¿Prórroga nuclear? El Gobierno y las eléctricas aún no se ponen de acuerdo
El reloj corre para la energía nuclear en España. El calendario pactado en 2019 entre el Gobierno y las eléctricas para desmantelar las centrales entre 2027 y 2035 se tambalea. Con la planta de Almaraz como primer punto crítico en el horizonte, la presión crece. Iberdrola y Endesa abren la puerta a una prórroga de la vida útil del parque nuclear, pero exigen a cambio una rebaja fiscal. El Ejecutivo, por su parte, dice estar dispuesto a escuchar, pero pone una condición clara: que el coste no recaiga sobre los consumidores. A día de hoy, no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque, en realidad, ambas partes están atrapadas en un pulso más político que energético.
La propuesta de alargar la vida de las centrales no es una simple cuestión técnica. Es una batalla de relato y cálculo electoral. Las eléctricas, con el argumento de la inviabilidad económica, reclaman que se eliminen tasas como el impuesto sobre el combustible gastado, las ecotasas autonómicas o la tasa Enresa. El Gobierno —que sabe que rebajar impuestos a las grandes eléctricas no es popular entre su electorado— exige una propuesta formal y garantías claras de que el ciudadano no pagará el coste. Así, cada parte espera que la otra dé el primer paso. Y mientras tanto, el tiempo se agota.
Según señala El País, el Ministerio para la Transición Ecológica ha comenzado a explorar los detalles, lo que indica que, pese a sus líneas rojas, hay margen para la negociación. Sin embargo, esa apertura no es suficiente para las empresas, que exigen primero un gesto político que allane el camino. Lo paradójico es que ambas partes aseguran querer lo mismo: evitar costes adicionales a la ciudadanía. Pero ninguna se atreve a cargar con el desgaste de empezar. El resultado: un punto muerto cuidadosamente sostenido.
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, se niega a eliminar la ecotasa que grava la actividad nuclear en su comunidad. No quiere parecer la dirigente que cede ante las eléctricas. Y el Gobierno central tampoco quiere aparecer como el que baja impuestos a quienes han sido blanco de las críticas por beneficios extraordinarios en plena crisis energética. Todo son cálculos. Solo en la Comunidad Valenciana se ha dado un paso: Carlos Mazón ha accedido a eliminar el gravamen regional con el apoyo de Vox, aunque en un contexto marcado por otras urgencias políticas.
Una prórroga atrapada entre el miedo político y la presión económica
La energía nuclear no solo produce electricidad: genera empleo, fija población en zonas rurales y sostiene economías locales. Lo saben en Almaraz, Cofrentes o Vandellós. Pero también genera desgaste político. Por eso, el Gobierno duda. Y por eso las eléctricas amenazan con cerrar si no hay una revisión fiscal. No es una negociación técnica, es un pulso donde todos temen perder la narrativa.
Además, hay un factor silenciado en esta discusión: Naturgy y EDP, que también son propietarias de centrales, han quedado fuera de la mesa negociadora. No secundan la presión de Iberdrola y Endesa. Su distancia resta fuerza al frente empresarial y pone en evidencia que no todo el sector habla con la misma voz.
Al final, lo que está en juego no es solo el calendario del apagón nuclear, sino el modelo energético de la próxima década. España avanza hacia un sistema más renovable, pero el cierre simultáneo de las nucleares sin una alternativa madura puede tensionar el suministro y encarecer la luz. Ese es el temor que alimenta la prórroga. Y también la trampa: ningún actor quiere parecer débil o irresponsable. @mundiario
