Los investigadores intentan detener al presidente de Corea del Sur, pero su seguridad lo impide

Corea del Sur vive uno de los momentos más turbulentos de su historia democrática después de que la agencia anticorrupción del país intentara ejecutar este viernes una orden de detención contra el presidente Yoon Suk-yeol. El mandatario, suspendido de sus funciones desde el 14 de diciembre, enfrenta acusaciones de abuso de poder, insurrección y la fallida declaración de la ley marcial que desató el caos a principios de diciembre. Aunque los investigadores lograron esquivar a los simpatizantes congregados en el exterior de la residencia presidencial, el servicio de seguridad bloqueó su acceso al complejo, según la agencia Yonhap.

La orden de arresto, emitida por un tribunal de Seúl, fue solicitada por la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) tras la negativa de Yoon a responder a tres citaciones. Este proceso judicial marca un hito en la política surcoreana, ya que nunca antes un presidente en ejercicio había enfrentado una situación similar.

A pesar de que las órdenes de detención suelen ejecutarse rápidamente, la CIO ha manejado este caso con cautela debido a las implicaciones institucionales y políticas. Nunca antes se ha detenido a un jefe de Estado sin que dimitiera o ya hubiera cumplido su mandato, y Yoon ha dejado claro que no planea abandonar el cargo.

Más de 1.000 seguidores del presidente se concentraron en las inmediaciones de su residencia mientras se desplegaban 2.700 agentes para prevenir enfrentamientos. Paralelamente, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl autorizó el registro de la residencia presidencial, una medida excepcional que incluye la incautación de documentos con secretos oficiales y militares. Sin embargo, el Servicio de Seguridad Presidencial ha obstruido este proceso, alegando razones de seguridad nacional.

Yoon acusa a la oposición de un ataque político

La situación ha desencadenado un intenso enfrentamiento político. Oh Dong-woon, director de la CIO, instó a los funcionarios del servicio de protección a que cooperaran y advirtió de que impedir la ejecución de las órdenes judiciales podría interpretarse como incumplimiento del deber y obstrucción a la justicia. Por su parte, los representantes legales de Yoon han calificado las órdenes como “ilegales e inválidas”, ya que alegan que las acusaciones de insurrección que le achacan a Yoon exceden las competencias de la CIO, encargada de operaciones anticorrupción. Mientras, el mandatario ha prometido resistir lo que considera un ataque político.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Yoon afirmó que luchará “para proteger al país”. “Debido a fuerzas internas y externas que infringen nuestra soberanía y a las actividades de grupos antiestatales, Corea del Sur está en peligro”, escribió el presidente en una hoja de papel que fue entregada a sus simpatizantes que protestaban contra su arresto. Esas acusaciones contra la oposición, que controla la mayoría de la Asamblea Nacional y ha impedido que el Gobierno sacara adelante buena parte de sus proyectos, fueron las que justificaron su inesperada declaración de ley marcial para prohibir todas las actividades políticas y gobernar por decreto.

El presidente interino y ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, también ha tomado decisiones controvertidas. Esta semana aprobó el nombramiento de dos jueces para el Tribunal Constitucional, la instancia que debe decidir sobre si Yoon es cesado definitivamente o restituido en el cargo y que hasta este jueves tenía tres puestos vacantes. Aunque Choi explicó que se trataba de un paso que busca desbloquear la parálisis política, ha generado el descontento en sus propias filas, las del conservador y oficialista Partido del Poder Popular (PPP), que lo acusa de ceder a las presiones de la oposición, encabezada por los liberales de centroizquierda del Partido Democrático (PD).

Los liberales ya habían logrado destituir al primer ministro (y quien se convirtió en presidente tras la destitución de Yoon), Han Duck-soo, como consecuencia a negarse a, justamente, aprobar a los tres magistrados que necesita el Constitucional. Todavía el tercer asiento en el tribunal sigue vacante debido a que los dos partidos seleccionaron cada uno un magistrado, pero el tercero se supone que será fruto de un consenso entre ambas formaciones que parece lejos, de momento.

Un futuro incierto para Yoon y Corea del Sur

El Constitucional debe decidir antes de junio si el presidente Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial. Para confirmar su destitución, al menos seis jueces deben votar a favor. La designación de dos nuevos magistrados podría inclinar la balanza en este proceso crucial para el futuro político del país. Mientras tanto, la CIO planea trasladar al mandatario a sus oficinas para interrogarlo antes de su posible ingreso en el Centro de Detención de Seúl.

La crisis comenzó el 3 de diciembre, cuando Yoon sorprendió al país al declarar la ley marcial, una medida no vista desde la época de dictadura militar de 1980. Justificó su decisión acusando sin pruebas a la oposición de controlar el Parlamento, de realizar “actividades antiestatales” y “simpatizar con Corea del Norte”. Sin embargo, la medida generó un rechazo generalizado tanto dentro como fuera de su partido, lo que llevó a una votación extraordinaria en la Asamblea Nacional para revocarla. La declaración de la ley marcial se desmanteló en pocas horas, pero las tensiones políticas continuaron escalando.

Las calles de Seúl han sido testigos de múltiples protestas desde el inicio de la crisis, con ciudadanos divididos entre quienes apoyan al presidente y quienes exigen su destitución. La oposición ha acusado a Yoon de intentar movilizar a la extrema derecha para evitar su arresto y deslegitimar a las instituciones democráticas. En este contexto, el liderazgo PPP y del PD se encuentra más polarizado que nunca.

Varios altos funcionarios han presentado su dimisión en medio del caos político, mientras que las relaciones entre los dos principales partidos han alcanzado un nuevo punto de crispación. El país, considerado una de las democracias más sólidas de Asia, enfrenta ahora una prueba de resistencia institucional en medio de un clima de incertidumbre y desconfianza. Con el reloj avanzando hacia el vencimiento de la orden de detención, el lunes, el desenlace de esta crisis podría redefinir el panorama político de Corea del Sur en los próximos meses. @mundiario