La Fiscalía imputa a Meloni por la liberación de un general libio reclamado por el TPI: ¿qué pasa?
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se encuentra bajo investigación por la Fiscalía en relación con la liberación de Osama Almasri, jefe de policía y paramilitar libio, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad por el Tribunal Penal Internacional (TPI). La controversia surgió tras la puesta en libertad de Almasri el pasado 21 de enero, un acto que ha generado una fuerte reacción internacional, con el TPI exigiendo explicaciones formales al Gobierno italiano.
La decisión de liberar al fugitivo, que se encontraba bajo arresto en Turín, ha suscitado una serie de interrogantes y acusaciones, que podrían implicar a varios miembros del Ejecutivo en presuntas irregularidades.
Almasri, quien dirigió la prisión de Mitiga en Libia, es señalado por la justicia internacional como albergue de numerosos crímenes, incluyendo torturas y graves violaciones a los derechos humanos, desde 2011. Se le acusa de al menos 35 homicidios y 22 agresiones sexuales, entre ellas la violación de un niño de cinco años. Los jueces de La Haya sostiene que se cree que participó activamente en algunos de esos delitos.
La situación ha generado indignación tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por el hecho de que Italia, en colaboración con la Unión Europea, depende de Libia para frenar la inmigración en sus costas, lo que ha motivado una estrecha relación con el régimen libio desde 2017 a pesar de los informes sobre violaciones de derechos humanos.
Meloni denuncia una operación con motivos políticos
El caso se complica aún más debido a los procedimientos cuestionados en el proceso de arresto y repatriación de Almasri. El Tribunal de Apelación italiano justificó la liberación del paramilitar libio en defectos de forma durante su arresto, ya que la petición formal para su detención nunca fue autorizada poer ministro de Justicia, Carlo Nordio.
El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, actuó rápidamente para repatriar al detenido a Libia en un avión del Estado italiano, su gestión ha sido duramente criticada. Durante una comparecencia parlamentaria, Piantedosi defendió su decisión al calificar a Almasri como un “sujeto peligroso”, pero la falta de respaldo formal del ministro de Justicia resultó en la liberación del acusado.
Meloni ha salido a defender su gestión a través de un vídeo en redes sociales, donde acusó al fiscal que ahora investiga el caso de tener motivaciones políticas, dado que este mismo fiscal había imputado a su vicepresidente, Matteo Salvini, en el caso Open Arms, en el que finalmente fue absuelto.
La primera ministra también destacó que la denuncia que originó la investigación proviene de Luigi Li Gotti, un “expolítico de izquierda” y que sería “cercano a Romano Prodi (ex primer ministro de centroizquierda)”, lo que según Meloni añade un matiz político al proceso. En su defensa, Meloni subrayó que el arresto de Almasri fue manejado de forma inapropiada, insinuando que había alguna intención detrás en que le tocara a Italia arrestar al fugitivo, especialmente cuando este había transitado sin problemas por otros países europeos antes de llegar a Italia.
El Gobierno defiende su gestión
“Curiosamente”, dice Meloni, “el TPI emitió la orden el 18 de enero, “cuando esta persona estaba a punto de entrar en territorio italiano después de que durante 12 días hubiera pasado serenamente por tres países europeos”.
La postura de Meloni ha generado un intenso debate político. Varios juristas y expertos legales han señalado que la gestión del arresto fue incorrecta. La primera ministra insistió en que la petición de arresto no fue tramitada adecuadamente, lo que llevó a la liberación del detenido, pero argumentó que, dado el contexto, la repatriación fue la opción más segura y adecuada para evitar complicaciones adicionales.
El TPI, por su parte, ha expresado su indignación por la falta de consulta previa antes de la liberación de Almasri, lo que ha incrementado las críticas internacionales contra Italia. El Tribunal ha solicitado una explicación formal sobre la actuación del Gobierno italiano, lo que pone en entredicho las relaciones del país con la justicia internacional.
El caso de Almasri pone de relieve la compleja situación que enfrenta Italia en su relación con Libia y la UE en cuanto a la gestión de la inmigración. La política italiana de cooperación con Libia ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, pero el Gobierno ha defendido esta colaboración como una necesidad para gestionar la crisis migratoria en el Mediterráneo. @mundiario
