Los principales puntos del preacuerdo alcanzado para regular el teletrabajo
El texto prevé que para que un trabajador pueda acogerse a la normativa de teletrabajo deberá realizar a distancia un 30% de su jornada semanal durante un periodo de tres meses, es decir, al menos dos días a la semana.
La pandemia trastocó todo el sistema económico mundial, dejando una severa crisis y además entre otros aspectos, nuevos esquemas de trabajo. En España el Gobierno, los sindicatos y la patronal buscan vías para adaptarse a esos cambios sufridos y el teletrabajo es clave en esta nueva dinámica.
Es por ello que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley tras alcanzar consenso con las ejecutivas de sindicatos y patronal. Sin embargo, todavía debe ser ratificado por las ejecutivas de los agentes sociales ―los sindicatos CC OO y UGT por un lado, y la patronal CEOE-Cepyme por el otro― y todo indica que mañana martes se aprobará un decreto ley en el Consejo de Ministros.
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Tras una reunión de casi nueve horas salieron los acuerdos. En la nueva legislación, se establece la necesidad de firmar un acuerdo individual con el empleado que vaya a trabajar a distancia y la obligación del empresario de pagar los gastos en los que pueda incurrir. Además, el trabajo a distancia será voluntario y reversible, aunque por ahora el texto no cuenta con el visto bueno de todos los agentes sociales.
Por otra parte, el texto prevé que para que un trabajador pueda acogerse a la normativa de teletrabajo deberá realizar a distancia un 30% de su jornada semanal durante un periodo de tres meses, es decir, al menos dos días a la semana.
Esta tasa comenzó siendo del 20%, lo que implicaba que con solo un día a la semana se pudiera considerar la prestación de teletrabajo de forma regular y se elevó por las presiones de la patronal y pese a la oposición de los sindicatos.
Asimismo, el acuerdo entre las partes deberá firmarse en un plazo de tres meses y el trabajador tendrá derecho al abono de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. De la misma manera, la ley tendrá un periodo transitorio de un año, que podría ser ampliado en negociación colectiva hasta un máximo de tres años, para la aplicación de la norma a las relaciones laborales que ya estuvieran reguladas por un acuerdo o convenio colectivo y que no prevean un periodo de vigencia. @mundiario
