Un sistema al límite: así se gestó el apagón que puso en jaque a España

El gran apagón que dejó a oscuras a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025 ya no es un misterio técnico ni una anomalía puntual: fue, según la investigación europea, la consecuencia de un sistema que falló en múltiples niveles al mismo tiempo. El informe de la organización ENTSO-E desarma la narrativa de un incidente aislado y dibuja un escenario más inquietante: el de una infraestructura crítica que avanzaba hacia el colapso sin mecanismos eficaces para evitarlo.

Durante meses, el foco público osciló entre hipótesis técnicas y explicaciones defensivas. Pero el documento definitivo, elaborado por medio centenar de expertos europeos, introduce una idea incómoda: no hubo un único culpable porque el problema era estructural. Fallaron los operadores, las compañías eléctricas y también las normas que debían prevenir precisamente ese tipo de crisis.

El resultado fue una “tormenta perfecta” que llevó al sistema a un punto de no retorno. Y lo más inquietante no es solo que ocurriera, sino que —según los investigadores— podía haber sido anticipado.

En el centro del análisis aparece Red Eléctrica de España, responsable de la gestión del sistema. El informe identifica deficiencias clave en su operativa, especialmente en el control de tensión, donde decisiones críticas dependían de procesos manuales. En un sistema que exige respuestas en milisegundos, ese margen temporal resultó decisivo. Pero el operador no estaba solo en ese equilibrio frágil. Las grandes eléctricas —como Iberdrola, Endesa y Naturgy— tampoco respondieron como el sistema requería en un momento crítico.

Un sistema eléctrico sin reflejos

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la falta de supervisión en tiempo real de la potencia reactiva, un elemento invisible para el gran público, pero esencial para la estabilidad de la red. Sin esa vigilancia, el sistema avanzó hacia niveles críticos sin que nadie pudiera anticipar el riesgo con precisión.

A ello se sumó una gestión lenta de los recursos disponibles. La conexión y desconexión de componentes clave dependía de decisiones manuales, lo que introdujo retrasos en un contexto donde cada segundo contaba. No fue un error puntual: fue una forma de operar que, en condiciones normales, pasa desapercibida, pero que en situaciones límite se convierte en un factor de riesgo.

Las eléctricas: cumplimiento insuficiente en el momento clave

El informe también señala directamente a las grandes compañías generadoras. En las horas críticas, varios generadores convencionales aportaron menos del 75% de la potencia reactiva solicitada por el operador.

No se trató de un incumplimiento total, sino de una insuficiencia que, sumada a otros factores, debilitó aún más el sistema. En un escenario de estrés eléctrico, esa falta de respuesta contribuyó a acelerar el colapso.

El dato es especialmente relevante porque desmonta otra idea extendida: que el sistema falló exclusivamente por factores externos o imprevisibles. Aquí, la responsabilidad es operativa y medible.

Renovables desconectadas en el peor momento

Las energías renovables, lejos de actuar como salvavidas, también jugaron un papel problemático. Muchas instalaciones operaban con un factor de potencia fijo, lo que les impedía adaptarse a las fluctuaciones de tensión.

Cuando el sistema comenzó a oscilar, numerosas plantas se desconectaron automáticamente antes de alcanzar los límites permitidos. Este comportamiento, diseñado como mecanismo de seguridad, terminó amplificando el problema.

Además, el autoconsumo —especialmente pequeñas instalaciones fotovoltaicas— reaccionó en cadena ante la sobretensión, agravando la inestabilidad. Lo que debía ser una red distribuida y resiliente actuó, en ese momento, como un multiplicador del fallo.

Regulación permisiva y sin incentivos

Más allá de la operación técnica, el informe apunta a un problema de fondo: el marco regulatorio. En España, el rango de tensión permitido en la red de 400 kV es más amplio que en otros países europeos.

Esta aparente flexibilidad generó un efecto perverso: redujo el margen entre la operación normal y el umbral de desconexión automática. En la práctica, el sistema operaba más cerca del abismo de lo que se reconocía públicamente.

A esto se suma la ausencia de incentivos y sanciones claras. Ni las centrales tenían obligaciones estrictas sobre su comportamiento dinámico, ni existían consecuencias económicas por incumplimientos. Solo después del apagón se introdujeron medidas correctivas desde el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Un apagón que deja más preguntas que respuestas

Pese a la contundencia del informe, hay un elemento que preocupa especialmente a los investigadores: la falta de acceso a datos clave. Ya en el informe preliminar se denunció la opacidad de algunas empresas, y el documento final insiste en esa limitación.

Sin datos completos, advierten, es imposible reconstruir con total precisión lo ocurrido ni garantizar que no vuelva a repetirse.

Mientras tanto, Red Eléctrica de España mantiene su defensa: asegura que actuó conforme a la normativa y que no existe una causa atribuible exclusivamente a su gestión. Pero esa es precisamente la conclusión más incómoda del informe europeo: que el problema no fue de uno, sino de todos. @mundiario