Patata caliente para Rajoy
El informe de la policía sobre las relaciones entre el PP de la Comunidad Valenciana y los implicados en el caso Gürtel devuelve al primer plano de la política española otro supuesto caso de financiación irregular de los partidos. No sería el primero –Filesa (PSOE) y Naseiro (PP) ya pasaron a la historia de la joven democracia española– y, por desgracia, puede no ser el último, ya que la financiación de los partidos, a pesar de ser éstos una piedra angular de la democracia, no es precisamente un ejemplo de transparencia. Son tales los elementos de este nuevo caso (facturas falsas, doble contabilidad, lenguaje codificado...) que el PP también deberá buscar nuevos y mejores argumentos de defensa, más allá de presentarse como víctima de una conspiración, que esta vez atribuye nada menos que al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Recapitulemos un poco. María Dolores de Cospedal, la ‘número dos’ del PP, ya había culpado al Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero de montar nada menos que un Estado policial en el que políticos de la oposición sufren escuchas telefónicas, realizadas por una supuesta alianza de fiscales, policías, agentes secretos y altos cargos del PSOE. Posteriormente, Mariano Rajoy avaló las hipótesis de su secretaria general e incluso fue más lejos en una andanada que desacreditaba las instituciones del Estado.
En realidad, ahora no tenemos solo al PP en posible fuera de juego. El informe policial también coloca en una delicada situación al propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo del presidente Francisco Camps, a su vez líder del PP valenciano. Cuando menos, estaríamos ante un limbo judicial que elude el nuevo informe de la policía con el pretexto de dar por cerrado el caso de los trajes de Camps, ya archivado en medio de una auténtica filigrana. Recordemos que se admitía que no había pruebas del pago de los trajes por parte del presidente valenciano pero tampoco de que fueran regalos a cambio de algo.
Mariano Rajoy, a quien la crisis financiera y el desempleo pueden alfombrarle el camino hacia la Moncloa, está, a su vez, ante una decisión trascendente para su larga vida política: puede afrontar el caso de Valencia y tomar medidas a tiempo, o seguir erre que erre, amparado en la teoría de la conspiración. Sea cual sea su decisión ante esta patata caliente, una fuerza política como el PP no debería saltarse el articulado de la ley de financiación de partidos, del mismo modo que los órganos de gobierno de los jueces no deberían tolerar determinadas situaciones que estamos viendo. De momento, a pesar del escándalo que se ha montado, Mariano Rajoy conversó ayer telefónicamente con el presidente valenciano y decidió respaldar la estrategia de Francisco Camps. Veremos hasta cuándo puede mantener la posición.
