EE UU pone a Maduro a disposición judicial y anuncia un juicio por narcotráfico y corrupción
El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este sábado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, está “bajo arresto” y será juzgado en suelo estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico, la corrupción y la conspiración criminal. El anuncio llega pocas horas después de la operación militar ejecutada de madrugada en distintos puntos de Venezuela, una acción que ha elevado al máximo la tensión entre Washington y Caracas y ha provocado una oleada de reacciones internacionales.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha recordado que Maduro y su esposa, Cilia Flores —también detenida, según fuentes estadounidenses—, fueron imputados formalmente en 2020 por el Distrito Sur de Nueva York. Aquella acusación incluía cargos de conspiración narcoterrorista, introducción de grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos, posesión de armas de guerra y utilización de estructuras estatales venezolanas para facilitar actividades criminales. “Ahora se enfrentarán a la justicia estadounidense, en tribunales estadounidenses”, ha subrayado Bondi en un mensaje difundido en redes sociales.
La confirmación del arresto ha llegado inicialmente a través del senador republicano Mike Lee, quien ha asegurado haber sido informado directamente por el secretario de Estado, Marco Rubio. Según Lee, Maduro fue detenido por personal estadounidense con el objetivo de ser procesado penalmente y los bombardeos realizados durante la operación tuvieron como finalidad “proteger y defender” a los agentes encargados de ejecutar la orden de arresto. Washington no ha ofrecido, por el momento, detalles sobre el estado de salud ni el paradero exacto del matrimonio.
Maduro figuraba desde hace años como uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense. En 2020, el Departamento de Estado llegó a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, en una de las mayores recompensas jamás anunciadas contra un dirigente extranjero en activo. La acusación, presentada en Nueva York, señalaba al mandatario venezolano como presunto líder de una red que habría utilizado el aparato del Estado para facilitar el tráfico de cocaína hacia Norteamérica.
La detención se produce tras meses de escalada política, diplomática y militar entre ambos países. En ese periodo, la Administración Trump había reforzado su presencia naval frente a las costas venezolanas, incautado cargamentos de petróleo y advertido de posibles acciones directas bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Con la captura de Maduro, el secretario de Estado no prevé, según fuentes citadas por el senador Lee, nuevas acciones militares inmediatas en territorio venezolano.
El anuncio ha generado críticas en sectores del Partido Demócrata, que cuestionan la legalidad de la operación y su encaje en el derecho internacional. Desde el ala republicana, sin embargo, se defiende que la actuación estaría amparada por las facultades del presidente de Estados Unidos recogidas en el Artículo II de la Constitución, que le otorga autoridad para proteger al personal estadounidense frente a amenazas reales o inminentes.
Desde el Departamento de Estado, el subsecretario Christopher Landau ha celebrado el arresto con un mensaje contundente. “El tirano se ha ido”, ha escrito, aludiendo a lo que considera “un nuevo amanecer para Venezuela”. Landau ha insistido en que Maduro deberá rendir cuentas por los delitos que se le imputan, en un proceso judicial que, de confirmarse los anuncios oficiales, marcaría un precedente sin parangón en la relación entre Estados Unidos y América Latina.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue a la espera de más detalles sobre el traslado, el proceso judicial y las consecuencias políticas de una detención que puede alterar de forma profunda el futuro inmediato de Venezuela y el equilibrio regional. @mundiario
