El ‘decretazo’ de Petro: claves de una consulta impuesta y el abismo político en Colombia
Gustavo Petro ha cruzado una línea roja. Tras el rechazo del Senado a su propuesta de consulta popular con 49 votos contra 47, el presidente de Colombia anunció en televisión nacional que firmará el decreto que convoca la elección, alegando que “jamás hubo un concepto favorable” y denunciando que hubo “trampa” en la votación. A su juicio, el Congreso no se pronunció válidamente, y eso le faculta legalmente para decretar la consulta.
Pero más allá del tecnicismo jurídico que sustenta su decisión, el paso que da Petro implica una ruptura con las reglas tradicionales de la separación de poderes. Como advirtió el exsenador Humberto de la Calle, arquitecto de la Constitución de 1991, “el Ejecutivo no puede anular actos del Congreso. Equivale a un golpe de Estado”.
El decreto presidencial incluirá la fecha de votación (tentativamente entre finales de julio o principios de agosto), las doce preguntas de la consulta —centradas en la reforma laboral— y las reglas para la organización y financiación del proceso. Se encomendará a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral su ejecución.
Aquí comienza una nueva batalla: el registrador Hernán Penagos deberá decidir si acoge el decreto o si espera una decisión judicial. Si lo valida, deberá liberar recursos estimados en 700.000 millones de pesos y declarar una “urgencia manifiesta” para organizar logísticamente la consulta, siguiendo el precedente de la consulta anticorrupción de 2018.
Pero la oposición ya ha activado sus defensas. Una cascada de demandas caerá sobre el decreto, que será evaluado por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Esta instancia ya estudia una demanda sobre el hundimiento de la consulta en el Senado, en la que se argumenta —de forma similar al discurso presidencial— que hubo irregularidades que invalidan la decisión legislativa. Sin embargo, el proceso está en curso, y no ha fallado sobre si esa decisión fue legal o no.
Una estrategia con consecuencias institucionales impredecibles
Lo que hace inédito este escenario no es solo el uso del decreto, sino el desafío implícito al orden institucional. Petro no ha esperado la decisión del Consejo de Estado, y su Gobierno actúa como si el Senado no hubiese decidido. Esa interpretación ignora que los órganos de control aún estudian la validez del procedimiento parlamentario. En palabras de los partidos de oposición, “es una ruptura a la separación de poderes”.
El decreto de consulta se suma a un contexto político altamente inestable. La coalición de gobierno está fragmentada, el Congreso bloquea sus reformas, la Fiscalía investiga a varios de sus aliados por corrupción y las encuestas revelan un desgaste acelerado del mandatario. En este panorama, Petro opta por radicalizarse y polarizar, buscando movilizar a sus bases con un discurso de confrontación que lo sitúe como víctima de una élite que impide su proyecto transformador.
¿Y la reforma laboral? El pretexto y la paradoja
Paradójicamente, mientras Petro insiste en que la consulta es el camino para salvar la “verdadera” reforma laboral, el Congreso aún debate el proyecto. Su versión más reciente ha sido modificada —por ejemplo, incluye contratación por horas, criticada como regresiva—, pero sigue en trámite. Aun así, el presidente descalifica este proceso y apuesta por una consulta que, si se realiza, podría no alcanzar el umbral de participación requerido.
Se estima que cerca de 13 millones de colombianos deben acudir a las urnas para que la consulta sea válida. En el contexto actual, con desconfianza institucional y sin una gran movilización popular en su respaldo, ese número parece improbable. El resultado podría ser un fracaso político costoso, que debilite aún más al Ejecutivo.
La imposición de una consulta popular por decreto no solo es jurídicamente frágil, sino políticamente arriesgada. El presidente Petro ha elegido el conflicto abierto con el Congreso y, posiblemente, con el Consejo de Estado. La imagen de un líder democrático que actúa dentro de los márgenes constitucionales se ve reemplazada por la de un mandatario que gobierna por confrontación y decreto.
En ese tránsito del “radicalismo institucional” al desborde institucional, lo que está en juego no es solo una consulta o una reforma laboral, sino el delicado equilibrio de poderes que sostiene la democracia colombiana. Si los tribunales y las instituciones no logran frenar esta deriva, y si el presidente no está dispuesto a retroceder, el país puede entrar en una espiral de crisis constitucional con consecuencias profundas para su gobernabilidad. @mundiario
