Apoyo de la ONU a Marruecos ante el futuro del Sáhara Occidental

Cincuenta años después de la salida de España, Rabat obtiene el respaldo de la ONU a su plan para el Sáhara Occidental, pero deberá demostrar que su proyecto autonómico es más que una fórmula diplomática.
Mapa donde se observa España y el Sáhara Occidental con Marruecos en medio. / Wikipedia
Mapa donde se observa España y el Sáhara Occidental con Marruecos en medio. / Wikipedia

Cincuenta años después de la Marcha Verde que forzó la salida de España del Sáhara Occidental, Marruecos ha logrado un triunfo diplomático largamente perseguido: Naciones Unidas respalda de facto su plan de autonomía para el territorio. La votación del Consejo de Seguridad que renueva el mandato de la misión de la ONU (Minurso) introduce una inflexión histórica. Por primera vez, el organismo internacional da prioridad a una solución autonómica frente a la vieja promesa de un referéndum de autodeterminación. El tablero saharaui, congelado durante décadas, empieza a moverse.

Rabat ha conseguido, gracias a un intenso trabajo diplomático y al apoyo decisivo de Estados Unidos, transformar su propuesta en la opción preferida de la comunidad internacional. El contexto no es menor: Marruecos se ha convertido en un actor regional clave, reforzado por su política exterior pragmática, su acercamiento a Israel y su papel como socio estratégico en materia migratoria, energética y de defensa. La reciente escalada en el presupuesto militar –con un incremento del 17% en un solo año– confirma esa ambición de potencia media.

Sin embargo, el respaldo de la ONU no equivale a un cheque en blanco. Marruecos deberá ahora concretar una “autonomía verdadera”, creíble y verificable, que garantice los derechos de los saharauis. Si el plan se queda en una mera fórmula administrativa, el conflicto se perpetuará bajo otro nombre. El desafío de Rabat es transformar su victoria diplomática en un modelo de convivencia y prosperidad que desactive medio siglo de desconfianza.

El giro de la ONU tiene implicaciones profundas también para España. Medio siglo después de una descolonización improvisada, el Sáhara sigue siendo una herida abierta en la memoria histórica española y en su política exterior. El cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez, al respaldar la propuesta marroquí en 2022, marcó un punto de no retorno. Desde entonces, Madrid intenta equilibrar su relación con Rabat sin romper con Argel, el principal valedor del Frente Polisario. Pero no hay equilibrio sin transparencia. El Parlamento español debería abordar el asunto con claridad, sin dejarlo en manos de los vaivenes diplomáticos del Ejecutivo de turno.

Una fractura que aún supura

El tiempo también juega en contra de los saharauis que siguen atrapados en los campamentos de Tinduf, en el desierto argelino. Medio siglo de exilio no puede resolverse con una simple declaración política. La comunidad internacional tiene la obligación moral y jurídica de asegurar que esos refugiados puedan regresar con garantías. La autonomía solo tendrá legitimidad si integra a quienes fueron desplazados y si se reconoce su identidad política y cultural.

La Marcha Verde de 1975 simbolizó la determinación de Marruecos, pero también la renuncia española y el inicio de una fractura que aún supura. Hoy, esa historia se reescribe con una nueva marcha, esta vez diplomática. Marruecos ha ganado una batalla en el terreno político, pero la paz duradera solo llegará cuando el Sáhara Occidental deje de ser un espacio de promesas aplazadas y se convierta, por fin, en un territorio donde los saharauis puedan decidir su futuro dentro de un marco de derechos reales.

España, que abrió aquella puerta hace cincuenta años, no puede cerrarla ahora. Se lo debe a su historia y, sobre todo, al pueblo saharaui. @mundiario

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