El FBI allana la casa de una reportera de The Washington Post en un caso por filtraciones
Agentes del FBI han registrado este miércoles la vivienda de la periodista Hannah Natanson, redactora de The Washington Post, en el marco de una investigación por la presunta filtración de información clasificada por parte de un funcionario del Gobierno de Estados Unidos. El operativo, que incluyó la incautación de dispositivos personales de la reportera, ha reavivado el debate sobre la libertad de prensa y los límites de la acción federal frente al trabajo periodístico.
El registro se ha producido en el domicilio de Natanson, en el Estado de Virginia, a escasa media hora de Washington, mientras la periodista se encontraba en su interior. Los agentes federales se han llevado su teléfono móvil, dos ordenadores portátiles y un reloj inteligente. Según han explicado los investigadores, Natanson no es el objetivo de la investigación, que se centra en Aurelio Pérez-Lugones, un informático de una oficina federal de Maryland con autorización de seguridad de alto secreto.
De acuerdo con una declaración jurada del FBI, Pérez-Lugones habría trasladado a su domicilio documentos clasificados, que los agentes aseguran haber encontrado tanto en una fiambrera como en el sótano de su vivienda. El director del FBI, Kash Patel, ha confirmado en redes sociales que el presunto filtrador ha sido detenido y permanece bajo custodia. En su mensaje, Patel ha acusado a la periodista de difundir información “militar clasificada y sensible”, una afirmación que ha elevado la tensión entre el Gobierno y los medios.
Un precedente delicado para el periodismo estadounidense
El allanamiento de la vivienda de una periodista en activo es una medida extraordinaria en Estados Unidos, donde tradicionalmente se ha protegido el trabajo de la prensa incluso en investigaciones por filtraciones. Aunque las pesquisas sobre fuentes gubernamentales se han intensificado en distintos momentos, especialmente durante los mandatos de Donald Trump, hasta ahora era excepcional que los agentes federales entraran en domicilios de profesionales de los medios y requisaran su material de trabajo.
Natanson se ha especializado en cubrir las condiciones laborales de los funcionarios federales y, en los últimos meses, ha seguido de cerca los despidos masivos impulsados por la Administración Trump en su segundo mandato. La reducción del tamaño del Estado se ha convertido en una de las prioridades del presidente, que ha puesto al empresario Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Según datos oficiales, la plantilla federal se ha reducido en más de 277.000 personas durante el último año.
En diciembre, la periodista publicó un reportaje en primera persona en el que relataba cómo recogía testimonios de empleados públicos afectados por cierres de oficinas, recortes de personal y presiones internas. Ese trabajo, basado en fuentes directas y denuncias de trabajadores, la situó en el centro de un ámbito especialmente sensible para la actual Administración.
Cambio de doctrina en el Departamento de Justicia
El caso se enmarca en un giro reciente de la política del Departamento de Justicia. La fiscal general, Pam Bondi, ha anulado una norma que impedía a los investigadores acceder a los registros telefónicos de periodistas para identificar fuentes gubernamentales. En un memorando, Bondi ha justificado la decisión asegurando que no se tolerarán filtraciones que “socaven las políticas del presidente” o supongan un riesgo para la seguridad nacional.
Este miércoles, la responsable de Justicia ha insistido en ese mensaje, subrayando que la Administración Trump no permitirá la divulgación ilegal de información clasificada que pueda poner en peligro a personal militar o a agencias federales. La dureza del discurso contrasta con la tradición de cautela institucional frente a la prensa y ha despertado inquietud entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Un contexto de tensiones recurrentes
Las presiones sobre los medios han aumentado durante los Gobiernos de Donald Trump. En su primer mandato, el presidente denunció reiteradamente las filtraciones y llegó a amenazar con acciones legales contra medios de comunicación. En los últimos días de aquella etapa, el Departamento de Justicia ordenó el acceso a registros telefónicos y de correo electrónico de periodistas para investigar filtraciones, una práctica que fue ampliamente criticada.
La controversia resulta aún más llamativa por el precedente del propio Trump, que fue investigado por la gestión indebida de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca en 2020. Aunque agentes del FBI hallaron material sensible en su residencia de Mar-a-Lago, el caso terminó siendo desestimado.
El registro en la vivienda de Hannah Natanson marca así un punto de inflexión. Más allá de la investigación concreta, el episodio plantea una cuestión de fondo: hasta qué punto la persecución de filtraciones puede avanzar sin erosionar el derecho de la ciudadanía a estar informada y sin colocar a los periodistas bajo la sombra de la acción penal por ejercer su trabajo. @mundiario
