fracaso indiscutible de los mecanismos de prevención y control que hubiesen podido existir en la estructura orgánica del PSOE para hacer frente al riesgo de la corrupción. Semejante fiasco resulta mas grave por cuanto esta organización política acumula suficiente experiencia en su historia reciente como para ser capaz de establecer normas y fórmulas de neutralización de aquellas prácticas indeseables que eventualmente se hubiesen presentado en la vida diaria de ese colectivo. Por no citar el aprendizaje que siempre se puede obtener del amplio historial de corrupción registrado en el seno del PP. Es verdad que en los grupos políticos –igual que en otros ámbitos de la sociedad– pueden habitar personas sin escrúpulos que busquen, codiciosamente, la obtención de beneficios económicos particulares. La bondad universal de los seres humanos no existe. Por eso es muy necesario que haya criterios estrictos en la selección de las personas que desarrollan actividades políticas para, entre otras cosas, asegurar una adecuada pedagogía cara el cuerpo social. La presencia de figuras acusadas de la comisión de graves delitos en la estructura de un partido que proclama un ideario progresista resulta profundamente desmoralizador y alimenta las tendencias antipolíticas de las que vive el universo de la ultraderecha.

En las últimas décadas, los dos grandes partidos del sistema político español no tuvieron la suficiente voluntad para acometer diversas reformas legislativas (mejora de las leyes de contratos de las Administraciones públicas; cambios normativos que penalicen con mas contundencia a las empresas involucradas en prácticas de soborno; reducción sustancial de los aforamientos para los cargos públicos...) que dificultaran las dinámicas de corrupción en los distintos estratos de esas administraciones. Tampoco aplicaron códigos internos de calidad contrastada para enfrentar esta dolencia estructural presente en el sistema. Este contexto histórico proporciona algunas claves explicativas –que no justificativas– de los recientes episodios que hemos conocido.

Falta de vigilancia

En los casos de Abalos y Cerdán, mas allá de las peripecias judiciales que, en el futuro, permitan depurar eventuales responsabilidades penales, se constata una evidente falta de vigilancia por parte de las instancias superiores del Partido Socialista. Por tanto, la responsabilidad contraída por Pedro Sánchez resulta indiscutible. Debería implicar su dimisión? Si la vida política institucional estuviera guiada por sólidos criterios éticos, el abandono del cargo sería la medida mas congruente con la gravedad de lo sucedido. Pero, hoy por hoy, los parámetros dominantes son otros: los derivados del cálculo del previsible impacto electoral que puedan originar las decisiones que se adopten. Las dificultades que rodean a Sánchez son conocidas: si abandona la Moncloa y convoca elecciones, Feijóo y Abascal llegarían previsiblemente al gobierno según indican la casi totalidad de las encuestas; si es sustituido por otra persona del partido, necesitaría superar un proceso de investidura en el Congreso que hoy no parece estar garantizado; si no dimite y decide promover una cuestión de confianza (que solo requiere la mayoría simple) tendría que conseguir un cambio en la postura anunciada por Podemos (contraria a cualquier apoyo al máximo dirigente de lo que definen como "un partido corrupto"). El único escenario relativamente favorable a Sánchez sería que Alberto Núñez presentase una moción de censura. Pero el ex-presidente de la Xunta ha optado por una táctica extremadamente conservadora, esperando que el cadáver de su enemigo pase por delante de su puerta y favorezca el hipotético acceso a la presidencia del gobierno del Estado.

La mayoría parlamentaria que posibilitó, en otoño de 2023, la formación del actual gobierno de coalición está emplazada a dar respuesta a una interrogante fundamental: desean hacer todos los esfuerzos posibles para dificultar al máximo el triunfo electoral del PP y de Vox? En caso afirmativo, las fuerzas implicadas deberían asumir los peajes exigidos para acordar un común denominador programático que posibilite la llegada de la legislatura al año 2027. En ese supuesto, obviamente, el coste mayor recaería en el PSOE por la mayor responsabilidad contraída en esta importante crisis. @mundiario