Los demócratas de Texas se preparan para dar batalla al rediseño electoral impulsado por Trump

La Cámara Baja del estado, dominada por los republicanos, ha emitido órdenes de arresto civil contra los legisladores que han huido. El gobernador Greg Abbott amenaza con destituir a algunos miembros de la oposición.
Melania Trump, primera dama, Donald Trump, presidente de EE UU y el gobernador de Texas, Greg Abbott. / White House
Melania Trump, primera dama, Donald Trump, presidente de EE UU y el gobernador de Texas, Greg Abbott. / White House

La confrontación política en Texas ha alcanzado un nuevo punto álgido. En esta ocasión, el centro del conflicto es el intento del Partido Republicano, impulsado por el presidente de EE UU Donald Trump, de rediseñar los mapas electorales del estado, un histórico bastión conservador, para reforzar sus perspectivas en las elecciones de medio término de 2026. Ante esta situación, los legisladores demócratas han optado por una medida drástica: abandonar el estado y paralizar temporalmente el funcionamiento de la Cámara de Representantes estatal al privarla del quórum necesario para legislar.

La estrategia, que recuerda tácticas similares empleadas en años anteriores, ha provocado una respuesta inmediata por parte del gobernador republicano Greg Abbott y de los líderes legislativos del partido. Se han emitido órdenes de arresto civil contra los legisladores ausentes, y se ha instruido al Departamento de Seguridad Pública para que los localice y los devuelva al Capitolio de Texas. Sin embargo, los demócratas han viajado a estados aliados como Nueva York, Illinois y Massachusetts, fuera del alcance de la jurisdicción texana, donde la cooperación legal para su retorno no es obligatoria.

Este enfrentamiento no se reduce a una mera disputa estatal. En el fondo, representa una maniobra estratégica nacional con implicaciones en el equilibrio de poder en Washington. La propuesta republicana en Texas busca redibujar cinco distritos congresionales para consolidar su representación en la Cámara Baja federal. En un contexto donde el margen de control republicano es de apenas tres escaños, cada distrito cuenta.

Los demócratas argumentan que el rediseño responde a una intención de alterar artificialmente la representación política a favor del expresidente Trump, quien se enfrenta a un escenario de pérdida de apoyo político que tradicionalmente afecta a los presidentes estadounidenses de cara a las elecciones de medio término, como ocurrió en 2018 durante su primer mandato. La negativa a participar en el proceso legislativo se presenta como un acto de resistencia ante lo que consideran un intento de manipular las reglas del juego democrático, aunque no es ilegal en EE UU.

Por su parte, el liderazgo republicano en Texas ha respondido con dureza. El presidente de la Cámara, Dustin Burrows, ha señalado que habrá consecuencias para los legisladores ausentes, incluyendo multas y posibles destituciones, basándose en opiniones legales no vinculantes emitidas por el fiscal general estatal, Ken Paxton. Este último, a su vez, ha elevado el tono del conflicto al calificar a los demócratas como “cobardes” que deben ser “arrestados y devueltos de inmediato”.

Más allá del cruce de declaraciones, el conflicto pone de relieve la creciente politización del proceso de redistribución electoral, un mecanismo que constitucionalmente corresponde a los estados tras cada censo. Si bien es una herramienta legal, su uso con fines partidistas —conocido como gerrymandering— ha generado disputas en todo el país y se ha convertido en un campo de batalla entre demócratas y republicanos.

La respuesta de los gobernadores demócratas en otros estados también sugiere que este conflicto podría tener un efecto dominó. Algunos de ellos han planteado la posibilidad de rediseñar sus propios mapas electorales como contrapeso, aunque sus márgenes legales para hacerlo son más limitados.

En términos jurídicos, las órdenes de arresto civil emitidas por la Cámara de Texas tienen alcance únicamente dentro del estado. No se tratan de delitos penales, y por tanto no debería existir fundamento para solicitar la extradición de los legisladores a otros estados. La legisladora estatal Jolanda Jones lo resumió al decir: “Las citaciones de Texas no funcionan en Nueva York… son cortinas de humo”.

Aunque la táctica de abandonar el estado no es nueva, su uso en este contexto subraya la importancia de los mecanismos institucionales en juego. Sin quórum, la legislatura estatal no puede avanzar, lo que deja en suspenso la aprobación del rediseño de los distritos. Mientras tanto, los republicanos buscan todos los medios posibles para recuperar el control legislativo y continuar con su agenda. Mientras presidía la Cámara, Burrows afirmó que haría “todo lo que esté en mi mano para establecer el quorúm y hacer avanzar este órgano por todos los medios a mi alcance”.

Este episodio en Texas es una manifestación clara de cómo las dinámicas partidistas nacionales ya se infiltran en los procesos locales. La lucha por el poder en el Congreso de EE UU ya no se libra exclusivamente en las urnas, sino también en las salas de los parlamentos estatales, en los pasillos del Poder Judicial y, en este caso, en la geografía misma del país. @mundiario

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