Protestas en Irán: la crisis económica deriva en violencia y deja las primeras víctimas mortales
Las protestas que sacuden Irán desde hace varios días han entrado en una fase crítica tras confirmarse las primeras muertes vinculadas a los disturbios. Lo que comenzó como una serie de manifestaciones contra la inflación descontrolada y la caída histórica del rial se ha transformado en un episodio de violencia con víctimas mortales, arrestos masivos y una respuesta cada vez más dura por parte del Estado.
Según informaciones oficiales, un miembro de la fuerza paramilitar Basij murió durante enfrentamientos registrados en la ciudad de Kouhdasht, en el oeste del país. Medios del Estado sostienen que fue atacado por manifestantes durante altercados nocturnos, mientras que organizaciones independientes y grupos de derechos humanos aseguran que también hubo civiles muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. Aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de disputa, distintas fuentes coinciden en que se trata del episodio más grave desde el inicio de las protestas.
La agencia de noticias Fars, estrechamente afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, citó a una "fuente conocedora" que afirmó que varias personas murieron en enfrentamientos la mañana del jueves entre la policía y lo que describió como "manifestantes armados" en Lordegan, en el oeste de Irán. El grupo de derechos Hengaw también informó de muertes en Lordegan, afirmando que las fuerzas de seguridad habían disparado contra los manifestantes, al menos dos personas habrían muerto a causa del fuego directo.
El origen de las movilizaciones se encuentra en el agravamiento de la crisis económica iraní. La inflación, que ronda el 40 %, y la brusca depreciación del rial —que ha perdido cerca de la mitad de su valor frente al dólar en el último año— han erosionado el poder adquisitivo de amplias capas de la población. La escasez de productos básicos, el encarecimiento de los alimentos y la pérdida de empleo han generado un clima de frustración generalizada.
Las protestas comenzaron como concentraciones espontáneas en mercados y zonas comerciales, pero rápidamente se extendieron a numerosas provincias. En respuesta, el Gobierno decretó el cierre temporal de universidades, oficinas públicas y comercios en gran parte del país, una medida que oficialmente se justificó por motivos administrativos y climáticos, pero que fue interpretada por muchos como un intento de contener la movilización social.
Del malestar económico al choque político
Aunque las autoridades han insistido en que reconocen las dificultades económicas y el derecho a la protesta pacífica, el discurso oficial ha endurecido su tono. El presidente Masoud Pezeshkian ha advertido sobre supuestas injerencias extranjeras y ha defendido la necesidad de mantener el orden. Al mismo tiempo, el fiscal general y otros altos cargos han anunciado que responderán con firmeza frente a lo que describen como “disturbios organizados”.
La muerte del miembro del Basij ha reforzado esa narrativa. Medios oficiales sostienen que fue asesinado durante disturbios provocados por “alborotadores”, mientras que fuentes independientes cuestionan esta versión y denuncian un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. El contraste entre ambos relatos refleja la profunda brecha informativa que caracteriza al actual escenario iraní.
Las protestas actuales evocan inevitablemente las de 2022, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Aunque la magnitud todavía es menor, el patrón se repite: malestar económico, descontento social acumulado y una respuesta estatal que escala en las medidas represivas. En esta ocasión, además, el contexto internacional —marcado por sanciones, tensiones regionales y presiones externas— agrava la fragilidad interna.
El Gobierno ha anunciado conversaciones con sindicatos y representantes del sector comercial, pero al mismo tiempo ha intensificado los despliegues de seguridad. Organizaciones de derechos humanos informan de detenciones arbitrarias, uso de munición real y un fuerte control de la información, lo que dificulta verificar de forma independiente lo ocurrido en las zonas más afectadas.
La muerte de manifestantes y de un miembro de las fuerzas de seguridad marca un punto de inflexión en un ciclo de protestas que aún no muestra señales claras de agotamiento. Mientras el Ejecutivo insiste en que las protestas están siendo instrumentalizadas desde el exterior, amplios sectores de la población siguen expresando un malestar profundo por la situación económica y la gobernanza.@mundiario
