Myanmar ante el Tribunal Internacional de Justicia: un caso histórico por genocidio contra los rohinyá
Myanmar afronta uno de los litigios más relevantes de su historia reciente ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas. La acusación, presentada por Gambia en nombre de los 57 países de la Organización de Cooperación Islámica y respaldada por varios Estados europeos, sostiene que el Estado birmano actuó con intención genocida contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2016 y 2017 en el estado de Rakáin. El caso no solo examina hechos pasados, sino que puede redefinir el estándar probatorio del genocidio en el siglo XXI.
El procedimiento se apoya en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que obliga a los Estados firmantes a prevenir y sancionar actos cometidos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Gambia acudió al TIJ en 2019, argumentando que Myanmar violó esta convención al ejecutar una campaña militar que provocó el éxodo de cerca de 730.000 rohinyás hacia Bangladesh, uno de los mayores desplazamientos forzados de la historia reciente.
Uno de los ejes del debate jurídico es el precedente de Srebrenica. En 2007, el TIJ concluyó que Serbia no cometió genocidio contra bosnios directamente, pero sí incumplió su obligación de prevenirlo. Aquella sentencia fijó un umbral muy alto para demostrar la intención genocida, el elemento más difícil de probar. Los representantes legales de Gambia sostienen que, si se aplica el mismo estándar, los hechos de Rakáin —descritos como ataques coordinados en decenas de localidades— cumplen los requisitos para acreditar dicha intención.
La acusación se apoya en varios pilares. Primero, la existencia de un plan organizado desde el mando militar para “deshacerse” de la comunidad rohinyá, no en un solo enclave sino de forma sistemática. Segundo, la naturaleza de los actos: asesinatos, violaciones, incendios de aldeas y mutilaciones, documentados por investigaciones de la ONU. Tercero, el criterio de identidad: según los abogados de Gambia, las víctimas no fueron perseguidas por acciones individuales, sino “por ser quienes son”, lo que encaja con la definición de genocidio de la Convención.
Contraterrorismo y responsabilidad del Estado
Myanmar ha defendido que sus operaciones respondieron a amenazas insurgentes tras ataques de un grupo armado rohinyá. Sin embargo, expertos en derecho internacional han subrayado ante el TIJ que la existencia de un conflicto armado o de acciones antiterroristas no excluye automáticamente la intención genocida. El tribunal deberá evaluar si la narrativa de seguridad encubre, en realidad, una política destinada a destruir al grupo como tal.
El caso se desarrolla bajo el gobierno de la junta militar que tomó el poder en 2021, liderada por el general Min Aung Hlaing, señalado por la ONU como responsable de la ofensiva de 2017. En paralelo, el Tribunal Penal Internacional ha solicitado órdenes de arresto por crímenes contra la humanidad relacionados con la deportación y persecución de los rohinyás. Aunque el TIJ no juzga a individuos, sus decisiones tienen un fuerte impacto político y jurídico.
🔍 La Corte Internacional de Justicia analiza la demanda de #Gambia contra #Myanmar por el presunto genocidio de la minoría musulmana rohingya. Más información ➡️https://t.co/Iro5XAjfV0 pic.twitter.com/mD3zmrqE46
— FRANCE 24 Español (@France24_es) January 13, 2026
Este será el primer caso de genocidio que el TIJ examine de forma completa en más de una década. Su desenlace podría influir en otros litigios internacionales, como la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por la guerra de Gaza, al aclarar cómo se define y prueba la intención genocida y qué medidas cautelares o reparaciones pueden imponerse a un Estado.
La decisión final no se espera a corto plazo. Mientras tanto, las audiencias —incluidos testimonios de supervivientes en sesiones a puerta cerrada— alimentan un debate central para el derecho internacional: si el genocidio puede acreditarse a partir de patrones de conducta, planificación y escala de violencia, incluso cuando el Estado acusado alega motivos de seguridad. Lo que determine el TIJ en el caso de Myanmar no solo juzgará un episodio concreto, sino que contribuirá a delimitar el alcance real de la Convención contra el Genocidio en el mundo actual. @mundiario
