El príncipe Andrés bajo presión: la Casa Real británica reclama que abandone su mansión de Windsor
La Casa Real británica ha dado un paso simbólico esta semana en su proceso de distanciar al príncipe Andrés del castillo de Windsor, tras años de controversias que han puesto en aprietos al rey Carlos III. Según informan medios británicos, el estandarte del duque de York como miembro de la Orden de la Jarretera fue retirado de la capilla de San Jorge, donde descansan los restos de Isabel II, marcando un primer gesto público hacia el desalojo del hermano del monarca de su lujosa residencia, el Royal Lodge.
El príncipe Andrés, de 65 años, ocupa la propiedad desde 2003 mediante un contrato que estipula un pago simbólico anual de “un grano de pimienta” y la única inversión real realizada fue de 1,15 millones de euros por el alquiler hasta 2078 y 8,6 millones para rehabilitación. No obstante, el escándalo sobre su situación privilegiada ha generado presión social y política para que abandone la mansión de 30 habitaciones y 40.000 metros cuadrados, por la que no paga renta significativa.
Presión política y escándalo mediático
El entorno del rey ha mantenido conversaciones con Andrés sobre la posibilidad de su traslado definitivo, consciente de que, legalmente, el príncipe recibiría una indemnización de más de 600.000 euros si desalojara la vivienda. Aun así, el coste político de mantenerlo en Windsor se ha vuelto insostenible. Parlamentarios británicos han reclamado que Andrés renuncie a cualquier ingreso o privilegio público y se sostenga económicamente en el ámbito privado.
El debate sobre los privilegios del duque ha trascendido a la política. La primera ministra y otros ministros han mostrado incomodidad ante las preguntas sobre su estatus, y se ha considerado incluso la creación de una comisión especial para revisar sus cuentas. Desde la reforma de 2011, la reina Isabel II decidía de forma privada los ingresos de Andrés, eliminando el escrutinio público.
El declive del duque de York
La decisión de Carlos III y su heredero, el príncipe Guillermo, de retirarle títulos, incluido el ducado de York y la Orden de la Jarretera, refleja un ostracismo gradual. Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein, han reavivado la controversia sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era menor de edad, con encuentros descritos como “privilegios de nacimiento” por la propia Giuffre en su libro.
El acuerdo extrajudicial cerrado en 2022, del que se habló de unos 14 millones de euros pagados por Andrés, nunca se hizo público en su totalidad y gran parte salió del patrimonio de Isabel II. La reciente publicación de Giuffre, fallecida por suicidio en abril de 2025, ha vuelto a poner al príncipe bajo la lupa mediática y social, debilitando aún más su posición dentro de la familia real y forzando su eventual retirada de Windsor.
El caso del príncipe Andrés ilustra cómo los privilegios históricos de la Casa Real británica se ven cada vez más cuestionados por la opinión pública y los medios. La combinación de escándalos judiciales, filtraciones mediáticas y presión política ha creado un escenario en el que la permanencia de Andrés en residencias oficiales se torna insostenible. La Casa Real busca ahora equilibrar la reputación de la institución con la legalidad contractual, un desafío que marcará la gestión de Carlos III en los próximos meses.
La expulsión simbólica de Windsor representa no solo un ajuste interno de la familia real, sino también una advertencia clara sobre el límite de tolerancia social hacia los miembros de la monarquía involucrados en controversias de alto impacto. @mundiario
