Impuesto de sucesiones: el coste oculto de las rebajas fiscales autonómicas

Desde hace años, el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) se ha convertido en un símbolo de batalla ideológica: para unos, es una doble imposición injusta que castiga el ahorro familiar; para otros, una herramienta de justicia fiscal que contribuye a redistribuir la riqueza. Pero más allá del debate moral, hay un hecho objetivo que comienza a pasar factura: las comunidades autónomas están dejando de ingresar cientos de millones por este tributo, afectando no solo a sus presupuestos sino también al equilibrio del sistema de financiación autonómica. En 2022, el desfase entre lo que deberían haber recaudado y lo que realmente ingresaron fue de 757 millones de euros. Y el agujero sigue creciendo.

Este desfase no es una casualidad ni una anomalía puntual. Es el resultado directo de decisiones políticas deliberadas: muchas comunidades, especialmente gobernadas por partidos que promueven una menor presión fiscal, han ido reduciendo o directamente bonificando el impuesto de sucesiones para determinados grados de parentesco o niveles patrimoniales. La consecuencia inmediata es evidente: menos ingresos para las arcas autonómicas. Pero lo que muchos desconocen es el efecto multiplicador negativo que tiene esta pérdida recaudatoria dentro del sistema de financiación compartida que rige en España.

La mecánica del sistema es, en realidad, sencilla pero letal para las comunidades que bajan impuestos. Cada año, el Ministerio de Hacienda calcula lo que cada territorio debería ingresar por los tributos que gestiona (la llamada recaudación normativa), y sobre esa base, se determina cuánto debe aportar cada uno al fondo común. El problema es que, aunque una comunidad rebaje sus impuestos y recaude menos, su obligación de aportar al sistema se mantiene inalterada: se calcula sobre la base normativa, no sobre la base real. Es decir, si decides ingresar menos, el Estado no lo tiene en cuenta a la hora de hacer el reparto. Así, estas comunidades sufren una doble penalización: por un lado, ingresan menos por decisión propia, y por otro, siguen obligadas a aportar como si no lo hubieran hecho.

Este fenómeno, que podría parecer un tecnicismo fiscal, tiene implicaciones muy reales. El desfase más grande en 2022 se dio en Andalucía, con 219 millones menos de lo previsto, seguida de Madrid y Comunidad Valenciana, con unos 120 millones cada una. Estas comunidades no solo recaudan menos, sino que también se ven obligadas a destinar una parte proporcionalmente mayor de sus presupuestos a cubrir esa “aportación teórica” al sistema de financiación. Y esa merma implica, en última instancia, menos recursos para sanidad, educación o servicios sociales.

Rebajas fiscales con factura oculta

Es fácil caer en la tentación de las bajadas fiscales. Venden bien en campaña electoral, transmiten la sensación de que se deja más dinero “en el bolsillo del contribuyente” y permiten a los gobiernos regionales presentarse como defensores de las familias. Pero esta narrativa obvia un matiz crucial: quien deja de pagar no es necesariamente quien más lo necesita. En muchos casos, las bonificaciones benefician a herencias de alto valor, perpetuando desigualdades patrimoniales. Y el coste lo terminan asumiendo todos los ciudadanos, cuando los hospitales tienen menos camas o los colegios públicos más alumnos por aula.

Además, el propio cálculo de la recaudación normativa arrastra desde hace años una obsolescencia estructural. Se basa en los niveles recaudatorios de 1999, actualizados con un índice estatal (el ITE) que no refleja las transformaciones demográficas ni económicas de los territorios. Por eso, comunidades como Extremadura, Canarias o Cantabria aparecen con desfases proporcionales aún mayores, a pesar de no haber rebajado el impuesto de manera agresiva. Es decir, unas sufren por rebajar impuestos, y otras por un modelo de cálculo anticuado. Todos pierden.

Un modelo que beneficia a unos pocos

Paradójicamente, algunas comunidades sí salen ganando. Cataluña y Baleares, por ejemplo, han mantenido tarifas altas y en 2022 recaudaron un 20% más de lo que teóricamente les correspondía. En este caso, el modelo desfasado les favorece, al estar sus ingresos reales por encima de la cifra normativa. Lo cual introduce un nuevo nivel de desigualdad en el sistema: ya no solo importa cuánto ingresas o cuánto necesitas, sino también si el sistema de cálculo te favorece o te perjudica.

Lo cierto es que no se puede mantener un sistema de financiación común con normas asimétricas. El propio esquema de las recaudaciones normativas se creó para evitar que unas regiones se beneficien del esfuerzo colectivo sin contribuir de manera justa. Si no se actualiza el modelo de cálculo y no se armonizan, al menos parcialmente, ciertos impuestos como el de sucesiones, seguiremos alimentando un sistema que premia el escaqueo fiscal y penaliza la responsabilidad tributaria.

La urgencia de una reforma

Las voces expertas lo llevan advirtiendo años. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, ha propuesto, según señala el diario El País, sustituir el modelo actual por uno basado en datos más precisos, utilizando variables como la renta, la riqueza o el crecimiento demográfico. No se trata de eliminar la autonomía fiscal, sino de evitar que se convierta en un atajo para que unas regiones vivan de la solidaridad de otras mientras reducen su carga fiscal por razones políticas.

La pregunta, en el fondo, es si están dispuestos a sostener un sistema donde el que baja impuestos también recibe como si no lo hubiera hecho. O si prefieren, como sociedad, que quien más tiene contribuya más, y que esa contribución se refleje en servicios públicos de calidad para todos. Porque si siguen permitiendo que el impuesto de sucesiones sea rebajado sin control, el coste —tarde o temprano— lo acabaremos pagando entre todos. @mundiario