El plan del Gobierno contra los pisos turísticos ilegales arranca con 53.000 retiradas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo en Málaga que el Ministerio de Vivienda exigirá desde el lunes a las plataformas digitales la retirada de 53.876 pisos turísticos irregulares. El Ejecutivo pretende que estos inmuebles pasen al mercado de alquiler residencial para aliviar la falta de oferta y frenar el encarecimiento de la vivienda, especialmente en zonas tensionadas.
“Queremos que se conviertan en alquileres constantes para jóvenes y familias”, subrayó Sánchez durante su intervención, en una de las provincias más castigadas por la escalada de precios. Un reciente estudio de la Universidad de Málaga confirmaba que la vivienda es la principal preocupación de los habitantes del territorio, donde más se ha encarecido el precio de los inmuebles en el último año.
Un registro pionero en Europa para frenar el fraude
España fue el primer país de la Unión Europea en implantar un Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, con el fin de controlar el mercado y acabar con el fraude en los alquileres turísticos. Este sistema, en vigor desde enero de 2025, obliga a que cada inmueble disponga de un número único de registro que funciona como matrícula identificativa.
Los datos del Ministerio de Vivienda reflejan que desde enero se han presentado 336.497 solicitudes de inscripción, de las cuales 264.998 corresponden a viviendas de uso turístico. Sin embargo, 53.786 fueron rechazadas por incumplir la normativa, lo que supone más del 20% de las solicitudes.
Por comunidades, Andalucía encabeza la lista con 16.740 viviendas revocadas, seguida de Canarias (8.698), Cataluña (7.728) y la Comunidad Valenciana (7.499). En Madrid, el patrón es distinto: el 83% de los pisos registrados lo han hecho como temporales y solo un 17% como turísticos, aunque más de un tercio de estos últimos fueron invalidados.
Airbnb responde: menos del 10% de los anuncios revocados son suyos
Horas después del anuncio de Sánchez, Airbnb reaccionó con un comunicado en el que aseguró que ha colaborado con el Ministerio de Vivienda y que retirará los anuncios ilegales de su plataforma. Según la empresa, menos del 10% de los registros invalidados corresponden a sus anuncios. Además, destacó que desde enero 70.000 anuncios nuevos ya incluyen número de registro.
El pulso entre el Gobierno y Airbnb no es nuevo. En julio, el Ministerio de Consumo ordenó retirar 65.000 anuncios ilegales de la plataforma y denunció otros 55.000 sin número de registro, una medida que fue recurrida sin éxito por la compañía ante los tribunales.
Vivienda, eje de la batalla política
El anuncio de Sánchez coincide con la aprobación de la nueva ley de vivienda del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que busca ampliar la oferta mediante la liberalización de suelo municipal y la colaboración público-privada. Una propuesta que se contrapone al modelo del Ejecutivo central, que insiste en limitar la proliferación de pisos turísticos y garantizar el acceso a vivienda asequible.
La decisión del Gobierno llega en un momento crítico: el último dato experimental del INE cifraba en 381.873 las viviendas turísticas en España, un 1,4% más que en noviembre de 2024. Con la retirada de las viviendas ilegales, el Ejecutivo busca liberar miles de inmuebles para el alquiler residencial y responder a una de las mayores crisis habitacionales del país. @mundiario
