Milei encara el segundo tramo de su mandato con una agenda de reformas de alto voltaje
Javier Milei afronta la segunda mitad de su presidencia con una correlación de fuerzas inédita desde su llegada al poder en diciembre de 2023. Su inicial experiencia política marginal —dos diputados aislados en los márgenes del hemiciclo— se ha transformado en una fuerza decisiva: La Libertad Avanza (LLA) se consolida como primera minoría en la Cámara de Diputados y gana peso también en el Senado. Ese cambio cuantitativo altera el tablero político argentino y abre la puerta a una etapa de reformas más ambiciosas.
El propio Milei ha sido explícito: el resultado electoral de las parlamentarias de octubre le habilita a “ir a buscar las reformas que me faltan”. En el radar del Ejecutivo figuran una profunda reforma laboral, cambios en el Código Penal, una flexibilización de normas ambientales sensibles y un nuevo blanqueo de capitales para atraer los dólares que la economía argentina sigue reclamando con urgencia. A diferencia del primer tramo de Gobierno, dominado por decretos y por una Ley Bases negociada a regañadientes, ahora el presidente aspira a legislar con mayor fluidez.
El contexto parlamentario es clave. Sin alcanzar todavía el quórum propio, el oficialismo se sitúa cerca de mayorías simples y cuenta con el respaldo eventual de sectores conservadores y provinciales. La fragmentación del peronismo y el debilitamiento de la oposición dialoguista juegan a favor de la Casa Rosada. No obstante, esa ventaja es frágil y dependerá de la capacidad del Ejecutivo para mantener cohesionada una bancada heterogénea y personalista, construida en buena medida desde el poder estatal.
El giro táctico de Milei también se refleja en su estilo. Atenuado el tono de confrontación más extrema, el presidente se muestra ahora más dispuesto a negociar, en especial ante la presión internacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Administración estadounidense de Donald Trump han reclamado previsibilidad institucional, lo que explica la convocatoria a sesiones extraordinarias y la intención de aprobar, por primera vez, un presupuesto nacional para 2026. Gobernar sin ley presupuestaria fue una señal de fuerza en el inicio del mandato; sostenerlo indefinidamente se volvió un riesgo.
Una batería de reformas de gran calado en Argentina
Las reformas que se avecinan, sin embargo, no estarán exentas de conflicto. La flexibilización laboral anticipa un choque con los sindicatos; la modificación de la ley de glaciares inquieta a organizaciones ambientales; y los cambios penales reavivan el debate sobre seguridad y derechos. A ello se suma un nuevo esquema fiscal que el Gobierno presenta como “inocencia fiscal”, una medida pragmática en lo económico pero discutida en términos de equidad y legalidad porque permitiría incentivar el uso del dinero no declarado.
El margen político de Milei está íntimamente ligado al humor social. El ajuste fiscal, la reducción drástica del Estado y la poda del gasto público le permitieron cumplir uno de sus principales compromisos: una fuerte desaceleración de la inflación. Ese logro explica en gran medida su victoria electoral. Pero el voto recibido no parece un cheque en blanco. Analistas coinciden en que la ciudadanía empieza a demandar señales de recuperación económica, mejora del consumo y estabilidad, más allá del relato de la austeridad permanente.
La experiencia reciente muestra que el respaldo puede erosionarse con rapidez. Las protestas en defensa de la universidad pública, la crisis en sectores sensibles como la sanidad o la discapacidad, y los escándalos políticos que salpicaron al entorno presidencial marcaron límites concretos a la “motosierra”. A ello se suman interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento y la dependencia del apoyo financiero externo, que ya fue decisivo para contener turbulencias cambiarias.
En ese equilibrio delicado se juega el segundo tiempo de Milei. Un Congreso menos hostil le ofrece la oportunidad de avanzar con su programa libertario y dejar una huella legislativa duradera. Pero también lo expone a una prueba más exigente: transformar poder parlamentario en resultados tangibles, sin que el costo social o los errores de gestión diluyan el capital político acumulado. El desafío ya no es derribar al statu quo, sino demostrar que el cambio prometido puede sostenerse en el tiempo. @mundiario
