El Supremo de EE UU da luz verde a Trump para reanudar las redadas migratorias agresivas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este lunes un espaldarazo a la estrategia migratoria del presidente Donald Trump al autorizar la reanudación de redadas agresivas en Los Ángeles. Con seis votos a favor y tres en contra, la mayoría conservadora levantó la suspensión que había impuesto un tribunal inferior, lo que supone un triunfo inmediato para la Casa Blanca y sus planes de intensificar deportaciones.
La jueza federal Maame E. Frimpong había paralizado las operaciones tras considerar que los arrestos indiscriminados violaban la Constitución. Su fallo se basaba en demandas de organizaciones y ciudadanos que denunciaban abusos como detenciones arbitrarias en la calle, en centros de trabajo o incluso en zonas residenciales, motivadas principalmente por la apariencia o el idioma de los afectados.
El recurso del Departamento de Seguridad Nacional defendió la necesidad de las llamadas “patrullas itinerantes” como herramienta histórica en la aplicación de las leyes migratorias. Esa visión prevaleció en el Tribunal Supremo, donde el juez Brett Kavanaugh (nombrado por Trump en su primer mandato) argumentó que la normativa federal permite detenciones basadas en “sospechas razonables” de presencia ilegal y que ese mecanismo ha sido utilizado por gobiernos de ambos partidos durante décadas.
La decisión, aunque de carácter temporal, representa un refuerzo crucial para la política migratoria de Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha apostado por redadas masivas en zonas con alta concentración de inmigrantes, siendo Los Ángeles uno de sus principales objetivos. El aval del Supremo abre la puerta a extender este tipo de operativos a otras grandes ciudades.
No obstante, la decisión no estuvo exenta de disenso. La jueza Sonia Sotomayor (nombrada por Obama), en representación de las otras dos magistradas progresistas, denunció que “innumerables personas han sido tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia o su acento”. A su juicio, la medida del Supremo constituye un “grave abuso” en la aplicación de órdenes de emergencia y deja a miles expuestos a nuevas violaciones de derechos.
La disidencia subraya un punto clave: la dificultad de establecer un límite claro entre una detención basada en “sospecha razonable” y una discriminación por perfil racial o social. En un estado como California, con una fuerte presencia de población latina y con ciudadanos que han denunciado ser arrestados pese a tener estatus legal, la medida alimenta la percepción de arbitrariedad y hostigamiento por estigmas culturales.
La decisión judicial también tiene un componente político. Tres de los seis jueces conservadores que respaldaron la medida fueron nombrados por Trump, lo que refuerza la narrativa de que el presidente se beneficia de un tribunal alineado con sus prioridades. No obstante, desde la perspectiva jurídica, la mayoría insiste en que solo restaura una práctica amparada por la legislación migratoria vigente.
El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó con dureza al fallo, acusando al Supremo de haberse convertido en “el mariscal de un desfile de terror racial en Los Ángeles”. Sus declaraciones reflejan el clima de polarización que rodea la política migratoria y anticipan que la batalla continuará tanto en los tribunales como en las calles, donde ya han tenido lugar protestas y enfrentamientos con las fuerzas federales, aunque la Casa Blanca ha utilizado dichos disturbios como pretexto para ordenar la militarización de la ciudad.
La decisión, sin embargo, ya marca un precedente: el respaldo judicial más alto hasta ahora a la estrategia de Trump, lo que fortalece su agenda migratoria en un momento en que la tensión social y política sobre la inmigración se recrudece en el debate nacional.@mundiario
