El debate electoral con contenido es un derecho de los votantes

Núñez Feijóo es muy posible que no tenga nada que ofrecer a la mayoría social de los ciudadanos españoles, y por eso, sin pensarlo siquiera, ha rechazado la propuesta que lanzó el presidente de Gobierno de realizar seis debates electorales, en medios de comunicación masiva, entre los dos candidatos con más posibilidades de salir elegidos. Y dio su larga cambiada calificando esos debates como una “excentricidad”. Una inapropiada calificación, ni siquiera válida para escurrir el bulto.

Tampoco Pedro Sánchez negaba otros debates con el resto de candidatos y candidatas: lo dijo expresamente. Por lo cual no tiene sentido la respuesta de Yolanda Díaz de que el futuro del país no lo podían decidir dos hombres debatiendo.

Unos debates de esas características son -en un proceso electoral- la ejecución más clara y eficaz del derecho a la información que consagra el articulo 20 de nuestra Constitución. Y constituyen la expresión más genuina de la transparencia debida por parte de los partidos que aspiran a gobernarnos. Tampoco es excesivo el número de seis debates, en medio de la barahúnda de actos electorales que se van a celebrar antes del 23 de julio. ¿Qué mejor instrumento para que los ciudadanos conozcamos con detalle y a fondo las propuestas que nos hacen los candidatos, divididos en seis bloques temáticos, para que podamos juzgar cómo atañen las diferentes alternativas a nuestra vida y a nuestro futuro?

La negativa de Feijóo no tiene otro sentido que el pánico a quedar en evidencia a la hora de justificar su papel de caballo de Troya de la extrema derecha en España, y su propia convicción de la debilidad de su propuesta de un proyecto cuyo único contenido es destruir lo que el Gobierno y las Cortes Generales han ido construyendo a lo largo de la Legislatura que acaba, para sacar adelante a nuestro país -afrontando las crisis sucesivas-, de acuerdo con lo que confirman los datos de nuestra realidad, y de acuerdo con las directrices y los beneplácitos de las autoridades europeas.

Feijóo despacha su oferta electoral con el eslogan vacío de derogar lo que llama “el sanchismo”: algo que él mismo sabe que no puede justificar racionalmente porque, pensado con detenimiento se traduce en destruir las leyes y medidas de gobierno que han reforzado la resistencia social y económica, y que han impulsado nuestra economía a un crecimiento de nuestras exportaciones, de nuestro producto interior bruto, de nuestro empleo, de los derechos laborales, a contener al máximo la inflación, de manera que en estos momentos la española es la inflación más baja de Europa. De modo que los diferentes organismos internacionales están elevando las previsiones de nuestra tasa de crecimiento para 2023 y 2024. Algo lógico, vistos los resultados, que incluyen una disminución de la deuda pública respecto al PIB y una disminución del déficit.

Por cierto: ese eslogan de “derogar el sanchismo” es como una bomba de racimo que sólo sirve para multiplicar los exabruptos, los bulos, las descalificaciones y para desatar los peores insultos de una parroquia que lo que viene es a reproducir los peores estilos de una propaganda ideológica que enlaza más con los residuos de la intoxicación franquista que con la racionalidad y la transparencia democrática.

¿Cómo va a justificar Núñez Feijóo en un debate público las barbaridades contra toda lógica que maneja en sus intervenciones públicas sin preguntas y sin debates? ¿Cómo va a explicar ante el millón y medio de beneficiarios que derogaría, si ganara, la subida del 47% del salario mínimo? ¿Cómo explicaría que derogaría la ley que ha reformado las pensiones -con el respaldo de la Unión Europea- garantizando el poder adquisitivo, año tras año, de diez millones de pensionistas, y que ha establecido unos mecanismos que permiten resolver el problema de su sostenibilidad, zanjando un largo y estéril debate que la cuestionaba? Él sabe que es una agresión a sus propios votantes pensionistas, y en lugar de hablar claramente de sus intenciones las encubre y enmascara en el eslogan que fomenta -sin argumentos de peso- la antipatía contra el presidente del Gobierno.

Tampoco se atreve a debatir sobre los derechos laborales, ni a demostrar -porque no puede- que es bueno para nuestra economía y para nuestra sociedad facilitar el despido de trabajadores, eliminar otra vez los convenios colectivos sectoriales, ni a justificar que va a quitar el ingreso mínimo vital que, si no resuelve por completo el problema de los ciudadanos en peligro de exclusión, sí les ayuda a resistir y a sobrevivir.

¿Cómo va a demostrar que puede eliminar el impuesto de patrimonio y el impuesto a las grandes empresas sin deteriorar o privatizar los servicios de la Sanidad o la Educción públicas y universales? ¿Sería capaz, en un debate público sobre la Sanidad pública, de defender el modelo madrileño de destrucción de este servicio vital? ¿Sería capaz de justificar la muerte de 7.000 mayores en las residencias madrileñas durante la pandemia, con una norma del Gobierno madrileño del PP de no admitir en los hospitales públicos a los enfermos de covid procedentes de estas residencias?

¿Podría justificar en un debate público en profundidad su bloqueo a la renovación del poder judicial, que mantiene y genera una parcialidad en la Justicia que hace que la gente del PP no sea tratada con el mismo rigor que el resto de los ciudadanos? Véase como muestra que, tras las conversaciones grabadas entre Villarejo y la señora Cospedal, que muestran una clara confabulación delictiva, el juez García Castellón se niegue reiteradamente a investigar a Cospedal, mientras se procesa a Mónica Oltra por unas supuestas irregularidades que se demuestran que son falsas, y de cuya falsedad -conocida un par de semanas antes de las elecciones del 28M- se informa una vez realizadas las votaciones. Porque el PP ha ido labrando una justicia que no trata igual a los dirigentes del PP y a los demás ciudadanos.

¿Y cómo justificaría, en un debate pormenorizado sobre el tema, sus alianzas de gobierno con la extrema derecha, que sólo con la consideración de los graves errores (el último de la tuberculosis bovina poniendo en riesgo la salud de las personas, o el de la desecación de Doñana con una ley andaluza que es ilegal y que se salta incluso una sentencia judicial europea) se revela como incoherente, tóxica y perjudicial? ¿Y cómo se va a atrever a defender, en un debate serio, que se va a aliar con esa extrema derecha xenófoba, que niega la violencia de género y la igualdad, antieuropea, y anticonstitucional, ya que niega el Estado de las Autonomías que tan claramente define la Constitución como estructura de nuestro Estado Democrático de Derecho?

No. Feijóo no puede justificar en un debate tantas barbaridades. No puede en un debate en el que se entre en los detalles y en las consecuencias, defender lo que supondría una catástrofe económica y social para España.

Por eso prefiere dejar que el trabajo se lo hagan sus medios afines, y a sueldo de aquellos intereses privados y abusivos para los que pretende gobernar. Prefiere escudarse en la trinchera más que sospechosa de la descalificación -sin aportar un solo dato ni una sola razón demostrable-, y de las acusaciones falsas contra lo que él llama “el sanchismo”, que no es ni más ni menos que la aplicación de los principios y los métodos de la Socialdemocracia: prácticamente los mismos que se implantaron para el resurgir de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Los que están resucitando a España, y colocándola en los mejores niveles de su Historia en prácticamente todos los parámetros económicos y sociales, pero muy especialmente en los que tienen que ver con la igualdad y con la justicia social. No hay más que ver los 20,8 millones de cotizantes a la Seguridad Social.

Por eso los ciudadanos tenemos derecho a esos debates, amplios y en profundidad, para ver quién es quién. Para parar la ola reaccionaria y regresiva que quieren introducir en España para acabar con todas las reformas que han comenzado a mejorar nuestra sociedad y a salvaguardar dos pilares básicos: nuestro Estado del Bienestar, y nuestra convivencia y cohesión social y territorial, puestos en grave peligro por los Gobiernos del PP con medidas que amenazaron y empobrecieron la estabilidad social y que nos llevaron al borde de la ruptura de Cataluña con España. Agravado ahora con la amenaza evidente y clara de introducir en el Gobierno a la extrema derecha, que preconiza sin recato el regreso a los postulados del franquismo, y la abolición de los logros de la Democracia. @mundiario