Venezuela: Trump como desafío externo del chavismo y la radicalización del Estado 'revolucionario'
Lejos del esplendor político y económico de otros tiempos, la dirigencia chavista incrustada en el aparato del Estado venezolano afronta el actual asedio de Estados Unidos con un objetivo prioritario: garantizar su continuidad en el poder, incluso en un escenario de confrontación abierta. En el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro y su entorno más cercano no solo confían en superar el desafío planteado por Donald Trump, sino que trabajan contrarreloj para concretar un proyecto largamente acariciado: volver irreversible la revolución bolivariana mediante su radicalización institucional.
La estrategia responde a una lógica histórica del chavismo. Desde los tiempos de Hugo Chávez, cada pulso político con la oposición ha sido seguido por un endurecimiento del modelo y una ampliación de los mecanismos de control del poder. Tras 25 años de proceso bolivariano, el régimen vuelve a aplicar ese patrón, convencido de que el contexto de presión internacional ofrece una oportunidad para consolidar su arquitectura de dominación.
En este marco, la reciente liberación de 99 presos políticos aparece como un gesto táctico que busca ganar tiempo y exhibir una imagen de apertura limitada, sin alterar en lo más mínimo la hoja de ruta oficial. Mientras se concede una válvula de escape humanitaria, el Gobierno estrecha el cerco sobre la disidencia, reduce los espacios de debate público y continúa deteniendo a nuevos dirigentes opositores.
El núcleo del plan pasa por culminar la construcción del llamado Estado Comunal, concebido como el estadio final del proceso revolucionario. Para Maduro, este modelo debe superar “el viejo esquema burgués” y dar paso a una supuesta democracia directa basada en la autogestión popular. Las comunas —estructuras territoriales de base— son presentadas como el corazón de ese sistema. El presidente asegura que existen unas 5.300 comunas en proceso de consolidación en todo el país.
En la práctica, estas organizaciones están crecientemente militarizadas. A través de las Unidades Comunales de Defensa Integral, las comunas se integran en un esquema cívico-militar que busca garantizar el control territorial ante una eventual agresión externa. El Ministerio de la Defensa, plenamente alineado con esta estrategia, ha distribuido armamento antiaéreo en distintos puntos del país, reforzando la dimensión militar del proyecto.
La radicalización se ha explicitado también en el plano político. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha aprobado recientemente avanzar hacia una “fase armada de la revolución”, inspirada en el concepto maoísta de la “guerra popular prolongada”, en caso de un ataque contra el país. En cadena nacional, Maduro ha ordenado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acelerar el alistamiento operativo de la administración pública y ha llamado a “repartir armas” y preparar la defensa nacional en fábricas y centros de trabajo.
En paralelo, el presidente ha decretado una “constituyente sindical” destinada a reorganizar el mundo laboral bajo un nuevo marco legal que refuerce la lealtad al Estado revolucionario y neutralice cualquier disidencia mediante mecanismos coercitivos. El movimiento se inscribe en una ofensiva más amplia para subordinar todos los espacios sociales al poder central.
El siguiente paso podría ser una Reforma Constitucional. Maduro ha convocado a los movimientos sociales afines a participar en una asamblea plenaria en enero para debatir cambios en la Carta Magna, un proyecto anunciado a comienzos de 2025 y ahora reactivado. La reforma podría redefinir el sistema electoral, otorgar rango constitucional a las comunas, debilitar la autonomía regional, limitar el pluralismo político y ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en la vida política.
De prosperar, la reforma terminaría de perfilar un “Estado revolucionario” sustentado en el llamado Poder Popular. Bajo este esquema, las comunas recibirían directamente recursos del fisco para gestionar proyectos locales, desde infraestructura hasta servicios básicos. Sin embargo, al estar controladas desde el Ejecutivo, estas instancias podrían concentrar un poder equivalente o superior al de los gobiernos formales, diluyendo los contrapesos institucionales.
Desde hace casi dos años, el Gobierno impulsa este modelo a través de la Consulta Popular Nacional, un mecanismo mediante el cual comunidades organizadas presentan proyectos y los someten a votación. Ya se han celebrado cuatro consultas, presentadas como expresión de una democracia “auténtica”, en contraposición al sistema representativo tradicional.
Despliegue comunal y vigilancia social
El despliegue comunal se combina con una creciente vigilancia social. Tanto Maduro como Diosdado Cabello han instado a la militancia a identificar aliados y adversarios en sus comunidades, utilizando incluso aplicaciones oficiales como Venapp para reportar actividades sospechosas. La presión sobre medios de comunicación y la censura se han intensificado, al tiempo que se aprueban leyes que contemplan penas de hasta 30 años de prisión por justificar o matizar sanciones internacionales.
La represión continúa alcanzando a dirigentes políticos y sindicales, como Melquíades Pulido García, Nicmer Evans, José Elías Torres y William Lizardo. Todo ello ocurre en un contexto en el que las fórmulas colectivistas del chavismo, que en su momento despertaron expectativas en los sectores más empobrecidos, hoy generan desconfianza y apatía en amplios segmentos de la población, según estudios cualitativos de 2024 y 2025.
Pese a los resultados limitados obtenidos tras más de una década de impulso al Estado comunal, el chavismo insiste en dotar de legitimidad a su proyecto mediante consultas controladas y una narrativa de participación popular. El Gobierno no renuncia a la posibilidad de recomponer apoyos sociales si el escenario político se estabiliza. Y, como advierte el analista Moisés Naím, incluso con una base militante reducida, el régimen confía en que “no harían falta demasiados” para infligir un daño considerable en un eventual conflicto. @mundiario
