Bruselas renueva tensiones con Hungría: la marcha del Orgullo como detonante de una crisis prolongada
El pulso entre Hungría y la Unión Europea ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. La decisión de las autoridades húngaras de prohibir la marcha del Orgullo, prevista para el 28 de junio en Budapest, ha encendido las alarmas en Bruselas y ha movilizado a 20 Estados miembros —liderados por los Países Bajos y con el apoyo explícito de potencias como Alemania, Francia y España— para exigir a la Comisión Europea una reacción firme e inmediata. La razón detrás de esta situación es más profunda que el veto a una manifestación: se trata de un nuevo desafío al corazón mismo del proyecto europeo.
En su declaración conjunta, los firmantes denuncian que, bajo el pretexto de "proteger a los menores", Hungría ha aprobado enmiendas legales que vulneran derechos fundamentales, especialmente los de las personas LGTBIQ+. El uso de reconocimiento facial para reprimir manifestaciones o la imposición de multas a organizadores de actos públicos suponen, según los Estados críticos, un ataque directo a los principios del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: dignidad humana, libertad, igualdad, y respeto a los derechos humanos.
Este choque institucional no es nuevo. Desde 2018, Hungría está sometida al procedimiento del artículo 7 del TUE, diseñado para sancionar violaciones graves y persistentes de los valores de la Unión. Ya van ocho audiencias sin que se haya avanzado hacia la etapa sancionadora —la llamada “opción nuclear”, que podría suponer la retirada del derecho a voto en el Consejo de la UE—. Una medida improbable en el corto plazo, debido a que requiere unanimidad, algo difícil de alcanzar cuando Hungría cuenta aún con ciertos aliados como Eslovaquia o países reticentes a sentar precedentes que podrían afectarles en el futuro.
La frustración, sin embargo, crece. Ministros de Exteriores de países nórdicos y occidentales han expresado su hartazgo con la falta de progresos. "Siete años, siete audiencias… no podemos seguir así", declaró la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz. En la misma línea, su homóloga danesa, Marie Bjerre, dejó claro que durante la próxima presidencia rotatoria del Consejo de la UE, Dinamarca está dispuesta a utilizar "todas las herramientas necesarias" para hacer respetar el Estado de derecho.
El Gobierno de Orbán, por su parte, no cede. El ministro húngaro de Asuntos Europeos, János Bóka, ha tildado el proceso de “herramienta de histeria política”, aunque matizó que Hungría sigue abierta al diálogo. No obstante, las acciones hablan más alto que las palabras. Además de la prohibición del Orgullo, el Parlamento húngaro tramita una ley de “Transparencia en la vida pública” que, según la Comisión Europea, se asemeja peligrosamente a la legislación rusa sobre “agentes extranjeros”. De aprobarse, esta normativa podría dar al Ejecutivo un control sin precedentes sobre medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, debilitando aún más los contrapesos democráticos.
Más allá del tema LGTBIQ+, el conflicto con Hungría se ha convertido en una cuestión estructural dentro de la UE. Orbán también ha bloqueado ayudas clave para Ucrania, mantiene una estrecha relación con Moscú y ha erosionado la independencia judicial y la libertad de prensa en su país. Hungría se ha convertido en el socio más incómodo del bloque, cuestionando no solo decisiones políticas sino el marco normativo y axiológico que mantiene cohesionada a la Unión.
A pesar de la firmeza creciente de algunos Estados miembros, la Comisión Europea ha optado hasta ahora por una estrategia más cautelosa. No ha anunciado medidas concretas contra Hungría por el veto a la marcha del Orgullo, aunque ha asegurado estar valorando todas las opciones, incluidas acciones legales urgentes. Las posibilidades están sobre la mesa: desde reactivar un nuevo procedimiento de infracción hasta congelar aún más fondos —actualmente bloqueados más de 18.000 millones de euros— por las múltiples violaciones del Estado de derecho.
Sin embargo, la preocupación en Bruselas es palpable: cualquier medida concreta contra Budapest corre el riesgo de ser utilizada por el Gobierno húngaro como un arma política, distorsionando el mensaje de apoyo a los derechos humanos y convirtiéndolo en un ataque a la soberanía nacional.
Aún así, la disputa pone a prueba la capacidad del proyecto europeo para hacer valer sus principios fundacionales. La UE, más allá de ser un espacio de cooperación económica, se construye sobre valores compartidos. Si estos pueden ser ignorados sin consecuencias reales por uno de sus miembros, el coste reputacional y político para toda la Unión podría ser inmenso. @mundiario
