Trump demanda a Los Ángeles: la cruzada contra las ciudades santuario sigue su curso
La Administración del presidente Donald Trump ha abierto un nuevo capítulo en su prolongada confrontación con las llamadas ciudades santuario. El Gobierno de EE UU ha presentado una demanda formal contra la ciudad de Los Ángeles, su concejo municipal y su alcaldesa, Karen Bass. Según la denuncia hecha pública esta semana por el Departamento de Justicia, el motivo radica en que las políticas de no cooperación con las autoridades federales de inmigración violan la legislación nacional y obstruyen la labor de organismos como el ICE y la Patrulla Fronteriza.
La querella, de 21 páginas, argumenta que Los Ángeles —convertida oficialmente en ciudad santuario en noviembre de 2024— ha adoptado normas que “interfieren directamente con la aplicación de las leyes migratorias federales”, y acusa a sus autoridades de fomentar el desorden público al “negarse a colaborar” con la detención y deportación de inmigrantes en situación irregular. En concreto, se señala que esta postura habría contribuido al estallido de protestas y disturbios ocurridos a inicios de junio, después de que el ICE realizara más de 1.600 detenciones en toda la ciudad y su condado.
La demanda contra Los Ángeles se inscribe dentro de una estrategia legal mucho más amplia impulsada por Trump desde su regreso a la presidencia, con acciones similares ya emprendidas contra Nueva York, Nueva Jersey y Colorado. Todas ellas comparten un denominador común: políticas que limitan la colaboración con el gobierno federal en materia migratoria, especialmente en lo relativo a detenciones y entrega de personas a las autoridades de inmigración.
Para el republicano, la lucha contra las ciudades santuario es parte esencial de su narrativa política. Desde su primera campaña electoral, ha situado el control migratorio como piedra angular de su programa. En esta segunda administración, esa línea ha cobrado aún más protagonismo: proclamó una nueva emergencia nacional en la frontera el mismo día de su investidura, y ha prometido redoblar esfuerzos para deportar a millones de inmigrantes.
Una demanda que se nutre de las protestas
La demanda presentada ante los tribunales californianos sostiene que la política migratoria de Los Ángeles viola la legislación federal en al menos tres apartados y denuncia una supuesta discriminación hacia las agencias federales. Cita declaraciones públicas de concejales locales como el demócrata Hugo Soto-Martínez, que expresó su rechazo explícito a colaborar con las deportaciones impulsadas desde Washington.
Además, la fiscal general Pam Bondi ha afirmado que las políticas santuario “alimentan el caos y la violencia”, apuntando a los episodios de vandalismo y disturbios ocurridos durante la segunda semana de junio. Estos eventos, aunque limitados en tiempo y espacio, sirvieron como base para que el gobierno federal desplegara a la Guardia Nacional y, posteriormente, a 700 marines, en una medida polémica que fue cuestionada incluso en los tribunales por el gobernador Gavin Newsom.
La reciente oleada de protestas en Los Ángeles ha sido aprovechada políticamente por Trump para reforzar su retórica de “ley y orden”. Aunque la mayoría de las manifestaciones terminaron de forma pacífica, la administración ha hecho hincapié en los episodios más caóticos para justificar su ofensiva legal. En este sentido, la demanda también cumple una función simbólica: refuerza la imagen de Trump como líder firme frente a lo que considera desobediencia institucional de gobiernos locales y estatales.
El uso de las protestas como argumento legal marca un giro interesante. Mientras que en 2020 la Casa Blanca condenaba las manifestaciones contra la violencia policial como una amenaza al orden, ahora utiliza las protestas contra las redadas migratorias como prueba de que las políticas santuario generan descontrol.
A corto plazo, el litigio podría derivar en un enfrentamiento prolongado en los tribunales, tal como ya ocurrió con el despliegue militar, aunque en ese caso un tribunal de apelaciones le concedió a la Casa Blanca el control de las tropas. Mientras tanto, el gobierno federal sigue destinando recursos y atención a reforzar su aparato migratorio. Trump y sus aliados han dejado claro que no solo pretenden frenar las políticas de las ciudades santuario, sino también imponer un modelo migratorio más restrictivo a escala nacional.
Para Los Ángeles, el desafío es doble: defender su autonomía local ante las autoridades federales y mantener la estabilidad social frente a una comunidad migrante cada vez más vulnerable. Por ahora, la ciudad no ha modificado su postura y sus autoridades, tanto locales como estatales, insisten en que sus políticas están en consonancia con los principios de justicia y derechos humanos.@mundiario
