Carta abierta a las clases trabajadoras de los pueblos de España
Posiblemente nunca en la corta historia de la actual democracia española unas elecciones generales fueron tan decisivas para el presente y futuro de las mayorías sociales, y muy especialmente para las clases trabajadoras como éstas del 23 de julio. La dinámica política y las posiciones de los distintos partidos y organizaciones sociales colocaron en el escenario español dos alternativas: por un lado un bloque socio-político de progreso que, manteniendo cada uno su independencia, forman el actual gobierno de turno (PSOE/UP), sus aliados parlamentarios (ERC, PNV, BILDU, Compromis, BNG…) y los movimientos sociales liderados por los dos grandes sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT) que tiene en frente a otro bloque de derecha extrema que forman el Partido Popular (PP) y VOX y que cuenta además con el apoyo in-disimulado de un sector muy relevante del empresariado y del poder judicial, de la mayoría de los medios de comunicación y opinión privados, y de importantes miembros de los aparatos represivos del Estado.
Bloques que, como se pudo ver en esta legislatura, defienden programas muy distintos en prácticamente todos los campos de la acción política con materias tan relevantes como la economía o el medio ambiente, la igualdad de género, el bienestar social, el equilibrio territorial, la cultura y la información. Diferencias que responden tanto al mantenimiento de distintas prioridades como a defender diferentes colectivos sociales, pues mientras el bloque de progreso busca, y así lo evidencia la acción política de estos años de legislatura, la defensa y mejora de las mayorías sociales en todos los pueblos de España, la derecha extrema pretende conservar los privilegios de unas minorías sociales que durante décadas, por no decir siglos, hicieron de España uno de los estados con un nivel de desempleo de los más elevados de Europa, mayores déficits sociales, más grandes desequilibrios territoriales, menor libertad de prensa e información, y otros muchos desequilibrios. Un estado con grandes déficits democráticos, sociales y medioambientales.
Entre todos estos déficits, y situándonos en el plano económico, las diferencias entre las rentas del trabajo y del capital, entre las clases trabajadoras y las clases capitalistas, entre las clases de rentas medias y bajas y las clases de rentas altas, fueron las más permanentes e injustas. Estas serían las razones que llevarían al gobierno español de turno (PSOE/UP), con el apoyo parlamentario de las otras fuerzas de progreso, a dar prioridad a las políticas que permiten reducir esas diferencias y que fueron una muestra indiscutible de que las clases populares eran, por fin, objeto de una atención por parte de los poderes públicos como nunca antes lo fueran en España.
Una prioridad que, por ejemplo, se puso de manifiesto en la apuesta por el diálogo social y político que daría frutos inmediatos y muy positivos a pesar de la dificilísima coyuntura que se atravesaba: pandemia de la COVID.19, guerra en Ucrania, inflación…. Porque a estas alturas parece que se quiere olvidar que, por ejemplo, tuvimos una pandemia que paralizó la producción y el comercio amenazando gravemente el empleo pero que, gracias a la acción concertada entre el gobierno, los sindicatos y la patronal, con la puesta en marcha de los ERTE (con 40.000 millones de dinero público que evitaron que 3,5 millones de trabajadores fueran despedidos), se frenaron males mayores.
Una apuesta por el diálogo social y político que posibilitó una reforma laboral que, con todas sus insuficiencias, dio un giro a la dinámica salarial (por primera vez en mucho tiempo los salarios crecen por encima de la inflación), reduce la temporalidad (del 28% al 13%: más de 3 millones de trabajadores que tenían un contrato temporal ahora lo tienen indefinido) y amplía la negociación colectiva (que llega a más de 17 millones de trabajadores) en un momento en que la inflación se dispara. Una apuesta que conduce a un acuerdo histórico sobre la pensiones que tanto garantiza sus sostenibilidad como permite revalorizaciones que compensan las subidas del IPC y que también facilita que el SMI se suba hasta tres veces, y en un 47%. Medidas que, indiscutiblemente sitúan a las clases trabajadoras en una posición mucho mejor de la que estaban.
Una posición mejor cuando la economía española se enfrenta a un cambio en el sistema mundial que viene marcado por una nueva era industrial en la que las revoluciones digital, energética y medioambiental serán decisivas y marcarán el devenir inmediato. Cambios que en muchos aspectos las derechas extremas niegan: algo que hace temer por el futuro de los pueblos de España si éstas llegan al gobierno.
Queda todavía mucho por hacer, pues los retos que tenemos por delante son también muchos. Queda, por caso, adoptar la legislación laboral a las nuevas situaciones que se están creando en el mercado de trabajo, garantizar el empleo eliminando una legislación pensada para facilitar el despido (aunque algo se ha rectificado ya con el actual Gobierno), reducir la jornada laboral y revisar la distribución del tiempo de trabajo, ampliar los derechos laborales en los centros de trabajo, reducir la siniestralidad laboral que es altísima.
Queda, por supuesto, reducir el desempleo que sigue siendo muy elevado (2,7 millones de parados), a pesar de que hemos alcanzado un máximo histórico de casi 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social; y mejorar la situación de muchas familias que lo están pasando muy mal (más de 1 millón tiene a todos sus miembros en paro) Retos que demandan mantener el diálogo social y político y no dinamitarlo como quieren estas derechas extremas (PP/VOX).
El próximo 23 de este mes de julio en las manos, mejor dicho en los votos, de las clases trabajadoras de los pueblos de España estará el devenir futuro: avanzar o retroceder décadas. @mundiario
