Sheinbaum defiende la reforma judicial mientras el Supremo estudia su constitucionalidad
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha salido en defensa de la reforma judicial impulsada por su administración, luego de que el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, presentara un proyecto de sentencia que modifica una parte significativa de esta enmienda. En una conferencia de prensa, Sheinbaum ha acusado a la Corte Suprema de actuar de forma “inconstitucional” al intentar anular ciertos elementos de una reforma que, según ella, siguió los procedimientos legislativos y ya forma parte de la Constitución.
“No es correcta esta propuesta que está presentando este ministro (González)”, enfatizó Sheinbaum. “Los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. No tienen las atribuciones para legislar ni para revertir una reforma constitucional que cumplió todos los procesos establecidos en la Carta Magna”, sentenció.
El proyecto de sentencia de González Alcántara sugiere anular el apartado de la reforma que introduce la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, uno de los pilares fundamentales de la propuesta. Esta disposición, promovida inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por Sheinbaum, busca transformar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial para acercarlo más al electorado. Sin embargo, el ministro propone mantener la elección en las urnas de los ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral y miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Con ello, Alcántara parece equilibrar el enfoque al intentar preservar la carrera judicial de numerosos jueces, mientras se cede el control de los altos cargos a la voluntad popular.
En su declaración, Sheinbaum señaló que en el pasado la Corte no objetó reformas constitucionales aprobadas durante el “periodo neoliberal”, a pesar de que algunas de estas afectaban a la población y la nación, en sus palabras. Hizo referencia específica a la reforma de 1994, cuando se redujo el número de ministros y se forzó la renovación completa del Tribunal.
La presidenta también advirtió que la decisión de la Corte en este caso podría marcar su legado, instando a los ministros a reflexionar sobre el impacto de su voto en la historia y en el pueblo mexicano. “Estos ministros que van a votar sabiendo que su voto va contra la Constitución... pasarán a la historia, y el pueblo recordará cómo se comportaron en un momento crucial para el país”, declaró.
Eliminar la elección popular de jueces
Sin una fecha precisa para la discusión del proyecto en el pleno, la Corte Suprema se enfrenta a una posible fractura interna, que podría provocar una crisis de poderes entre el Gobierno y el Poder Judicial. El proyecto de González Alcántara requiere de al menos ocho de los doce votos para ser aprobado, y si bien el bloque mayoritario se opone al oficialismo, fuentes internas sugieren que el resultado final no es predecible. Según expertos, de aprobarse esta sentencia, se protegería la carrera judicial de cientos de magistrados y jueces que han escalado dentro del sistema mediante exámenes y méritos.
El escenario se ha complicado tras la renuncia anticipada de varios ministros que rechazan participar en la próxima elección judicial. Entre los que han renunciado se encuentra el propio ministro Alcántara, en un aparente rechazo a las elecciones populares que afectarían la estructura judicial. Mientras tanto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que los ministros permanecerán en sus cargos hasta que sus reemplazos asuman, salvo Luis María Aguilar, cuyo periodo constitucional termina el 30 de noviembre.
La situación ha generado divisiones dentro de Morena, el partido oficialista. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha declarado que el partido no acatará la sentencia de la Corte si esta procede con la invalidación parcial de la reforma. Esta postura augura un enfrentamiento entre los poderes, a menos de un mes de la investidura de Sheinbaum como presidenta. El proyecto de Alcántara, sin embargo, justifica su propuesta al afirmar que la elección de jueces y magistrados vulnera la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.
Paro general del Poder Judicial
El debate sobre la enmienda incluye la constitucionalidad de las modificaciones al juicio de amparo, otro punto controvertido. La reforma ha restringido la posibilidad de que los jueces suspendan normas con efectos generales, lo que ha sido percibido como una limitación para los activistas y ciudadanos que buscan frenar leyes perjudiciales para el medio ambiente y otros intereses colectivos. Alcántara señala que esta restricción es antidemocrática y que debilita la protección legal en temas de interés público.
Además, el proyecto enfatiza la necesidad de un sistema de sanciones adecuado para los jueces, planteando que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial debe centrarse en conductas inapropiadas, sin intervenir en los contenidos de las sentencias, para evitar cualquier influencia en la autonomía judicial. El documento sugiere que cualquier cambio en el sistema de nombramientos debería aplicarse una vez que finalicen los periodos de los jueces actuales, sin afectarlos de inmediato.
El contexto de esta reforma judicial ha desencadenado además un paro parcial de trabajadores del Poder Judicial, que llevan dos meses protestando contra la reforma. A pesar de la orden del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de reanudar actividades, los empleados judiciales en algunas sedes han mantenido el paro en protesta. La presidenta Sheinbaum ha respaldado la orden de sancionar con recortes salariales a quienes no retornen a sus puestos, mientras los trabajadores continúan su movilización y critican la decisión del CJF como un intento de coartar su derecho a la protesta. @mundiario
