Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela: escalada hacia la confrontación

The New York Times ha revelado que el Gobierno de Donald Trump ha autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas letales dentro de Venezuela, así como misiones en aguas del Caribe, en el marco de su campaña contra el régimen de Nicolás Maduro. La decisión, parte de una presión creciente de Washington hacia Caracas, marca una escalada significativa que combina retórica militar, estrategia de seguridad nacional y cálculo político.

El propio presidente de Estados Unidos ha admitido ya este paso, justo cuando el inquilino de la Casa Blanca aumenta la presión sobre el país andino. El presidente Nicolás Maduro está acusado por Washington de participar en el narcotráfico, aunque él lo desmiente.

La administración estadounidense había mantenido hasta ahora un perfil mixto entre sanciones, uso naval en el Caribe —con persecuciones de lanchas acusadas de narcotráfico que han dejado decenas de muertos— y palabras que anuncian una “fase dos” que podría implicar operaciones terrestres.

Esta escalada no se produce en el vacío: se inserta en un discurso que acusa al régimen venezolano de articular redes de narcotráfico, financiamiento ilegal y manipulación de fuerzas armadas para afianzar su control interno. Pero el giro hacia operaciones encubiertas plantea dilemas profundos de legitimidad internacional, riesgos de desbordamiento militar y una paradoja entre medios y fines que conviene poner sobre la mesa.

Entre la lucha contra el narcotráfico y el derrocamiento

Estados Unidos justifica sus medidas en la necesidad de frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y debilitar los recursos financieros del régimen de Maduro. Según informes, desde el 2 de septiembre EE UU ha hundido al menos cinco embarcaciones sospechosas, con un saldo estimado de 27 muertos, sin que se haya precisado la identidad de las víctimas o pruebas contundentes del cargamento.

La autorización ahora concedida a la CIA contempla acciones letales contra objetivos dentro de Venezuela, en solitario o en conjunto con fuerzas militares. Aunque no está claro si ya hay planes concretos o si la autorización es más bien de contingencia, el mensaje es inequívoco: todo está “sobre la mesa”.

La presencia naval estadounidense ya es relevante: ocho buques de guerra, un submarino nuclear, más de 2.000 efectivos —incluyendo infantes de Marina y aeronaves de combate— operan en aguas internacionales cercanas a la costa venezolana. El Pentágono ha informado al Congreso de  que Trump considera que EE UU se encuentra en un “conflicto armado” contra el narcotráfico.

Desde la visión de Washington, esto representa una expansión lógica de una estrategia cuyo objetivo último podría ser disminuir la sostenibilidad política y financiera de un gobierno acusado de utilizar el narcotráfico como pilar del poder. Pero la línea entre combatir el crimen organizado y ejecutar acciones encubiertas para desestabilizar un gobierno resulta sorprendentemente fina.

Riesgos jurídicos, geopolíticos y estratégicos

Legalidad internacional y límites del derecho. La autorización de operaciones letales entraña una prolongada sombra sobre la legalidad internacional. Las acciones dentro de un Estado soberano requerirían una base jurídica sólida —auto-defensa, mandato internacional, autorización unilateral bien argumentada— que, hasta ahora, no ha sido expuesta públicamente. Sin esa base, lo que se pone en riesgo es el principio de no intervención recogido en la Carta de Naciones Unidas.

Además, los ataques previos no han sido acompañados con documentación pública que justifique la acción, ni identificación formal de las víctimas. En otros escenarios de interceptación marítima, EE UU ha optado por capturar, interrogar y procesar, no por operar con fuerza letal sin transparencia.

Escalada militar y efecto boomerang. Una escalada militar implica riesgos de reacción militar —no solo desde Venezuela, sino desde aliados regionales o actores con intereses estratégicos en la región (como Rusia o China) que podrían percibir una agresión directa. Una acción encubierta fallida podría desencadenar un conflicto más amplio.

El régimen de Maduro ya se ha preparado: ejercicios militares costeros frecuentes, movilización de fuerzas armadas y decretos de “estado de conmoción externa” en Venezuela son parte de su estrategia defensiva. Maduro interpreta que la justificación antinarcóticos es una fachada para un intento de cambio régimen por la fuerza.

Asimismo, una operación fallida o filtrada podría convertirse en un desastre de relaciones públicas para EE UU, ofreciendo narrativas nacionalistas al oficialismo venezolano y legitimando reclamos de agresión estructural.

Dilema entre medios y fines. Si el objetivo declarado es combatir el narcotráfico, el uso de operaciones encubiertas letales genera disonancia con el discurso original. ¿Por qué no limitarse a interceptar embarcaciones sospechosas, interrogar tripulantes y judicializar causas —como en otras regiones donde operan rutas de drogas—? Hasta ahora no hay transparencia ni pruebas públicas que justifiquen medidas extremas en mar abierto. Algunos observadores señalan que el trasfondo real puede ser el debilitamiento del aparato militar asociado al régimen, más que el combate del crimen organizado en sí.

Este desfase entre la gravosa operación y el objetivo público debilita la credibilidad del discurso estadounidense y abre la puerta a críticas sobre intervención encubierta con fines políticos.

El contexto latinoamericano y el papel de actores externos

El anuncio se da en un escenario álgido: EE UU ha elevado la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, ha incluido al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas e interrumpió los contactos diplomáticos con Venezuela. También planteó operaciones en tierra como parte de su “fase dos”.

Para países latinoamericanos, el anuncio es una alarma estratégica. El riesgo de desbordamiento militar hacia fronteras vecinas, o la instrumentalización de rutas marítimas compartidas, puede tensionar relaciones diplomáticas. Gobiernos que históricamente han rechazado injerencias podrían presionar con declaraciones o acciones multilaterales.

Por su parte, la concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado se convierte en otro elemento de presión simbólica, reforzando dentro y fuera de Venezuela el relato de cambio democrático, aunque ella misma rechaza equiparar la operación con intervenciones fallidas en Libia, Irak o Afganistán.

Precaución en la escalada

La decisión de autorizar operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela representa un punto de inflexión. Hasta ahora, EE UU ha mezclado sanciones, operaciones navales y discursos militares con cautela. Ahora, convierte en viable lo extremo: acciones ofensivas dentro de territorio soberano.

Si bien puede responder al deseo estratégico de debilitar al régimen chavista, esta estrategia camina con alambre. La falta de transparencia, el riesgo de escalada, el alto coste reputacional y la delgada línea entre seguridad y agresión la convierten en una apuesta arriesgada.

En el fondo, Washington necesita calibrar: si pretende usar el argumento del narcotráfico para legitimar medios contundentes, debe demostrar que existe un plan operativo, jurídico y político robusto y asumir que esa puerta, una vez abierta, puede ser difícil de cerrar. @mundiario