La UE endurece su política migratoria: Colombia y Marruecos en una lista de “países seguros”

La Comisión Europea ha desvelado esta semana una de sus iniciativas más ambiciosas —y controvertidas— en materia de política migratoria: la creación de una lista común de “países de origen seguros”. Con ella, se busca establecer una herramienta jurídica que permita a los Estados miembros acelerar los procedimientos de asilo y reducir drásticamente los tiempos de tramitación a solo tres meses para las personas procedentes de naciones que figuren en esta relación.

Aunque el mensaje oficial habla de eficiencia administrativa y alivio de los sistemas de acogida nacionales, el trasfondo es inequívoco: Bruselas adopta una línea más dura en el tratamiento de las migraciones, con criterios cada vez más homogéneos y menos permisivos. La iniciativa llega, además, en un momento en que tanto las entradas irregulares como las solicitudes de asilo están en descenso. Según Frontex, la presión migratoria ha caído un 31 % en el primer trimestre del año. A pesar de ello, la UE pisa el acelerador del blindaje fronterizo.

Entre los países incluidos en la lista destacan Marruecos, Túnez, Colombia, India, Kosovo, Bangladés y Egipto. La selección se ha realizado con base en criterios como una tasa de aceptación de asilo inferior al 5 % y el elevado número de solicitudes consideradas infundadas. El argumento de la Comisión es claro: si la inmensa mayoría de las peticiones de protección internacional provenientes de estos países acaban siendo rechazadas, no hay motivo para alargar procesos que se consideran previsiblemente improcedentes.

Sin embargo, esta lógica estadística simplifica realidades complejas. Que un país tenga bajos niveles de aceptación no implica que todos los ciudadanos estén a salvo de persecución o violencia. Bruselas insiste en que seguirá habiendo “evaluaciones individuales”, pero la inclusión en esta lista puede inclinar la balanza contra el solicitante desde el primer minuto, incluso antes de que se escuche su historia.

En un comunicado, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, asevera que “muchos Estados miembros se enfrentan a una importante acumulación de solicitudes de asilo, por lo que cualquier cosa que podamos hacer ahora para apoyar decisiones de asilo más rápidas es esencial”. Para el alto cargo comunitario, la lista de países de origen seguros “puede ayudar a los Estados miembros a tramitar las solicitudes con mayor rapidez, garantizando al mismo tiempo que cada petición siga recibiendo una evaluación individual y esté sujeta al control de los órganos jurisdiccionales nacionales”.

La ampliación del concepto de “país seguro”

Este movimiento europeo no se limita a los países de origen. La Comisión también prepara una ampliación del concepto de “tercer país seguro”, lo que abre la puerta a deportaciones a países no comunitarios que actúen como receptores de migrantes expulsados. Es el modelo que Italia ya ha intentado aplicar con Albania, al construir campos de deportación para enviar en principio a solicitantes de asilo egipcios y bangladesíes que ha sido frenado por la justicia, y que ahora podría institucionalizarse a escala europea.

Aquí es donde el componente político se impone sobre el técnico. El respaldo expreso de líderes como Giorgia Meloni, quien celebra la propuesta como una “confirmación” de la vía italiana, revela que estas listas no solo buscan agilizar trámites, sino legitimar un cambio de enfoque más profundo: menos acogida y más disuasión.

Uno de los argumentos más recurrentes de Bruselas es la necesidad de armonizar los procedimientos de asilo entre Estados miembros. En la práctica: si la lista europea entra en vigor, todos los países estarán obligados a aplicarla, independientemente de sus propias legislaciones nacionales o contextos sociales.

En el caso de España, que no cuenta con una lista nacional de países seguros, la propuesta será analizada antes de posicionarse. Pero si se aprueba, será de cumplimiento obligatorio. Así, la UE impone una lógica común que puede pasar por alto las particularidades nacionales y la historia de relaciones bilaterales con los países incluidos.

Un nuevo marco normativo que se adelanta al calendario

El nuevo marco normativo forma parte del Pacto sobre Migración y Asilo, que debería entrar en vigor en 2026. Sin embargo, la Comisión Europea ha optado por adelantar algunas de sus medidas clave, como el umbral del 20 % de tasa de reconocimiento o la posibilidad de excepciones regionales dentro de países considerados seguros. La idea es anticiparse a la saturación del sistema y aplicar desde ya herramientas que permitan gestionar.

Bruselas asegura que esta política no afectará a los estándares de derechos humanos de la UE. Pero esa promesa convive con una evidencia incómoda: cuanto más rápida es la tramitación, más riesgo hay de error o arbitrariedad. El plazo de tres meses para resolver solicitudes puede parecer razonable, pero en contextos de saturación, falta de recursos o presión política, se convierte en una carrera contra el reloj donde el solicitante parte con desventaja.

Organismos como ACNUR (Agencia para los refugiados de la ONU), o la AAUE (Agencia de Asilo de la UE), han participado en las consultas, pero la inclusión de ciertos países, como Colombia o Marruecos, plantea preguntas sobre la fiabilidad de su clasificación como “seguros”, especialmente para ciertos colectivos perseguidos por motivos políticos, étnicos o de género.

En el caso colombiano, el conflicto armado que desangra al país obliga a miles de personas a desplazarse hacia zonas urbanas lejos del control de las guerrillas. Uno de los criterios para confeccionar la lista ha sido que la tasa de aceptación de asilo de los siete países haya sido del 5 % o menos, pero que “generan un número significativo de casos” en la UE, de los cuales la mayor parte acaban siendo considerados infundados. @mundiario