Trump obtiene luz verde judicial para retener miles de millones en ayuda exterior
La política exterior de la segunda presidencia de Donald Trump ha vuelto a encontrar respaldo en los tribunales. Este miércoles, un panel del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia revocó, por mayoría de 2 a 1, la orden de un juez federal que obligaba al Departamento de Estado de EE UU a desbloquear cerca de 2.000 millones de dólares en ayuda exterior ya aprobada por el Congreso.
La decisión supone un triunfo para la Casa Blanca, que desde el 20 de enero —día de la toma de posesión de Trump para su segundo mandato— mantiene una suspensión general de 90 días sobre toda la ayuda exterior. Esta medida formó parte de un paquete más amplio de acciones que incluyeron el desmantelamiento de parte de la estructura de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la propuesta de integrarla en el Departamento de Estado.
El caso fue impulsado por dos organizaciones no gubernamentales, AIDS Vaccine Advocacy Coalition y Journalism Development Network, que recibían financiación federal para proyectos humanitarios y de desarrollo. Ambas alegaban que la congelación de fondos era ilegal y contraria a la voluntad del Congreso. El juez federal Amir Ali, designado por el expresidente Joe Biden, les dio la razón y ordenó a la Administración Trump pagar casi 2.000 millones de dólares en ayuda pendiente a sus socios humanitarios en todo el mundo.
Sin embargo, el fallo de apelación de este miércoles cambió el rumbo del litigio. La jueza Karen Henderson, en representación de la mayoría, argumentó que las ONG “carecen de causa de acción” para presentar sus reclamaciones y, por tanto, no cumplían los requisitos legales para obtener una orden judicial. Según el tribunal, únicamente la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) tiene legitimidad para impugnar formalmente una retención de fondos bajo la Ley de Control de Retenciones (Impoundment Control Act).
El razonamiento judicial evitó pronunciarse sobre si la congelación vulnera o no la Constitución, específicamente el poder de gasto del Congreso. Henderson, designada por el expresidente George H. W. Bush, subrayó que el análisis de la constitucionalidad no era necesario para resolver el caso dado que las demandantes no tenían legitimación.
El juez Gregory Katsas, nombrado por Trump en su primer mandato, respaldó este criterio y reforzó la idea de que el asunto debía resolverse estrictamente en términos procesales, sin entrar en el fondo político o constitucional del debate. La decisión limita, por ahora, la capacidad de los actores externos a la Administración republicana para cuestionar directamente las decisiones del Ejecutivo sobre la distribución de fondos exteriores.
La magistrada Florence Pan, designada por Biden, emitió una opinión disidente en la que advirtió de que el fallo “facilita el comportamiento ilegal del Ejecutivo” y erosiona el sistema de separación de poderes. Según Pan, la decisión mayoritaria “desbarata el sistema cuidadosamente equilibrado” que protege al país frente a la acumulación excesiva de poder en una sola rama del Gobierno.
El Departamento de Justicia, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, celebró la resolución y destacó que “protege competencias presidenciales fundamentales frente a la extralimitación judicial”. En un tono más político, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca sostuvo que el fallo frena a “grupos de dinero oscuro de la izquierda radical” que buscan “interferir maliciosamente” con la capacidad del presidente para administrar la ayuda exterior “de manera responsable y conforme a la política de America First”.@mundiario
