Para los consumidores españoles se avecina otro incremento continuado de tarifas eléctricas

Parque eólico. / Iberdrola
Parque eólico / Iberdrola
Tras un año de vacilaciones, inmerso en varios frentes judiciales y cuestionado por Hacienda, el equipo de Industria pretende un cambio en profundidad, que afectará a la producción, transporte y consumo.
Para los consumidores españoles se avecina otro incremento continuado de tarifas eléctricas

El Gobierno Rajoy pretende aprobar en fecha próxima una reforma integral del sector eléctrico. Tras un año de vacilaciones y medidas contradictorias, inmerso en varios frentes judiciales y cuestionado por el Ministerio de Hacienda, el equipo de Industria pretende un cambio en profundidad, que afectará a la producción, transporte y consumo. Con respecto a la primera, la situación es caótica. Rajoy ha eliminado las primas a las energías renovables, cerrando el registro de preasignaciones y condenando al fracaso todos los proyectos previstos, lo que ha provocado una gran inseguridad jurídica para los inversores, de la que se han hecho eco los medios europeos. Además ha incrementado los impuestos sobre las distintas fuentes energéticas.

La producción de origen eólico, fotovoltaico, de biomasa, o geotermia, queda estancada. La dependencia de los combustibles fósiles continuará. Recordemos que el coste de las importaciones de petróleo y demás combustibles, iguala los ingresos por turismo. Además, una industria puntera en investigación se ve abocada a la deslocalización. Por otra parte, los intereses del oligopolio de las grandes compañías eléctricas han impedido el desarrollo de la tecnología del autoconsumo, que permitiría a comunidades de vecinos, pequeñas empresas o instalaciones agropecuarias, producir su propia energía y verter el excedente a la red.

Para los consumidores se plantea otro escenario, el incremento continuado de tarifas. La Tarifa de Último Recurso, que abonan todos los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, bajará su umbral a 4 o 5 kilovatios, empujando a millones de hogares al mercado libre, sensiblemente más caro. Sobre todo si los consumidores continuan pagando, a través de su factura, conceptos que no tienen nada que ver con el coste de la energía que consumen y que son fruto de distintas decisiones políticas. Los llamados peajes representan la mitad del precio final que pagamos a través del recibo de la luz. Y todo ello sin considerar el llamado déficit de tarifa, una cantidad desorbitada, 28000 millones de euros, fruto de la decisión política de establecer precios diferentes de los que corresponderían y mantenida a lo largo de los últimos 11 años por los sucesivos gobiernos. Un problema cuya solución es exclusivamente política y que debería abordarse a través de los Presupuestos del Estado y no a través del recibo de los consumidores.

El paradigma del fracaso conservador

Galicia era una Comunidad puntera en el desarrollo de la energía eólica. Núñez Feijóo, queriendo dejar su impronta, anuló el concurso para adjudicar 2.300 nuevos megavatios, convocado por el Gobierno de Touriño. Tras varios años perdidos, el nuevo concurso, que debería impulsar además un proyecto de industrialización cifrado en 13.000 nuevos empleos y 6.000 millones de inversión, es hoy el paradigma del fracaso conservador. Ni un nuevo empleo, ni un euro invertido, ni un megavatio en funcionamiento. Y paralelamente las empresas tecnológicas, fabricantes de componentes y con gran capacidad exportadora, están cerrando sus puertas: Gamesa, Emesa, Alstom, entre otras.

De forma sorprendente, disponer de un recurso natural en abundancia y transformarlo en riqueza, no genera grandes beneficios en Galicia. Siendo exportadora neta de energía, merced a las energías renovables, no se beneficia ni de tarifas diferenciales ni de retornos industriales. Es más, un proceso de concentración empresarial ha externalizado los beneficios e incluso el empleo como recordaban recientemente los trabajadores de las compañías de atención al usuario, también abocadas a la deslocalización.

El Gobierno de Feijóo no ha conseguido hacer valer ese recurso ante la política del Ministerio de Industria. El último episodio, la necesidad de una tarifa diferencial para grandes consumidores, progresiva, en lugar de la actual, que opera a partir de un umbral, está provocando movilizaciones en Megasa, ante el silencio de la Xunta y del Ministerio.

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