¿Cómo los recortes masivos a la salud desataron una batalla legal contra la Administración Trump?

Una coalición de fiscales de EE UU, liderada por los estados de Nueva York y California, ha demandado a la Administración del presidente Donald Trump por los recortes masivos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Alegan que esta medida ha paralizado funciones esenciales y pone en riesgo la salud pública en todo el país.

La reestructuración del HHS, encabezada por el secretario Robert F. Kennedy Jr., ha desencadenado una tormenta legal. La Administración Trump anunció en marzo su plan de recortar 20.000 puestos de trabajo, casi el 25 % del personal del HHS, mediante despidos, jubilaciones anticipadas y paquetes de retiro voluntario. El argumento oficial: aumentar la eficiencia y reducir duplicidades en la burocracia sanitaria. Sin embargo, para una veintena de estados demandantes, esta es una excusa para desmantelar programas esenciales sin el aval del Congreso.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Rhode Island, sostiene que los despidos han afectado desproporcionadamente a programas clave, como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Estos organismos son pilares de la salud pública estadounidense y sus funciones abarcan desde la vigilancia epidemiológica hasta la regulación de medicamentos y alimentos.

Los fiscales generales de 19 estados argumentan que los despidos han paralizado funciones esenciales: se han cerrado laboratorios para pruebas de enfermedades infecciosas, se ha suspendido el monitoreo de estudios oncológicos y varios programas de salud materna y de aprendizaje infantil han cesado por falta de personal o financiación.

Uno de los impactos más notorios ha sido en la respuesta a brotes de enfermedades como el sarampión. Según la demanda, la pérdida de personal en los CDC ha impedido una respuesta efectiva ante el mayor brote en años recientes, debilitando la capacidad de los estados para contener enfermedades transmisibles.

Además, se eliminó el equipo que mantenía las pautas federales de pobreza, herramientas fundamentales para determinar la elegibilidad de millones de personas a programas como Medicaid y asistencia nutricional. También se desmanteló una agencia dedicada a la prevención del tabaquismo y se redujo significativamente el personal que atiende la salud mental y el abuso de sustancias.

¿Reforma o desmantelamiento?

Desde el Gobierno, el mensaje ha sido claro: la reestructuración busca modernizar el aparato estatal, eliminar redundancias y ahorrar recursos. Kennedy Jr., por su parte, ha defendido los cambios como una forma de simplificar y enfocar las funciones del HHS en lo esencial. Sin embargo, los estados demandantes no lo ven como una reforma administrativa, sino como un intento deliberado de debilitar el sistema de salud pública.

En este sentido, acusan a la Administración de haber actuado fuera de los límites legales. Alegan que el Ejecutivo no tiene potestad para desmantelar unilateralmente programas y fondos aprobados por el Congreso, lo que, según los fiscales, viola el principio constitucional de separación de poderes. Además, cuestionan el criterio ideológico detrás de las decisiones, apuntando a las posiciones antivacunas de Kennedy y su historial de oposición a la salud pública tradicional.

Frente a estas acusaciones, HHS asegura que los recortes fueron planeados con "rigor y en conformidad con la ley". Un portavoz del departamento afirmó que “nada se ha hecho de forma apresurada” y que todas las decisiones se tomaron tras múltiples rondas de discusión interna. También señaló que la reforma está diseñada para “fortalecer la capacidad de la agencia para servir al público estadounidense, no debilitarla”.

Aun así, Kennedy ha reconocido que hasta un 20 % de los recortes podrían revertirse debido a “errores”, lo cual ha alimentado el argumento de que la ejecución del plan fue apresurada y poco estratégica.

Una batalla más amplia

Esta demanda no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de desafíos legales que enfrenta la Administración Trump por su política de recortes en agencias federales. El mes pasado, otros 23 estados demandaron al Departamento de Salud por eliminar 11 mil millones de dólares en fondos destinados a programas de salud pública, incluidas iniciativas para enfrentar la covid-19.

Además, sindicatos de trabajadores federales han presentado sus propias demandas, denunciando la pérdida de derechos laborales y la eliminación de empleos sin procesos de evaluación claros.

Independientemente del resultado legal, lo cierto es que la capacidad operativa del HHS se ha visto seriamente afectada. La falta de personal, la incertidumbre en la financiación y el cierre de programas clave generan un vacío que pone en riesgo a millones de ciudadanos, especialmente los más vulnerables.

Si bien es legítimo buscar eficiencia en el gasto público, el desafío radica en lograrlo sin erosionar las funciones esenciales del Estado. En el caso del HHS, los recortes han tocado fibras sensibles: desde la salud infantil hasta la preparación ante pandemias.@mundiario