El PSOE ante su semana más incómoda: problemas éticos, corrupción y desgaste político

Los nuevos casos de presunto acoso y las investigaciones judiciales agravan la presión sobre el partido y el Gobierno, mientras la oposición y los socios tensan la legislatura. Al PSOE, la buena noticia se la da el CIS.
Pedro Sánchez, en la campaña a las elecciones de Extremadura. / PSOE
Pedro Sánchez, en la campaña a las elecciones de Extremadura. / PSOE

El PSOE afronta una de esas semanas en las que las crisis no se anuncian, sino que se encadenan. La dimisión de un miembro de la ejecutiva federal por un nuevo caso de supuesto acoso, las investigaciones de la Guardia Civil sobre una trama vinculada a empresas públicas y el ruido político que rodea al caso Plus Ultra han configurado un escenario de desgaste simultáneo para el partido y para el Gobierno. No se trata de un único escándalo, sino de una suma de frentes abiertos que alimentan la sensación de vulnerabilidad. La buena noticia se la da el CIS: el PSOE le saca nueve puntos al PP pese a los casos de corrupción y la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, según el barómetro de diciembre, que otorga a los socialistas un 31,4% de los votos y un 22,4% al PP.

En el plano interno, la reacción socialista ante las denuncias de acoso contra Francisco Salazar busca fijar una línea clara. La dirección considera que los hechos constituyen una falta muy grave, incluso aunque el implicado se haya dado de baja como militante, precisamente para evitar una futura reincorporación automática. El partido ha optado por no acudir de oficio a la Fiscalía, atendiendo a la voluntad de algunas víctimas, pero sí ofrecer apoyo jurídico a quienes decidan acudir a la justicia. Es una respuesta prudente, pensada para respetar a las denunciantes y proteger al mismo tiempo los protocolos internos, aunque deja abierta la pregunta de si esas herramientas llegan siempre a tiempo.

La dimensión política del problema es inevitable. El goteo de casos erosiona la autoridad moral del PSOE en un momento en el que la exigencia de ejemplaridad es máxima. De ahí que el anuncio de revisar y reforzar el protocolo antiacoso suene tanto a necesidad real como a gesto defensivo. En un partido con vocación de gobierno, la credibilidad se mide tanto por la reacción ante los errores como por la capacidad de prevenirlos.

A esta crisis ética se suma una tormenta judicial de mayor alcance. La operación de la UCO, con requerimientos de documentación en Correos y en organismos dependientes de Hacienda y Transición Ecológica, amplía el perímetro de una investigación que tiene su epicentro en la SEPI. Las detenciones de Leire Díez, del expresidente del holding público y de un empresario vinculado al entorno de Santos Cerdán han reactivado viejos fantasmas sobre el uso de empresas públicas y la adjudicación de contratos. Aunque Cerdán no figura como investigado, la extensión de las sospechas alimenta la narrativa de un problema más amplio que el de las responsabilidades individuales.

El caso Plus Ultra

El caso Plus Ultra añade otra capa de complejidad. La investigación de la Fiscalía sobre el destino de parte del rescate público, bajo secreto de sumario, reabre un debate que el Gobierno daba por amortizado. La imagen de detenciones y registros contrasta con la defensa reiterada de que las decisiones se tomaron con criterios técnicos, y devuelve a la agenda una operación que fue símbolo de la política de rescates durante la pandemia.

En paralelo, la oposición ha encontrado un terreno fértil. Alberto Núñez Feijóo ha reclamado un pleno extraordinario del Congreso para que el presidente del Gobierno dé explicaciones sobre lo que denomina “corrupción sistémica”. El lenguaje no es casual: busca elevar los casos concretos a la categoría de problema estructural y situar a Pedro Sánchez en una posición defensiva prolongada. Desde los socios parlamentarios, Junts invita a ERC a aprovechar la debilidad del Ejecutivo, confirmando que la estabilidad de la legislatura depende cada vez más de un equilibrio precario.

El PSOE insiste en que los casos se investigan y que no hay impunidad. Y es cierto que las actuaciones judiciales no parten del partido ni del Gobierno, sino de los órganos de control del Estado. Pero en política la acumulación pesa tanto como los hechos probados. La combinación de acusaciones de acoso, tramas de corrupción y desgaste parlamentario dibuja un contexto en el que cada nuevo episodio refuerza la percepción de crisis.

La clave para el PSOE no será solo resistir esta semana, sino demostrar que sabe separar responsabilidades individuales de un proyecto colectivo sin caer en la negación ni en la autocomplacencia. Porque cuando los escándalos dejan de ser excepciones y pasan a ocupar el centro del debate, el problema ya no es solo judicial: es político. @mundiario

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