La Fiscalía de Colombia apunta a una red de sicarios tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay
El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado en Bogotá, sigue rodeado de interrogantes que la Fiscalía colombiana intenta esclarecer. En su primera comparecencia pública tras los hechos, la fiscal general Luz Adriana Camargo sostuvo que los indicios apuntan a una red de sicarios, más allá del adolescente de 15 años que ejecutó el ataque. La hipótesis plantea un escenario complejo: un crimen organizado, que habría contratado a un menor como ejecutor material.
Aunque la Fiscalía aún no ha revelado detalles sobre los posibles determinadores del atentado, sí ha sido enfática en señalar que el joven capturado no actuó por cuenta propia. “Este muchacho es apenas un ejecutor material. Estamos perfilando a quienes podrían ser los determinadores del crimen”, explicó la fiscal Camargo.
En el marco de las investigaciones, se han revisado más de 1.000 vídeos de seguridad, realizado 23 entrevistas y se adelantan análisis balísticos y forenses. Camargo subrayó que el objetivo es desentrañar toda la cadena de responsabilidad, lo que implica descubrir a los intermediarios y autores intelectuales.
Este modus operandi —uso de menores, múltiples niveles de mando, contrataciones indirectas— coincide con el funcionamiento de estructuras criminales que operan como redes de sicariato: organizaciones donde los encargados de los actos violentos reciben solo información operativa, sin conocer a quienes realmente ordenan el crimen.
Un elemento de interés en la investigación es la pistola Glock utilizada en el atentado. Según confirmó el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, el arma fue comprada en agosto de 2020 en el estado de Arizona (Estados Unidos). La procedencia legal de la pistola añade una nueva capa de desconcierto en la investigación, ya que no se ha podido determinar cómo llegó a Colombia ni cómo terminó en manos del adolescente que disparó contra Uribe Turbay.
El rastreo de este tipo de armas puede arrojar información valiosa sobre los canales de tráfico ilegal de armamento y sobre posibles conexiones del atentado con otras acciones criminales. La Fiscalía ha indicado que se están realizando pruebas de cotejo balístico para determinar si la pistola ha sido usada en otros delitos, lo que podría vincular a sus portadores con otras estructuras delictivas ya conocidas.
El móvil desaparecido: una pieza clave que aún no aparece
Uno de los puntos más controvertidos del caso es la desaparición del teléfono móvil del menor capturado. Un vídeo revelado por el medio Noticias Uno muestra al joven, una hora antes del atentado, caminando por la zona con un móvil en la mano.
Sin embargo, cuando fue capturado por la Policía, el móvil no fue encontrado. El general Triana indicó que los agentes que hicieron la detención nunca encontraron un teléfono ni el menor les entregó uno. Esta contradicción entre lo observado en los vídeos y lo que reportaron los uniformados ha abierto una nueva línea de investigación para determinar su paradero.
La fiscal general Camargo confirmó que, con base en las cámaras de seguridad y otras pruebas, se estableció que el joven sí portaba un móvil antes del atentado. "Estamos haciendo un rastreo porque en unas imágenes se le ve con un celular. En el momento de su aprehensión, ese dispositivo no fue recuperado", afirmó.
Este elemento ausente puede ser decisivo por la posibilidad de encontrar información sobre los contactos del menor y así revelar conversaciones, coordenadas u órdenes que lo vinculen con otros actores involucrados en el crimen.
¿Fallos en la protección o infiltración?
Por otra parte, el presidente Gustavo Petro mencionó la posibilidad de que hubiera fallas o infiltración en el esquema de seguridad del senador Uribe Turbay. En respuesta, la Policía ha iniciado una investigación disciplinaria contra los cuatro agentes que conformaban la escolta, aunque no se ha confirmado si la Unidad Nacional de Protección —que también integraba el equipo de seguridad— hará lo propio.
La sospecha sobre un posible nivel de complicidad o negligencia dentro del esquema de protección se une a las dudas sobre la manipulación del lugar de los hechos, incluyendo la desaparición del móvil y el manejo de pruebas sensibles en los minutos posteriores al ataque.
La Fiscalía se enfrenta a un caso que, aunque cuenta con un agresor capturado, está lejos de estar resuelto. Las líneas de investigación apuntan hacia una estructura criminal más compleja, con participación de varios actores, entre ellos intermediarios y posibles financiadores. La procedencia del arma, la desaparición del móvil y el perfil del ejecutor material —un menor de edad que fue desechado tras ejecutar el ataque— forman características de una estructura organizada.@mundiario
