Funcionarios sin sueldo: Trump amenaza con no pagar salarios tras el cierre del Gobierno
El cierre parcial del Gobierno federal estadounidense cumple una semana y la incertidumbre se multiplica. Las negociaciones entre republicanos y demócratas siguen bloqueadas, mientras el presidente Donald Trump redobla su estrategia de presión para aprobar la financiación, esta vez apuntando a los funcionarios federales. El mandatario insinuó que algunos empleados suspendidos por el “shutdown” podrían no recibir los salarios acumulados, pese a que la legislación vigente les garantiza el pago retroactivo.
Durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, Trump declaró que “depende de a quiénes nos refiramos” al ser consultado sobre si los trabajadores suspendidos cobrarán lo que se les adeuda. “Hay algunas personas que no merecen que las cuidemos”, afirmó, en alusión a los cientos de miles de funcionarios afectados por el cierre administrativo, un comentario que rápidamente generó inquietud en los sindicatos y un fuerte rechazo de la oposición demócrata.
Las declaraciones se producen tras la filtración de un memorando interno de la Casa Blanca que pone en duda la obligatoriedad del pago retroactivo. El documento, publicado por Axios, interpreta que la ley aprobada en 2019 —y firmada por el propio Trump tras el cierre más largo en la historia del país— no implica una asignación automática de fondos. Según esa lectura, el Congreso debería aprobar expresamente las partidas para saldar los sueldos pendientes.
El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, respondió con dureza: “Todo empleado federal suspendido tiene derecho a recibir su sueldo retroactivo. Punto. La ley es clara y se va a cumplir”. Desde su bancada, los demócratas acusan a Trump de utilizar a los trabajadores “como rehenes” en una negociación política que busca presionar al Senado para aprobar la propuesta republicana de reapertura temporal del Gobierno.
El 'shutdown' afecta a unos 750.000 empleados públicos. De ellos, los considerados “esenciales” —como los controladores aéreos o los agentes de seguridad nacional— deben seguir trabajando sin percibir salario, mientras el resto permanece en casa sin ingresos. Aunque históricamente todos recuperan sus sueldos al término del cierre, la amenaza de Trump introduce un precedente que podría alterar una práctica institucional de décadas.
El presidente defendió su postura argumentando que “algunos no merecen” ese beneficio, y vinculó la situación al enfrentamiento con los demócratas: “Ellos han puesto a mucha gente en riesgo”, dijo, buscando trasladar la responsabilidad del bloqueo a sus adversarios. Sin embargo, desde la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) surgieron señales de ambigüedad, al afirmar que la ley de 2019 “autoriza el pago, pero no financia la partida”, una interpretación técnica que otorga al Congreso el poder de decidir si asigna los fondos o no.
Los efectos del cierre comienzan a sentirse en la economía. En aeropuertos como los de Denver, Newark o Phoenix se registran retrasos y ausentismo entre el personal de control aéreo, mientras agencias federales suspenden programas y demoran servicios. Los analistas advierten de que un cierre prolongado podría afectar también la confianza de los mercados y la actividad económica a corto plazo.
Los republicanos, con mayoría en el Senado pero sin los votos suficientes para superar el bloqueo demócrata, intentan forzar un acuerdo limitado hasta finales de noviembre. Trump, en tanto, parece decidido a endurecer su posición: ha insinuado que si el cierre se prolonga, miles de empleos federales podrían ser eliminados “de forma permanente”, argumentando que así se lograría “un presupuesto más equilibrado”.
Reporter: Is it the WH’s position that furloughed workers should be paid their back pay?
— Acyn (@Acyn) October 7, 2025
Trump: It depends on who we’re talking about. We're going to take care of our people. There are some people that really don't deserve to be taken care of, and we'll take care of them in a… pic.twitter.com/CJisMa5KyZ
Los demócratas, por su parte, reclaman que cualquier pacto incluya la renovación de los subsidios de salud del Obamacare, próximos a expirar. El desacuerdo refleja no solo una disputa presupuestaria, sino una batalla ideológica sobre el tamaño del Estado y el papel del gasto público en la economía.
Mientras tanto, el país se adentra en un nuevo episodio de parálisis institucional. La advertencia de Trump —una mezcla de amenaza y cálculo político— apunta a mantener la presión sobre el Congreso, pero también a reforzar su narrativa de liderazgo implacable ante el “despilfarro burocrático”. El coste político y humano del cierre, sin embargo, se multiplica cada día que pasa sin acuerdo. @mundiario
