Sánchez pide a Bruselas tomar medidas para frenar la especulación inmobiliaria

Pedro Sánchez ha decidido dar un golpe sobre la mesa en Bruselas. En medio de la primera cumbre europea dedicada a la crisis de la vivienda, el presidente del Gobierno ha pedido a la Comisión Europea que actúe con firmeza contra un fenómeno que está dejando sin techo a las clases medias: la compra de casas con fines especulativos. Sánchez reclama “medidas legales” a escala comunitaria para frenar la adquisición de viviendas que no sean para uso residencial, un movimiento que apunta directamente a fondos de inversión, grandes propietarios y plataformas turísticas que han convertido el mercado inmobiliario europeo en un tablero de especulación global.

España llega a la cita con cifras alarmantes. Según Eurostat, el precio de la vivienda ha subido un 72% entre 2015 y 2025, muy por encima de la media europea (60,5%) y casi tres veces más que en Francia o Italia. El resultado es una generación entera empujada fuera de las grandes ciudades, donde comprar o alquilar se ha vuelto misión imposible. Consciente de ese malestar social, Sánchez ha convertido la vivienda en bandera política y busca ahora elevar el debate al máximo nivel europeo, convencido de que sin coordinación comunitaria no habrá solución sostenible.

La propuesta española incluye además la creación de un fondo europeo específico para la construcción de vivienda protegida y la puesta en marcha de “palancas” financieras que actúen sobre las zonas más tensionadas, especialmente las capitales y áreas turísticas. No se trata solo de limitar precios, sino de reorientar los recursos del Banco Europeo de Inversiones —presidido por Nadia Calviño— hacia el desarrollo de vivienda asequible. Este banco ya ha anunciado un programa de 10.000 millones de euros para financiar 1,5 millones de hogares en los próximos dos años.

De acuerdo con El País, el mensaje político es claro: Europa no puede seguir mirando hacia otro lado mientras sus ciudadanos ven cómo el derecho a la vivienda se convierte en un privilegio reservado a los inversores. “Este es un problema europeo”, ha insistido Sánchez, recordando que la falta de vivienda asequible afecta tanto a un joven español como a un francés, un alemán o un italiano. Y en eso tiene razón: la crisis de la vivienda se ha transformado en el nuevo denominador común del malestar europeo.

De la burbuja inmobiliaria a la burbuja del ladrillo financiero

La propuesta de Sánchez introduce un elemento incómodo en el debate: la vivienda como producto financiero. En la última década, miles de viviendas europeas han pasado a manos de fondos de inversión internacionales, que compran en masa para revender o alquilar a precios inasumibles. Estas operaciones, que poco tienen que ver con el uso residencial, han distorsionado el mercado y vaciado los barrios tradicionales. Frenar esa dinámica implicaría limitar la libertad de inversión, algo que algunos países consideran un tabú económico, pero que empieza a sonar inevitable ante el tamaño del problema.

En paralelo, Bruselas prepara su primer plan comunitario de vivienda asequible, que incluirá la regulación de los alquileres turísticos de corta duración, principal fuente de presión sobre el mercado urbano. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el nuevo comisario de Vivienda, el danés Dan Jørgensen, trabajan en una propuesta que busca armonizar las normas para plataformas como Airbnb o Booking y frenar la “colonización turística” de los centros urbanos.

Una batalla política que va más allá de España

El movimiento de Sánchez no llega en solitario. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha hecho de la vivienda una prioridad en su agenda y ha convencido a los líderes para incluirla en el Consejo por primera vez. Detrás de esta decisión hay una presión creciente de alcaldes y gobiernos locales —entre ellos, el de Barcelona— que exigen herramientas comunitarias para contener la especulación y recuperar el equilibrio social en sus ciudades.

Pero no todos aplauden la iniciativa. Varias capitales, entre ellas París y Berlín, temen una invasión competencial por parte de Bruselas, dado que la vivienda sigue siendo una competencia nacional. Aun así, la magnitud del problema y la fatiga ciudadana están forzando un cambio de paradigma: la UE ya no puede limitarse a la economía y la defensa; debe garantizar condiciones de vida dignas.

Frenar la especulación no es solo una cuestión económica, sino una prueba moral y política para la Unión Europea. En un continente que presume de cohesión social, millones de ciudadanos viven hoy bajo la amenaza del desahucio o atrapados en alquileres imposibles. Si Europa fue capaz de construir un mercado común, lanzar una moneda única y coordinar una respuesta a la pandemia, ahora debe ser capaz de algo más elemental: asegurar que cada persona pueda vivir bajo un techo sin hipotecar su vida entera.

Con su propuesta, Sánchez desafía los intereses financieros que dominan el mercado y pone a Bruselas frente a su mayor dilema social del siglo XXI. Porque la pregunta ya no es si Europa puede intervenir en la vivienda, sino si puede permitirse no hacerlo. @mundiario