Lecornu gana tiempo con la suspensión de la reforma de pensiones, pero su Gobierno sigue en el alambre
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha conseguido detener la cuenta regresiva que amenazaba con precipitar su salida apenas días después de asumir. Su decisión de suspender la reforma de las pensiones —una de las medidas más impopulares del actual ciclo político francés— le ha permitido esquivar, al menos de momento, las dos mociones de censura impulsadas por la izquierda radical de La Francia Insumisa y la ultraderecha de Reagrupamiento Nacional. Sin embargo, la maniobra, más que consolidar su autoridad, ha pospuesto el conflicto.
La reforma, que eleva gradualmente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y amplía los años de cotización requeridos, fue aplazada hasta 2028. En la práctica, esto significa que no entrará en vigor durante el actual mandato presidencial, lo que ofrece a Lecornu margen político para concentrarse en el presupuesto de 2026. A cambio, aceptó incorporar exigencias de la izquierda, como una contribución especial de las grandes fortunas y la renuncia al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes por decreto.
El aplazamiento ha generado un alivio temporal tanto en el Parlamento como en los mercados, que reaccionaron positivamente a la suspensión. No obstante, la aparente estabilidad encubre una situación precaria. El Partido Socialista —cuyo apoyo resulta decisivo para evitar la caída del Gobierno— mantiene una actitud expectante y no descarta retirar su respaldo si las promesas no se concretan. “La suspensión puede ser una oportunidad, pero queremos hechos, no solo palabras”, advirtió el líder parlamentario Boris Vallaud.
La fractura interna en las filas socialistas podría desbaratar los cálculos del primer ministro. Al menos cuatro diputados del PS ya anunciaron su intención de votar a favor de la censura, desafiando las órdenes de su dirección. Esta deserción, sumada al desconcierto dentro de Los Republicanos —divididos entre apoyar o no al Ejecutivo—, podría reducir la ventaja de veinte votos que permitía a Lecornu sortear la moción. Incluso voces experimentadas del socialismo, como el expresidente François Hollande, han intervenido para advertir del riesgo de “deshacer la conquista lograda con la suspensión”.
El contexto político refuerza la sensación de provisionalidad. Según una encuesta de Odoxa-Backbone para Le Figaro, el 72% de los franceses considera que el nuevo Gobierno no responde a sus expectativas, y un 62% se muestra descontento con la decisión del presidente Emmanuel Macron de mantener a Lecornu. Aun así, otro sondeo revela que el 52% de los ciudadanos rechaza una nueva moción de censura, lo que refleja un creciente cansancio frente a la inestabilidad institucional.
En el plano económico, el coste de congelar la reforma obligará a buscar ingresos adicionales. Lecornu fue claro: “No puede haber suspensión sin recursos para financiarla”. Lecornu estimó que la congelación costaría a las finanzas del Estado francés 400 millones de euros en 2026. Su gobierno propuso el martes un presupuesto encaminado a reducir el déficit por debajo del 5 por ciento del PIB el próximo año, que incluye 31.000 millones de euros en recortes de gasto y subidas de impuestos.
El debate presupuestario se centrará precisamente en ese punto, mientras los socialistas presionan para incluir el llamado impuesto Zucman, un gravamen del 2% sobre fortunas superiores a 100 millones de euros.
Así, el Gobierno de Lecornu transita sobre una cuerda floja: ha obtenido una tregua, pero depende de una mayoría frágil y de la buena voluntad de aliados circunstanciales. La suspensión de la reforma de las pensiones, presentada como un gesto de prudencia y diálogo, podría terminar siendo el punto de inflexión que determine si el Ejecutivo logra estabilizarse o se precipita hacia una nueva crisis política. @mundiario
