La amnistía por mayoría absoluta podría generalizarse
Puede suceder, y muchos lo dan por hecho, que el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido llegue a sentenciar a favor de la amnistía del Gobierno de coalición a los acusados de delitos del proceso catalán de independencia, tal como ha sido aprobada de momento por el Congreso.
Si Conde Pumpido usa su influencia para sentenciar que esta amnistía está amparada por la Constitución, o que cabe en la Constitución, o que la Constitución no se opone a este perdón, estará sentando un precedente con muy graves consecuencias legislativas y jurídicas.
Por ejemplo, a partir de ese momento, cualquier Gobierno que cuente con la mayoría absoluta se puede plantear una amnistía a cualquier colectivo que haya delinquido, o que vaya a ser juzgado, o y que ya haya sido condenado, y del que necesita su ayuda. Todo ello sin necesidad de contar con otros grupos, ni con otras opiniones, ni con nada que no sea necesario para alcanzar esa mayoría no cualificada.
Quedaría abierta al capricho o a la necesidad del momento. Se tramitaría por la via de urgencia, evitando o acortando los debates, según cada circunstancia. Podrían hacerse desaparecer los delitos de cohecho, de malversación, prevaricación de aquellas personas, grupos, colectivos o tramas que las hayan cometido solo por el hecho de necesitar de ayuda en algún momento.
¿Qué argumentos se podrían oponer a la toma de este decisión si el TC decide que es constitucional la de ahora? Quizás el equipo de Pumpido decida que sólo se puede promover la amnistía sobre los delitos cometidos en Cataluña por independentistas y que no se pueda promover para otras causas. Evidentemente, esto no tendría ninguna consistencia jurídica por mucho que tratasen de argumentarla.
También podrían argumentar que puede ser constitucional una amnistía apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara siempre que esté promovida por la mitad de los grupos parlamentarios. Esta modalidad ya la ensayó el Gobierno con las mayorías para elegir al presidente de la Corporación de RTVE, y no sirvió de nada.
En definitiva, una decisión con la trascendencia jurídica, política y legislativa como la que se pretende aprobar por las Cortes Generales de España, debería pensarse más y mejor. Las consecuencias dentro del mundo legislativo y jurídico pueden ser imprevisibles. @mundiario
