Dimiten de forma masiva los ministros de la Corte mexicana en protesta a la reforma judicial
La controvertida reforma judicial que el Gobierno de Claudia Sheinbaum intenta implementar en México ha desatado una crisis institucional sin precedentes, marcada por fuertes tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Esta iniciativa, que plantea cambios radicales en la administración de justicia, enfrenta la resistencia de varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 8 de los 11 magistrados, incluyendo a la presidenta del órgano, Norma Piña, han presentado su renuncia. Estos anuncios llegan en medio de una batalla política y legal en la que el tribunal se prepara para votar la constitucionalidad de la reforma, planteada como un "proyecto prioritario para el Gobierno".
“Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, señaló Piña en una carta al Senado.
La reforma judicial ha intensificado el conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial en México. La presidenta Sheinbaum ha manifestado su rechazo a las dimisiones, acusando a los magistrados de aprovechar el retiro anticipado para conservar los beneficios que la propia reforma busca reducir. “Es inconstitucional”, declaró, y señaló que estos actos reflejan el desinterés de los ministros por los cambios impulsados en favor de una “justicia democrática”. Este proyecto, sin embargo, no solo enfrenta el rechazo en la SCJN, sino también en vsarios sectores de la sociedad y en la oposición, quienes lo perciben como un intento de centralizar el poder.
El modelo propuesto establece la elección popular de todos los jueces, desde el nivel estatal hasta el federal, incluidas las magistraturas de los tribunales superiores. Este sistema fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero será la nueva presidenta quien enfrente el desafío de implementar esta transformación en un contexto de rechazo. La elección de miles de jueces mediante voto ciudadano plantea numerosas dificultades, desde la organización hasta la imparcialidad judicial, pues la reforma rebaja el salario y modifica la posibilidad de remoción de los puestos. Todo mientras que el Instituto Nacional Electoral aún no cuenta con directrices claras para gestionar este nuevo proceso.
Dignidad, honestidad y congruencia. pic.twitter.com/R4zIbdefJO
— Norma PH (@NormaPinaH) October 30, 2024
Académicos y expertos han alertado holgadamente sobre los riesgos que esta reforma plantea para la independencia judicial en México. Josafat Cortez, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que esta reforma es “una purga en el sistema judicial que mina la independencia y trastoca la división de poderes”. La eliminación de los beneficios de retiro, la reducción de salarios y la amenaza de despidos afectan la autonomía de los jueces, argumentan los críticos, al desestabilizar el sistema de justicia en aras de una supuesta “democratización” del poder judicial.
Ante la embestida del Ejecutivo, la SCJN ha propuesto medidas para atenuar los efectos de la reforma. En su proyecto, los ministros sugieren que ciertos jueces, como los de distrito y los magistrados de circuito, no sean sometidos a la votación popular para preservar la estabilidad de sus funciones. Además, solicitan mantener el sistema de promoción y las condiciones salariales que, son esenciales para garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Nueva reforma constitucional: el Congreso interviene
El Gobierno y sus aliados en el Congreso han impulsado una nueva reforma constitucional para limitar la capacidad de la SCJN de intervenir en los cambios aprobados por el Legislativo. Este movimiento ha despertado la preocupación de la oposición, que considera que otorga excesivo poder al Congreso, al eliminar el filtro de revisión constitucional. La oposición ha alertado sobre el riesgo de que se consolide un modelo en el que el Ejecutivo y las mayorías parlamentarias impongan cambios sin revisión judicial, afectando el equilibrio de poderes.
Además de la elección de jueces, la reforma propone la creación de dos nuevos organismos: uno encargado de la administración de la judicatura y otro, un tribunal disciplinario para sancionar a los jueces que no cumplan con las nuevas normas. Sin embargo, expertos como Cortez advierten que la ambigüedad en la estructura de este tribunal podría convertirlo en una herramienta de control político para presionar a los jueces y asegurar su alineación con las directrices del Gobierno.
El próximo martes, la SCJN votará sobre la constitucionalidad de la reforma, mientras el Congreso sigue adelante con sus iniciativas para implementar los cambios propuestos. La reforma judicial, por tanto, enfrenta un camino incierto, con el riesgo de provocar una crisis institucional prolongada que desafíe la gobernabilidad y el futuro del sistema judicial en México. @mundiario
